EL GREMIO MÁS IMPORTANTE DEL NORTE DEL PAÍS              

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19
April

nota1web

 

dr.rubensaavedra     Por: Dr. C.P.C. Rubén Saavedra Rodríguez1.

 

Luego de realizada la Declaración Jurada anual del Impuesto a la Renta empresarial, la siguiente obligación tributaria que deben cumplir las empresas en el Perú es la presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local de Precios de Transferencia, cuyo vencimiento es en el mes de junio, teniendo en cuenta la siguiente regulación:

 

 

Sujetos comprendidos en la obligación

 

De conformidad con los artículos 2 y 4 de la Resolución de Superintendencia N.º 014-2018/SUNAT clasifican a los sujetos comprendidos según la información que están obligados a presentar.

 

 

Así, los obligados a presentar la información que indica el Anexo I son los siguientes contribuyentes:

 

 

  • Cuyos ingresos devengados en el ejercicio anterior hayan superado las 2,300 UIT (S/. 10,580,000 para el 2022); y
  • Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual o mayor a 100 UIT (S/. 460,000 para el 2022) y menor a 400 UIT (S/. 1,840,000 para el 2022).

 

Por otro lado, los obligados a presentar la información indicada en los Anexos II, III y IV son los siguientes contribuyentes:

 

 

  • Cuyos ingresos devengados en el ejercicio anterior hayan superado las 2,300 UIT (S/. 10,580,000 para el 2022); y,
  • Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual o mayor a 400 UIT (S/. 1,840,000 para el 2022).

 

También, sea cual fuere el monto de operaciones correspondiente a las transacciones dentro del ámbito de precios de transferencia (incluso si este fuera menor a 100 UIT) y cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las 2,300 UIT, cuando tales transacciones consistan en la enajenación de bienes cuyo valor de mercado sea inferior al costo computable.

 

Es importante precisar que, este grupo deberá tomar en cuenta que no se encuentra obligado a presenta la información de las transacciones inferiores a 2,5 UIT (S/. 11,500 para el 2022) realizadas con partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición.

 

Sujetos exceptuados de la obligación

 

Por su parte, se debe señalar también que el artículo 3 de la Resolución de Superintendencia exceptúa de presentar el Reporte Local a los siguientes sujetos:

 

 

  • Personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales para efectos de la LIR y que no generan rentas de tercera categoría.
  • Empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, así como a las empresas del Estado pertenecientes al nivel del gobierno regional y local.

 

Cronograma de vencimientos

 

Para esta obligación se establece el plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio 2021 de acuerdo con el siguiente cronograma:

 

Último Dígito de RUC Fecha de Vencimiento
0 15/06/22
1 16/06/22
2 y 3 17/06/22
4 y 5 20/06/22
6 y 7 21/06/22
8 y 9 22/06/22
Buenos contribuyentes (todos los dígitos) 23/06/22

 

Finalmente, de incumplir con las obligaciones relacionadas con la Declaración Jurada Informativa Reporte Local de Precios de Transferencia, resultan de aplicación las sanciones por las siguientes infracciones: (i) no presentar la declaración dentro de los plazos establecidos (Código Tributario, art. 176, núm. 2); (ii) no exhibir o no presentar la documentación e información que respalde la declaración (Código Tributario, art. 177, núm. 27). Ambas tienen como sanción el pago del 0.6 % de los ingresos netos (no menor 10 % UIT ni mayor a 25 UIT).

 

[1] Abogado, contador público, doctor en Derecho, máster en Derecho Tributario, docente universitario, consultor tributario. También es miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de CCLL y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad.

13
April

nota1web

 

alejandro         Por: Alejandro Sánchez Cabanillas1

  

Muchas empresas de los sectores como el retail, transporte, restaurantes, hoteles, turismo, comercios, vigilancia, entre otros, seguirán operando en días feriados, por lo que es necesario que sus trabajadores presten servicios como cualquier día laborable; por ello, a continuación, revisaremos algunos puntos claves que las empresas deben tener en cuenta para la adecuada compensación del trabajo en días feriados.

