EL GREMIO MÁS IMPORTANTE DEL NORTE DEL PAÍS              

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31
May
  • Una vista a alto nivel de la realidad de la gestión de proyectos de innovación en Perú y en la región La Libertad.


 

  Por: Diego Eduardo Reyes Beltrán [1]

 

CONTEXTO NACIONAL - INTERNACIONAL

 

Seguramente más de una vez hemos escuchado decir, independientemente de nuestro sector de desempeño, que el peruano es un “emprendedor nato”. De hecho, se estima que en promedio entre un 70 % a 75 % de peruanos tiene la intención de crear una empresa.

 

Es por ello que, Arrellano (2022), afirma que ese porcentaje elevado se traduce en un mayor ratio de creación de empresa por habitante respecto a otros países, siendo específicamente en Perú, 1 empresa por cada 14 peruanos, sólo contabilizando claro está a las empresas formales; ya que, de incluirse las empresas informales, estima un valor de 1 empresa por cada 7.5 peruanos. Para entender la magnitud de este dato (formales), podríamos contrastarlo con otros valores como USA (1 empresa por cada 22 habitantes), Chile (1 empresa por cada 18 habitantes), Colombia (1 empresa por cada 33 habitantes) y China (1 empresa por cada 32 habitantes).

 

¿Entonces?, ¿Somos el país más emprendedor del mundo?

 

La respuesta es sí, en efecto lo somos. Según INEI (2021), al término del mes de setiembre del 2021 se puede decir con toda certeza que existen más de 2 936 000 empresas formales en el Perú, una cifra más que importante tomando en consideración que como humanidad hemos pasado por constantes escenarios complejos de alta incertidumbre en los últimos años, lo que conllevó inevitablemente a muchos emprendedores a decidir si adaptarse o cesar sus operaciones. Con todo y eso, menciona el reporte de INEI, hubieron más de 73 000 altas de empresas y 8 500 bajas en promedio entre los meses de julio y setiembre del 2021; si, de los meses más duros que afrontamos como nación. Es decir, como peruanos, respondemos a la crisis con emprendimiento.

 

Con todo lo mencionado anteriormente, seguro te preguntaste si somos tan emprendedores, ¿cuál es el motivo de que sigamos observando de manera plausible las innumerables necesidades que tenemos como país?

 

Bueno, ocurre que, un tema es dar de alta un RUC (empresa) y otro muy distinto es que tu empresa sea productiva, rentable, escalable, adaptable, disruptiva, innovadora o tan sólo necesaria en el mercado. Esa es otra historia. Aún hay mucho por aprender, hacer y gestionar, aunque no podemos desacreditar, que poco a poco vamos mejorando, siendo el principal caballo de batalla de muchas instituciones, la adopción de una cultura de innovación organizacional.

 

De hecho, en un reporte de Gestión (2021), el Perú escaló 6 posiciones y se encuentra en el puesto 7 de América Latina, en el Índice Global de Innovación 2021.

 

Nuestro Perú es un país privilegiado en cuánto a recursos naturales, es por ello que durante varios años cobramos protagonismo en el mercado internacional como proveedores de materias primas. Sin embargo, en la última década se pudo progresivamente entender que es el valor agregado y la transformación los que ofrecen mayores beneficios para nosotros. Con una economía cimentada principalmente en sectores como la minería, agroindustria, pesca, manufactura, gastronomía y turismo, entre otros; La Libertad se posiciona como la tercera economía más potente del país. Según INEI (2021), en términos de aporte al PBI, la región La Libertad ocupa el tercer lugar a nivel nacional.

 

En términos de innovación entonces, podemos decir que La Libertad puede encontrar, en sus riquezas naturales, su competitividad creciente a nivel multisectorial y la formación de ecosistemas de innovación, la oportunidad perfecta para diferenciarse, aportar valor y posicionarse como el principal referente después de Lima en competitividad regional, cultura de innovación y desarrollo empresarial del Perú.

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[1] MSc. PMP®. Ingeniero agroindustrial. Es especialista en gestión de proyectos, innovación y emprendimiento. Consultor Empresarial, docente de educación superior y conferencista.