 

¿Qué tipos de feriados existen y cómo se compensan?

 

Lo primero que debemos recordar son los tipos de feriados que existen, entre ellos tenemos: a) feriados nacionales, b) feriados no nacionales, y c) feriados gremiales. Asimismo, debemos diferenciar entre días feriados y días no laborables.

 

En el caso de los días feriados señalados en el Decreto Legislativo 713 o cualquier otro feriado que se señale en una ley específica, los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado. Si el trabajador realiza labores en día feriado podrá ser compensado con el pago correspondiente a la labor realizada (percibirá un pago adicional doble: pago por ser día feriado y pago por la labor realizada en día feriado), o podrá ser compensado con otro día de descanso sustitutorio, sin tener derecho a un pago adicional doble.

 

En el caso de los días no laborables, éstos pueden ser establecidos por el Gobierno por motivo de alguna conmemoración u ocasión especial. Por ejemplo, la realización de los Juegos Panamericanos en Lima o la visita del Papa al Perú. En estos días, la decisión de realizar labores depende del empleador. Por regla general, para el sector público son de aplicación obligatoria, con la salvedad de aquellos servicios públicos indispensables, y para el sector privado, su acatamiento depende del empleador. En ambos casos, los trabajadores que no laboraron estos días deberán compensar o devolver con labor efectiva dicho descanso. De ninguna manera existe derecho a pago adicional por la labor realizada en día no laborable.

 

¿Cómo se calcula el pago por descansar los días feriados?

 

Conforme lo establece el artículo 8 del Decreto Legislativo 713, los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo.

 

Su pago se rige por lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 713, es decir, se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente laborados en la semana, quincena o mes (según periodicidad de pago), esto quiere decir que en caso de inasistencias injustificadas el pago del feriado será proporcional, salvo el Día del Trabajo, que se percibirá sin condición alguna.

 

¿Cuál es el pago adicional por trabajar en día feriado?

 

Tenemos tres casos:

Para feriados que no sean el Día del Trabajo: el trabajador percibirá tres pagos, por los siguientes conceptos: 

 

  • Una remuneración por ser feriado.
  • Una remuneración por el trabajo realizado en feriado.
  • Una bonificación equivalente al 100% de la remuneración por el trabajo realizado en feriado.

 

Para el Día del Trabajo que no coincide con un día de descanso semanal obligatorio: el trabajador percibirá tres pagos, por los siguientes conceptos:

 

  • Una remuneración por ser feriado.
  • Una remuneración por el trabajo realizado en feriado.
  • Una bonificación equivalente al 100% de la remuneración por el trabajo realizado en feriado.

Para el Día del Trabajo que coincide con un día de descanso semanal obligatorio: el trabajador percibirá tres pagos, por los siguientes conceptos:

 

  • Una remuneración por ser feriado.
  • Una remuneración por el trabajo realizado en feriado.
  • Una bonificación equivalente al 100% de la remuneración por el trabajo realizado en feriado.
  • Una remuneración correspondiente al día de descanso semanal obligatorio.

 

Excepción: ¿Qué pasa con el pago del feriado por descansar el Día del Trabajo?

 

Tenemos tres casos:

 

  • Si el trabajador percibe una remuneración fija: el pago equivalente a una remuneración diaria se realizará sin condición alguna, es decir, el monto será pagado de forma íntegra sin considerar los días efectivamente trabajados en la semana, quincena o mes. No habrá descuentos en caso de inasistencias injustificadas.
  • Si el trabajador percibe una remuneración a destajo: el pago del Día del Trabajo será igual al salario promedio diario, que se calcula dividiendo entre treinta la suma total de las remuneraciones percibidas durante los treinta días consecutivos o no, previos al Primero de Mayo. Cuando el trabajador no cuente con treinta días computables de trabajo, el promedio se calcula desde su fecha de ingreso. Esta regla solo aplica para el Día del Trabajo, siendo que para los demás días feriados se aplica la regla común.
  • Cuando coincide el Día del Trabajo con un día de descanso semanal obligatorio: el empleador deberá realizar el pago de dicho día feriado (Día del Trabajo) y el pago que corresponda por el día de descanso semanal obligatorio. Obviamente esta excepción no aplica para los demás días feriados que coinciden con un día de descanso semanal obligatorio.