31
May

 

   Por: Carlo Andre Barba Silva[1]

 

En los últimos años se ha producido un gran crecimiento económico en nuestro país producto de una cada vez más especializada actividad empresarial, teniendo como su actor principal a la empresa y al empresario, agentes fundamentales en el desarrollo sostenido para la economía peruana. En razón a ello, los alcances de la actuación de las personas jurídicas se han ampliado a nuevos horizontes, a tal punto que, la política criminal estatal implementó medidas a fin de regular la actuación de estas organizaciones en el ámbito socio económico, por lo que, las empresas legalmente constituidas se han visto en la necesidad de desarrollar una cultura legal que permita una prevención de riesgos, y por qué no decir un “mejor proceder” en sus diversas relaciones con proveedores, consumidores y la sociedad en general.

 

En tal sentido, surge el compliance corporativo, como un sistema de protocolos a seguir por la empresa, a efecto de prevenir, controlar y/o reaccionar justificadamente ante diversos riesgos de la actividad empresarial, que se extiende no solo a soportar el posible riesgo reputacional, sino incluso a afrontar exitosamente la responsabilidad penal. Así, no existe un programa compliance único, dado que estos se estructuran como un traje a la medida para cada organización empresarial, según el tipo de actividad y tamaño de la organización , constituyendo un programa conformado por normas y protocolos que regulan los procedimientos internos de gestión de riesgos, y que resultan de obligatorio cumplimiento para evitar incurrir en infracciones legales[2], que podrían traer consecuencias negativas para la empresa, para sus representantes legales, e inclusive, hasta los accionistas o beneficiarios finales del negocio.

 

Si bien no existe una norma que obligue a las empresas o las personas naturales con negocio, para tener un programa de compliance empresarial; sin embargo, atendiendo a las normas del Código Penal, a la legislación en materia de lavado de activos y extinción de dominio, y en especial la incorporación de la responsabilidad penal de personas jurídicas, a partir de la aprobación de la Ley N° 30424 (21/04/2016) y su modificatoria mediante Decreto Legislativo 1352 (7/01/2017); la relevancia jurídica del compliance corporativo ha tomado mayor presencia, al punto que, incluso brinda una mejor calificación financiera o crediticia en tiempos modernos, debido a que la implementación de dichos programas, presupone un adecuado manejo organizacional de riesgos y una creación de cultura ética de la compañía, que devienen en una baja exposición a falencias colaterales adicionales a la actividad principal de la empresa.

 

Inicialmente, con la Ley 30424, en nuestro país, tan solo se podía sancionar a las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional (artículo 397 del Código Penal), pero, a partir de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo 1352, es posible sancionarlas por los delitos de cohecho activo genérico (artículo 397), cohecho activo específico (artículo 398) y las modalidades de lavado de activos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito, y sus circunstancias agravantes y atenuantes, previstos en los artículos 1 al 4 del Decreto Legislativo 1106, denominado Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería ilegal y el Crimen organizado. A los delitos antes indicados, que podrían ser imputados a las personas jurídicas, se suma el delito de financiamiento del terrorismo, que tipifica el artículo 4-A del Decreto Ley 25475[3] .  

 

Otra de las razones para contar con un programa normativo de prevención y detección de infracciones legales, tiene que ver con que el propio Código Penal contempla consecuencias accesorias para las personas jurídicas, como se puede apreciar en los artículos 105 y 105-A, por ende, la persona jurídica no solo podría responder solidariamente con el pago de la reparación civil, si es que se le incorpora como tercero civil al proceso penal, sino que además podría ser pasible de las consecuencias previstas por el artículo 105 del Código Penal, dado que no solo es aplicable para los delitos establecidos en la Ley N° 30424 (21/04/2016) y su modificatoria con el Decreto Legislativo 1352; sino para cualquier otro delito que pueda cometerse en el ejercicio de las actividades económicas y comerciales de las personas jurídicas o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo.

 

Cabe destacar que la necesidad de contar con un criminal compliance, se sustenta en la responsabilidad que recaen sobre determinadas empresas, en el marco del sistema preventivo del delito de lavado de activos, pues, a partir de la regulación de la Ley 27693, (Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF), modificada por la Ley 28306, existen sujetos obligados a proporcionar información relacionada con operaciones sospechosas e inusuales, quienes deben contar con un registro de operaciones y un sistema de prevención de lavado de activos SPLAFT, y están en la obligación de atender las solicitudes de información que realice la UIF.