 

Nota adicional:

 

El trabajo realizado en día feriado no necesariamente debe ser compensado con un pago adicional, sino que también puede ser compensado con días de descanso sustitutorio, según el número de feriados trabajados.

 

Para hacer efectiva la compensación del trabajo realizado en feriados con descansos sustitutorios, recomendamos suscribir convenios de compensación, previos a la fecha de los feriados correspondientes, esto con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores.

 

¡Disfrutemos todos de cualquier día feriado.

 

[1] Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con especialización en derecho corporativo por la Universidad ESAN y Recursos Humanos por Zegel IPAE. Es docente de la Universidad Ricardo Palma y de la Cámara de Comercio de La Libertad. Es asesor laboral empresarial, especialista en planeamiento contractual, negociaciones colectivas y cumplimiento normativo.

12
April

nota1web

 

alejandro         Por: Alejandro Sánchez Cabanillas1

  

Por ley, todo empleador posee una facultad disciplinaria para con sus trabajadores, también conocida como el ius puniendi. Esta facultad deriva de uno de los elementos típicos o características de toda relación laboral, la cual está dada por la subordinación.

 

Sin embargo, estar subordinado no significa estar sometido de manera arbitraria a los intereses o decisiones del empleador, sino, más bien, implica acatar las disposiciones o directrices que el empleador le imparta al trabajador para el cumplimiento óptimo de sus obligaciones laborales.

 

Bajo el esquema de la subordinación, el empleador dirige los servicios que presta el trabajador, emite normas vinculadas a la relación laboral, imparte las órdenes que sean necesarias y sanciona cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones que tenga a cargo el trabajador.

 

En efecto, una de las sanciones más drásticas a imponer es el despido, y para que este no sea arbitrario veamos cuál es el procedimiento y los principios que todo empleador debe tener en cuenta.

 

El debido procedimiento: toda medida disciplinaria debe seguir un procedimiento.

 

Este principio es más bien un derecho de rango constitucional que le corresponde a todo ciudadano, pues, nadie puede ser sancionado sin haberle seguido un procedimiento que garantice el respeto de sus derechos laborales o constitucionales.

 

Dentro del catálogo de derechos que involucra el debido procedimiento tenemos el derecho a la defensa, que es crucial ante la imputación de cualquier medida disciplinaria.

 

Por el derecho a la defensa todo trabajador tiene derecho a “ser escuchado”, a que se le reciban y evalúen sus descargos para que luego el empleador conozca su versión de los hechos y tome una decisión acertada respecto a la sanción que va a imponer.

 

La inmediatez: las medidas disciplinarias deben ser lo más inmediatas posibles.

 

La inmediatez tiene que ver con aplicar una sanción o el olvido. Es decir, si el empleador va a sancionar al trabajador deberá iniciar el procedimiento disciplinario de la forma más inmediata posible, y si no lo hace, se entenderá que ha pasado por alto la falta y ha operado el olvido a favor del trabajador.

 

Si la sanción se impone, a pesar de haber transcurrido un plazo irrazonable tanto para iniciar el procedimiento disciplinario, como para evaluar y aplicar la sanción, entonces se habrá quebrantado el principio de inmediatez y, simplemente, la sanción debería quedar sin efecto.

 

Sobre el plazo razonable para respetar el principio de inmediatez no tenemos algo establecido en nuestra legislación, pero en reiterada jurisprudencia se ha concluido que el plazo para llevar a cabo el procedimiento disciplinario no debe ser mayor a treinta (30) días calendario. Realmente cada caso, según su complejidad, podrá llevarse en plazos distintos, pero éstos en su conjunto no deberán exceder del tiempo antes indicado.

 

La tipicidad: las conductas deben ser expresamente sancionables.

 

La tipicidad es el ejercicio que debe hacer el empleador para verificar que la falta cometida es una condición o conducta prohibida en una norma expresa. Esta norma puede ser de rango legal, reglamentario, sectorial o, simplemente, una norma de carácter interno que haya emitido el empleador, por ejemplo, el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), políticas, directivas, procedimientos, otros reglamentos o disposiciones que el empleador considere necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones del trabajador.

 

Obviamente, es necesario que, en cuanto a las normas de carácter interno, éstas hayan sido previamente comunicadas al trabajador para que se pueda exigir su cumplimiento.

 

Un aspecto relevante en este principio es la facultad reglamentaria que tienen los empleadores, y que quizá no ha sido desarrollada adecuadamente por estos, en virtud de su poder de dirección. Al respecto, el artículo 9 del Decreto Supremo 003-97-TR establece expresamente que el empleador “tiene facultades para normar reglamentariamente las labores”.

 

Cuando se trata de faltas, queda claro que no todas podrán estar descritas en una ley o en un RIT, pero cada empleador tiene la facultad de describir aquellas que, según su rubro, son de especial observancia en el centro de trabajo, incluso, según el puesto que ocupa cada trabajador, y que no necesariamente deben estar establecidas en el RIT.

 

La razonabilidad y proporcionalidad: dos caras de una misma moneda en el procedimiento disciplinario.

 

La razonabilidad y proporcionalidad son como dos contrapesos en una misma balanza. Estos criterios pueden estar detallados en una norma de carácter interno o simplemente es la aplicación lógica de la norma a las diversas situaciones concretas que el empleador debe evaluar en el procedimiento disciplinario.

 

La razonabilidad tiene que ver con la aplicación lógica de las normas en el procedimiento disciplinario, obedece a criterios de coherencia y aplicación práctica, según normas comunes; y la proporcionalidad tiene que ver con la relación entre la falta cometida y la decisión que adopta el empleador, según cada caso concreto. Por lo tanto, no podemos hablar de una medida razonable sin ser proporcional y viceversa.

 

[1] Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la Maestría en Derecho Civil y Empresarial por la UPAO, diplomado en Derecho Corporativo por ESAN y Recursos Humanos en Zegel IPAE. Es docente de la Cámara de Comercio de La Libertad y de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con amplia experiencia en asesoría laboral al sector empresarial, negociaciones colectivas y planeamiento contractual laboral.

08
April

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maurook         Por: Mauro Ugaz1Leysi Calderón2        leysiok  

  

Con el avance progresivo del proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Perú, se han introducido diversos cambios en la normativa nacional con la finalidad de incentivar la vacunación en la totalidad de ciudadanos. Naturalmente, una de las medidas que mayor impacto generó en los centros de trabajo es que sólo se permita labor presencial a aquellas personas que presenten su esquema de vacunación completa.

 

 

En efecto, con la reciente publicación del Decreto Supremo N ° 030-2022-PCM que prorroga el estado de emergencia nacional hasta el 30 de abril de 2022, se ha dispuesto que, a partir del día 15 de abril de 2022, toda persona que realice actividad laboral presencial, deberá acreditar haber recibido las tres dosis de vacunación contra el COVID-19, siendo válidas las vacunas administradas tanto en el Perú como en el extranjero.

 

Por otro lado, cabe recalcar que, las medidas que las empresas pueden adoptar para el caso de aquellos trabajadores que al 15 de abril no cuenten con sus tres dosis de vacunación son en primer término, optar por la modalidad de trabajo remoto; y, cuando por la naturaleza de las labores no sea compatible con esta forma de prestación del servicio, se entenderá producido el supuesto de suspensión del contrato de trabajo, sin goce de haberes, salvo que las partes acuerden algo distinto (suspensión con pago de haberes).