 

Un fundamento adicional para contar con un programa preventivo, es la existencia de dos tipos de decomiso de bienes, pues, por un lado, existe la figura del decomiso regulada como consecuencia jurídica accesoria al delito (artículos 102 al 104 del Código Penal), que, de alguna manera, condiciona la pérdida del derecho de propiedad sobre los bienes o las ganancias relacionados con el delito, a la emisión de una sentencia condenatoria; pero, a ello se ha adicionado la denominada “extinción de dominio”, regulada actualmente por el Decreto Legislativo 1373 (4/04/2018) y su reglamento el Decreto Supremo 007-2019-JUS (01/02/2019), que es una suerte de decomiso sin condena.

 

Finalmente, si bien es cierto que el criminal compliance, tiene su principal motivación en prevenir situaciones vinculadas a los delitos antes ya referidos, se recomienda la implementación de un compliance corporativo, dado que sus efectos son transversales y abarcan a todas las áreas de la organización empresarial, generando un buen gobierno corporativo, posiciona mejor la reputación y entorno financiero de la empresa, y permite sobre todo, la posibilidad de la continuidad exitosa en el mercado.

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[1] Responsable del Área Penal Corporativa del estudio Tuesta & Sedano, Abogados.

[2] GARCIA, P. “Criminal compliance”. Lima, 2017, Pág. 39.

[3]  CARO, D. y REYNA, L., “Derecho penal económico y de la empresa”. T I, Lima, 2019, Gaceta Jurídica, Pág. 586. 

27
May
  • Nuestra región además será sede del Encuentro Interregional de Ecosistemas de Innovación, el 1 y 2 de junio, que reunirá a líderes del sector empresarial, academia, gobiernos locales y comunidad de emprendedores.

 

 

Con una alianza entre los principales gremios empresariales, la academia y las organizaciones públicas locales, la región La Libertad iniciará la ejecución de un plan de desarrollo y reactivación económica con proyectos prioritarios que permitirán potenciar la competitividad de sus principales sectores y/o cadenas productivas, a través de actividades de I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento).

 

Esta iniciativa, denominada “La Libertad Innova”, obtuvo uno de los fondos no reembolsable de hasta S/ 1.8 millones que otorga el programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción a 7 regiones del país, a través del Concurso Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento – DER InnovaSuyu, para generar redes de cooperación multisectorial que contribuyan, a corto, mediano y largo plazo, a potenciar su crecimiento productivo y crear mayores oportunidades de empleo y calidad de vida para la población.

 

Por este motivo, el proyecto “La Libertad Innova” será anfitrión del Encuentro Interregional de Ecosistemas de Innovación: Desafíos de la gobernanza y liderazgo compartido, que se realizará los días 1 y 2 de junio en la ciudad de Trujillo, como parte de la estrategia integral impulsada por ProInnóvate para conectar y crear alianzas de colaboración entre representantes del sector empresarial, academia, gobiernos locales y la comunidad de emprendedores de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, Tacna, San Martín.

 

Este importante evento permitirá a los líderes regionales invitados conocer aspectos claves para la implementación de un adecuado liderazgo en los ecosistemas de innovación y emprendimiento, así como aprender sobre los modelos de gobernanzas de ecosistemas de innovación más desarrollados en América Latina.

 

Así, se desarrollarán charlas magistrales y paneles con expertos nacionales e internacionales, además de dinámicas grupales y networking, presentaciones de los planes de trabajo de los ecosistemas regionales y una feria sobre proyectos innovadores locales.

 

La Libertad Innova

 

“La Libertad Innova” es una iniciativa impulsada por el Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil - CREEAS, con el cofinanciamiento de ProInnóvate, que promueve sinergias entre diversos actores para incorporar la innovación en la matriz productiva, reducir las brechas tecnológicas de las mipymes, apoyar el surgimiento de nuevos emprendimientos y el despegue comercial de startups de alto potencial, entre otros aspectos.

 

Todo inició en el 2019 con la conformación del equipo gestor de la iniciativa que, luego de realizar un exhaustivo diagnóstico de la región (organizaciones claves, financiamiento, principales sectores productivos, infraestructura en I+D+i), pudieron establecer las estrategias y los proyectos a ser ejecutados en un plan de desarrollo del ecosistema de innovación.

 

A la fecha, “La Libertad Innova” se encuentra en la segunda etapa del cofinanciamiento de ProInnóvate que comprende la ejecución de diversos proyectos como un programa piloto para sistematizar de forma adecuada la transferencia de conocimientos y tecnologías desde la universidad al sector productivo, la creación de un Observatorio de CTI y de espacios urbanos para visibilizar el talento emprendedor.

 

El plan de trabajo, que se iniciará en los próximos meses, también incluye la puesta en marcha de un programa de formación de capacidades de innovación abierta en cadenas productivas, una estrategia para el levantamiento efectivo de financiamiento de proyectos de I+D que surgen de la alianza de empresas y la academia; y un programa piloto para incentivar los procesos de innovación en pymes de cadenas productivas de sectores priorizados.

 

¿Qué es InnovaSuyu?

InnovaSuyu es un concurso impulsado por ProInnóvate que busca acelerar el crecimiento de los ecosistemas de innovación y emprendimiento del país, a través de la acción colectiva, la generación de relaciones de confianza entre los actores de las regiones, y la planificación estratégica e implementación de planes de desarrollo integrales

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[1] Nota elaborada por el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación – ProInnóvate.

 

26
May
  • Luego de la ceremonia de incorporación, se realizó una nueva edición de ‘Conexión Empresarial’, el espacio de networking que ofrece la CCLL a sus asociados.

 

 

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) incorporó a veintidós nuevos asociados al gremio empresarial y una nueva edición de ‘Conexión Empresarial’, que tuvo como objetivo ampliar la red de contactos, promover y fortalecer las relaciones comerciales entre los asociados, generando un importante acercamiento que consolida su posición en el mercado liberteño.

 

Fernando Guerra Fernández, presidente de la Comisión de Calificación y Clasificación de Asociados, agradeció la confianza de los nuevos asociados, y destacó su importante aporte en el desarrollo de la región y el país, así también los instó a seguir contribuyendo en el crecimiento de la economía regional, pese a lo sucedido con la pandemia y a la inestabilidad política que vive el país.

 

 

Después de dos años, de virtualidad, la ceremonia de incorporación de nuevos asociados se realizó de manera presencial, quienes pasaron a formar parte de los comités gremiales de sectores económicos como transportes, manufactura, comercio, turismo, servicios especializados, comunicaciones e informática, servicios profesionales, construcción y salud de la CCLL.

 

 

En ‘Conexión Empresarial’ participaron los representantes de las diferentes empresas regionales e interactuaron con nuevos potenciales clientes y proveedores.

 

Finalmente, Guerra Fernández, hizo entrega de los certificados a los nuevos asociados y agradeció la participación de cada uno de ellos en el evento.

 

Cabe mencionar que en 'Conexión Empresarial' participaron diversas empresas reconocidas, quienes dieron realce a este evento, entre ellas tenemos a: Escafarm, Escaind, Escalabs, Escamed, Savi Motors, Clínica San Pablo, Coavaje, Euroclinic, Aguafiel, Extin Perú, Bermanlab, Segusa, Decor Mueble, AquAmiel, Megan Soluciones, Laboratorios Ambientales NKAP, Vida & Seguridad, Caja Trujillo, Benites Vargas & Ugaz Abogados, Ultrasegur, Manpower, Grupo FG, restaurante Big Ben, Grupo Luján Hoyle, Princess King, Rado Hoteles y Etiqétame.

 

EL DATO. Los nuevos asociados son el Colegio de Ingenieros del Perú - sede La Libertad, Suministros Generales del Norte Industries Import S.A.C., 365 E&C, Servi Equipos Internacionales, Magsa EIRL, Transportes ZUGAV, Eglo, JM Innovadores, Mr. Coppo, Burs Advisori, VAV Consulting Group S.A.C. Eurocert Perú, Laboratorios L & M, Coseda LC S.A.C., B&F Consulting, Servientrega, Optical Networks, SV Asesoría Corporativa, constructora Maranatha, Creeser Centro de Psicoterapia S.A.C y E. Partners Auditores & Consultores Business S.A.C.

La Libertad, 26 de mayo de 2022.

25
May

 

El Perú agilizará y facilitará las operaciones comerciales con 10 países de las Américas y el Caribe, gracias a la suscripción del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) entre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y las instituciones aduaneras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

 

Entre los principales productos que las empresas peruanas exportan a esos mercados destacan: minerales de molibdeno, cinc y cobre; hierro y plata en bruto, petróleo y sus derivados, frutas como palta, uvas y café; y tejidos de punto, entre otros.

 

El acuerdo multilateral, efectuado en el marco del VIII seminario internacional “Gestión Coordinada de Fronteras: Programa OEA y Comercio Electrónico”, que se realizó en Brasil, permitirá reconocer y brindar facilidades a más de 2,000 empresas certificadas como Operadores Económicos Autorizados (OEA) en la región y se constituye en el más grande suscrito, hasta el momento, al contar con 11 países firmantes.

 

Programa OEA

 

El OEA es un programa de seguridad de la cadena logística creado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y presente en 98 países, que permite acceder a facilidades en trámites aduaneros a las empresas que cumplan los requisitos establecidos por las administraciones de aduanas.

 

Con el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo las aduanas otorgan beneficios a las empresas OEA de los demás países, tales como reducción de inspecciones y priorización en la revisión de la carga seleccionada para reconocimiento físico, evitando duplicidad de controles y reduciendo tiempos y costos, además de hacer más eficiente la gestión de riesgo.

 

En el Perú, el programa OEA cuenta con 281 operadores económicos autorizados que, entre enero y abril de este año, han realizado operaciones de comercio exterior por un monto superior a US$ 12 mil millones, lo que representa el 33.3% de las actividades totales de comercio exterior. Durante el 2021, realizaron operaciones por US$ 32,125,909,232.

 

La SUNAT ya ha suscrito ocho Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, a través de los cuales las empresas OEA peruanas tienen beneficios en un total de 14 países. Además del acuerdo recientemente firmado, antes se han suscrito otros con Corea del Sur, Ecuador, EE.UU. y México.

 

Asimismo, se viene trabajando en la implementación de beneficios adicionales para los operadores OEA con otras entidades involucradas en los procesos de comercio exterior como SENASA, DIGEMID, DIGESA, SUCAMEC y SANIPES, a fin de seguir agilizando los trámites y reduciendo los tiempos de atención, promoviendo, además, la seguridad de la cadena logística internacional.

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[1] Nota elaborada por SUNAT

25
May

 

 

maurook         Por: Mauro Ugaz1 y Leysi Calderón2        leysiok  

Mediante Resolución de Superintendencia N°257-2022-Sunafil publicado el pasado 13 de mayo del presente año, se aprobó la Versión N°2 del Protocolo N°007-2019-Sunafil/INII, denominado “Protocolo de Fiscalización en materia de Hostigamiento Sexual”.

 

El referido documento técnico tiene como finalidad establecer las pautas que debe seguir el personal durante las actuaciones inspectivas de investigación, ante los casos de hostigamiento sexual en el lugar o centro de trabajo, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa sobre la materia.

 

En ese horizonte, procedemos a detallar los principales cambios y adiciones que presenta la nueva versión de la norma. Así tenemos que, a diferencia del protocolo anterior, ahora se incluye la definición de hostigamiento sexual, el cual se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole, y no requiere acreditar el rechazo o reiterancia de la conducta.

 

Asimismo, se incluyen dentro de las disposiciones del protocolo a los trabajadores del hogar, y, se precisa que en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, y en cuando sean aplicables, el inspector debe considerar, entre otros principios, el de no revictimización de la víctima, sin limitar ello a la entrevista con la presunta víctima, como lo hacía el anterior protocolo.

 

Por otro lado, se precisa que, es necesaria la individualización de la víctima para el desarrollo de las actuaciones inspectivas de investigación, por lo cual, cuando se advierta que el denunciante, de ser la víctima, no haya manifestado expresamente su autorización para el levantamiento de la reserva de identidad, se le otorgará un plazo máximo de 2 días hábiles desde su notificación, para que la levante. No obstante, si vencido dicho plazo, no se obtiene una respuesta o hay una respuesta negativa a lo requerido, la denuncia no será rechazada o archivada y se procederá a su atención.

 

En esa línea, se ha contemplado que, tampoco serán rechazadas o archivadas las denuncias en las que no se haga referencia en ellas a la queja o denuncia presentada ante la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces y/o no se ofrezcan o acompañen los medios probatorios que acrediten el hostigamiento denunciado, debiendo ser atendidas con los datos e información contenidos en la denuncia, evitando la revictimización.

 

Ahora bien, en referencia al inicio del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, en caso la persona denunciante sea la víctima, el inspector comisionado deberá verificar la suscripción del “Acta de derechos de la persona denunciante”, en la que deben constar los derechos que le asisten, así como el ofrecimiento de atención médica y psicológica, pudiendo utilizarse formatos físicos o virtuales.

Cabe destacar, que no se considera como medida de protección válida el ofrecer a la víctima tomar vacaciones u otro tipo de suspensión imperfecta de labores, si la misma no lo ha solicitado.

 

De otro lado, se incorpora la disposición por la cual las infracciones por hostigamiento sexual se consideran de carácter insubsanable, por cuanto constituyen actos de violencia que afectan la dignidad e integridad de la persona humana, cuyo daño no puede ser revertido.

 

Por último, una de las novedades que se adicionan en esta versión es que, en caso de que, en el desarrollo de las actuaciones inspectivas en materia de Hostigamiento Sexual Laboral, se adviertan indicios de la comisión de delitos, la Autoridad Inspectiva del Trabajo está obligada a poner en conocimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otras instituciones competentes.

 

En consecuencia, es pertinente destacar los cambios y adiciones más relevantes que incorpora la nueva versión del protocolo y promover su difusión y conocimiento en las masas laborales; toda vez que, coadyuvan con la labor de identificar y combatir todos aquellos actos de hostigamiento sexual laboral que pueden padecer los trabajadores en una empresa.

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[1] Socio de consultoría laboral de EY Perú. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresado de la Maestría en Dirección de Recursos Humanos en EAE Business School. Profesor de la Facultad de Derecho de PUCP y del Centro de Estudios Avanzados de la misma universidad, así como de la Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

[2] Senior de consultoría laboral de EY Perú. Abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego. Egresada de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con especialización en Derecho Laboral Empresarial, dictado en la Universidad ESAN.

20
May
  • En la Cámara de Comercio de La Libertad se dieron cita los principales representantes de las mypes liberteñas para solicitar que el Gobierno atienda sus demandas y genere condiciones para seguir haciendo empresa.  

 

 

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), en cumplimiento de su rol articulador y promotor de la inversión privada, y en un contexto de crisis económica e inestabilidad política, convocó a los principales gremios de mypes a la mesa de trabajo “Mypes liberteñas unidas por el desarrollo”, a fin de identificar y priorizar las necesidades y demandas comunes que requieren de urgente atención por parte de las autoridades del Gobierno Central.

 

Entre los principales pedidos al Gobierno se abordaron ejes enfocados a la generación de empleo y calidad de vida, programas de compras públicas y programas de financiamiento, inversión pública eficiente, transparencia en la gestión pública y fortalecimiento de la institucionalidad y reformas tributarias, laborales y promoción de la formalización.

 

 

Hay que considerar que las mypes son el sector del empresariado que no solo es el más grande en todo el país (99%), sino que también es el más perjudicado con el constante deterioro de la institucionalidad del Estado, la inestabilidad económica y financiera, así como las amenazas al sistema democrático que día a día agravan la crisis que atraviesan.

 

Participaron de la reunión la Cámara de Cuero y Calzado, Ahora La Libertad, Asociación de Productores de Huevos del Norte, la Asociación de Fabricantes Industriales Textiles, la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de La Libertad, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de La Libertad, la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Moche y Chao, entre otras.

 

Finalmente en la CCLL, los representantes de las mypes liberteñas reafirmaron su compromiso de continuar luchando por la reactivación económica del país, la recuperación de empleos para los trabajadores y sus familias y la inversión en la región La Libertad, con el único objetivo de contribuir al desarrollo de la región y el país, pero incidieron en que es indispensable que el Gobierno Central atienda de manera urgente la agenda planteada y trabajen de manera conjunta.

 

DATO. Más del 80% de los asociados de la CCLL son micro y pequeños empresarios. La Libertad, en el 2019, antes del COVID-19 tenía a 126,801 empresas formales registradas, cifra que representaba el 5.3 % del total nacional de empresas formales; mientras que para el 2020 dejaron de operar 26 mil, quedando solo 100 mil mypes. 

La Libertad, 20 de mayo de 2022.

17
May

 

maurook         Por: Mauro Ugaz1 y Leysi Calderón2        leysiok  

 

El pasado miércoles 4 de mayo de 2022, el Ejecutivo publicó la Ley Nº 31465, mediante la cual, se modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con la principal finalidad de fomentar la digitalización administrativa y sistematización de todos los procedimientos en las entidades de la administración pública.

 

En efecto, las modificaciones se encuentran relacionadas con la progresiva digitalización de los procedimientos y canales de atención de las entidades públicas; asimismo, están destinadas a variar algunas reglas para la recepción documental digital y la presentación de escritos.

 

En detalle, la Ley N° 31465 modifica el numeral 5 del artículo 113°, el párrafo 114.1 del artículo 114°, el párrafo 117.1 del artículo 117° y los párrafos 123.2 y 123.3 del artículo 123° de la Ley N° 27444.

 

Entre las modificaciones más relevantes, se destaca que, todo escrito que se presente ante cualquier institución pública, además de contener la dirección a la cual se enviarán las notificaciones del procedimiento que corresponda, resultará necesario consignar una dirección de correo electrónico o, de ser el caso, la casilla electrónica del administrado.

 

Aunado a ello, con relación al horario de recepción documental, se dispone que el horario de atención de las plataformas digitales, encargadas de la recepción de documentos en las entidades públicas, será de veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana.

 

 

En esa línea, es menester resaltar que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 31465, la Ley N° 27444 establecía que todos los documentos que hayan sido presentados mediante correos electrónicos o facsímil deberían ser presentados físicamente dentro de los tres días siguientes a su recepción.

 

No obstante, mediante las modificaciones efectuadas a la Ley N° 27444, se ha precisado que no resulta necesaria la presentación física de cualquier documentación que haya sido remitida a la administración pública mediante vías digitales, además, solo cuando el escrito sea tramitado de forma física, será presentado en papel, acompañado de una copia.

 

Por otro lado, se dispone que las entidades, en tanto implementen su mesa de partes digital, deben facilitar el empleo de sistemas de transmisión de datos a distancia para la recepción de documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a los administrados, precisando que, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros o la que haga sus veces, es la encargada de supervisar el funcionamiento de dichos sistemas de transmisión.

 

Asimismo, cabe precisar que, a través de la Primera y Segunda Disposición Complementaria de la Ley bajo comentario, se otorga un plazo de 30 días hábiles a las entidades del Poder Ejecutivo para su adecuación a las modificaciones aprobadas, y, se dispone la derogación de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1497, que estableció la suspensión de la aplicación del artículo 123.3 en lo referido a la obligación de la presentación física del escrito o documentación de forma posterior a la remisión de aquellos por medios de transmisión a distancia.

 

En definitiva, es importante destacar que las nuevas disposiciones establecidas en la Ley N° 31465, con tendencia a facilitar la recepción documental digital, buscan alcanzar la permanente digitalización y sistematización de los procedimientos en las entidades públicas, y, sobre todo coadyuvan con la eliminación de barreras burocráticas a los administrados permitiendo el acceso más factible y célere a los servicios de la administración pública.

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[1] Socio de consultoría laboral de EY Perú. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresado de la Maestría en Dirección de Recursos Humanos en EAE Business School. Profesor de la Facultad de Derecho de PUCP y del Centro de Estudios Avanzados de la misma universidad, así como de la Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

[2] Senior de consultoría laboral de EY Perú. Abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego. Egresada de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con especialización en Derecho Laboral Empresarial, dictado en la Universidad ESAN.

11
May
  • Este desempeño se da en medio de un contexto nacional de inestabilidad y con factores externos muy cambiantes.  

 

 

Durante el primer bimestre del 2022, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se registró una baja en la venta de los principales productos de exportación liberteños como el oro (-2 %), palta (-26 %), harina de pescado (-43 %) y espárrago (-6 %). No obstante, en este mismo periodo, La Libertad elevó su nivel de exportación en 13 %, debido al buen desempeño de un solo producto que contrarrestó la caída de los demás: el arándano (126 %).

Ahora bien, en el 2021, fue destacable el desempeño de las exportaciones en esta región dado que alcanzaron un récord de US$ 3, 900 millones, lo que representó un incremento del 19 % respecto al 2020, esto producto de la venta de frutas, productos pesqueros y minerales, según el Mincetur.

 

AGROEXPORTACIÓN. Una de las actividades que más ha sumado a este crecimiento en el 2021 es la agroexportación, es así que las exportaciones de estos productos crecieron en 14 %, gracias a la venta de productos frescos como la uva (45 %), palta (37 %), jengibre (31 %), cebolla (7 %) y arándano (4 %).

Además, en ese mismo año, el empleo que generó la producción y exportación agroindustrial se incrementó en alrededor de 110 mil puestos de trabajo, lo que representa más del 10 % de la Población Económicamente Activa (PEA) de la región La Libertad.  

 

REGLAS CLARAS. La CCLL destaca que pese a que un primer momento hubo un repunte de la agroexportación postpandemia en el 2021, en el primer bimestre del 2022 hay una tendencia a la baja, por ello reitera la importancia de que en el país se mantengan las reglas de juego claras para los inversionistas, y que no se insista en cambiar la Constitución, pues esto solo genera inestabilidad y fuga de capitales, lo que termina impactando negativamente en la calidad de vida de la población.

El gremio empresarial mantiene su compromiso de contribuir al crecimiento económico de la región y más aún, considerando la oportunidad que se generará con el destrabe y culminación de la presa Palo Redondo del Proyecto Especial Chavimochic.

 

La Libertad, 11 de mayo de 2022.

10
May

  

 

  Por: Joan Sánchez Llerena [1]

 

El mundo interconectado de hoy ha traído nuevos desafíos para las empresas. Uno de ellos es el de la seguridad de la información. El valor de la información va más allá de las palabras escritas, los números y las imágenes. Los conocimientos, los conceptos, las ideas y las marcas son también ejemplos de activos intangibles que requieren protección contra diversas fuentes de riesgo, ya sean naturales, accidentales o deliberadas.

 

Las autoridades ya están atendiendo esta nueva realidad. Por ejemplo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) ha aprobado el reglamento SBS No. 504-2021, Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, que tiene por objetivo identificar los activos de información, analizar las amenazas asociadas a estos y formular medidas que buscan reducir la posibilidad de incidentes de seguridad de la información.

 

Esta norma, que está vigente desde el 19 de febrero del año pasado, aplica a bancos, financieras, microfinancieras, seguros y reaseguros, transporte de custodia, entre otros, incluyendo además entidades públicas como el Banco de la Nación, Cofide o el Fondo Mi Vivienda. 

El reglamento se basa en la norma IS0 27001. No obstante, ésta puede ser utilizada como referencia para cualquier empresa que quiera salvaguardar sus activos de información. En ese sentido, compartimos a continuación los principales aspectos que contempla la norma:

 

1. Contexto:

Identificar en las operaciones de la compañía cuáles son los procesos internos o externos, sean ejecutados por clientes, empleados, proveedores u otros actores, en los cuáles hay un riesgo de pérdida de información estratégica de la compañía. A partir de ese primer diagnóstico, se determina el alcance del sistema de seguridad. 

 

 2. Liderazgo:

Tiene que haber un compromiso de la alta dirección con la seguridad de la información. La aplicación de la norma contribuye con la estrategia de negocio y al crecimiento de la compañía. Por ejemplo, un ataque de malwares puede generar que se deje de atender en los canales digitales. Por lo tanto, tener un plan de respuesta termina siendo fundamental para la continuidad de la operación.

 

 3. Planificación:

Se identifica cuáles son los riesgos relacionados a la seguridad de la información a los que está expuesta la organización, y se establecen controles, que incluyen políticas, normas, procesos, estructuras organizativas y funciones de software y hardware.

 

4. Soporte:

Incluye, por un lado, la comunicación a través de canales adecuados de las políticas de seguridad, los objetivos, el conocimiento, los riesgos, etc. Además, requiere de una línea de base de lo que se espera que hagan las personas, la cual se utiliza para las auditorías y para registrar acciones, resultados y controles de seguridad de la información.

 

5. Operación:

Puesto en marcha el plan, la organización debe identificar nuevos riesgos ante cambios en sus operaciones.  Solo para citar un par de ejemplos, puede haber cambios en las áreas o se pueden generar nuevos negocios, los cuales implican nuevos riesgos. Por lo tanto, es necesario establecer nuevos controles.

 

6. Evaluación de desempeño:

Se deben definir indicadores y medir la eficacia del sistema. Los indicadores pueden ser de resultados, como tener cero incidentes de seguridad de la información en el año; o de proceso, como tener 100 % de capacitación a todas las áreas involucradas en el sistema de gestión u obtener una certificación de la norma ISO 27001.

 

7. Mejora continua:

A partir de los hallazgos que se obtengan de las auditorías, se pueden identificar no conformidades, para que luego sean tratadas con un plan de acción.  

 

Un sistema de gestión de la seguridad de la información apropiado, adecuado y eficaz proporciona a la dirección de la organización y a otras partes interesadas la garantía de que su información y otros activos asociados se mantienen razonablemente seguros y protegidos contra las amenazas y los daños.

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[1] Ingeniero de Sistemas con Diplomado en Gestión de Seguridad de la Información en SGS Academy, Programa de Especialización en Dirección de Proyectos en la Universidad del Pacifico. Auditorías de segunda y tercera parte (certificación) en la norma ISO/IEC 27001, criterios de Ciberseguridad y requisitos antisoborno.