 

En línea de lo anterior, vale recordar que, hasta el momento no existe dentro de nuestra normativa nacional la obligación de vacunarse frente al COVID-19; sin embargo, en el ámbito laboral sí se han impuesto ciertas restricciones.

 

En consecuencia, si bien las entidades empleadoras no tienen la facultad desvincular al personal que no quiera vacunarse, sí es posible que, a partir del 15 de abril, los empleadores están facultados para impedir el ingreso al centro de trabajado (suspensión perfecta) a quienes no hayan completado su vacunación y no puedan realizar labores presenciales por la naturaleza de sus actividades.

 

En suma, las empresas deben continuar con su tarea de informar y brindar las facilidades para incentivar la vacunación en sus trabajadores y fortalecer el sistema de seguridad y salud ocupacional en el centro de trabajo.


[1] Socio de consultoría laboral de EY Perú. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresado de la Maestría en Dirección de Recursos Humanos en EAE Business School. Profesor de la Facultad de Derecho de PUCP y del Centro de Estudios Avanzados de la misma universidad, así como de la Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

[2] Senior de consultoría laboral de EY Perú. Abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego. Egresada de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con especialización en Derecho Laboral Empresarial, dictado en la Universidad ESAN.

 

05
April
  • La medida no es solo antitécnica, sino que se ha realizado sin pasar por las instancias establecidas de acuerdo a la normativa vigente, según la CCLL.

 

PRESID1

 

Trujillo, 5 de abril de 2022. Luego de que el Gobierno, a través del Decreto Supremo N º 003-2022-TR, incrementara la remuneración mínima vital (RMV), la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) señaló que esta medida genera una grave afectación a las MYPE.

 

“Debemos tener en cuenta que los micro y pequeños empresarios son los que sufren mayor afectación en sus estructuras de costos con los incrementos en la RMV, por tanto, les resta competitividad; y lo que es peor aún, en un contexto de crisis económica en la que muchos sectores productivos no han vuelto aún a su capacidad prepandemia, este incremento constituye un estímulo para la contratación de trabajadores de manera informal, es decir que involucra un efecto de sustitución de empleos formales por empleos informales en la economía del país”, sostuvo el presidente de la CCLL. Guillermo Benavides Zavaleta.

 

Cabe recordar que, nuestro país posee los mayores índices de informalidad laboral, que afecta a más del 70 % de los trabajadores. Es así que la medida sólo favorecería el incremento de este tipo de empleos que desprotegen a los trabajadores al negarles el acceso a beneficios sociales para ellos y sus familias, con todos los perjuicios que ello genera en la calidad de vida de los peruanos de menores recursos. Además, en el actual contexto inflacionario que atraviesa el país, a causa del aumento de costos internacionales, esta medida presionará aún más a la elevación de los precios en nuestra economía.

 

Este tipo de acciones del Gobierno causa preocupación al gremio empresarial, pues de un lado demuestra que no se tienen estrategias claras y efectivas para impulsar la reactivación económica; y por el otro, pone en evidencia el escaso respeto por la normativa vigente por parte del Ejecutivo.

 

“Esta medida ha sido aprobada sin ser debatida en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), organismo que según decreto supremo debería emitir una opinión técnica al respecto. Vemos que se repite lo ocurrido con los cambios al reglamento de la ley de tercerización, donde tampoco se tuvo en cuenta al CNT”, afirmó Benavides Zavaleta.

 

Es cierto que las familias peruanas que están siendo afectadas por los efectos de la crisis económica y por el alza de precios de alimentos de la canasta básica familiar, así como de los pasajes, pero esto no se va a solucionar con el aumento de la RMV, sino con un verdadero impulso de la inversión privada, que genere más puestos de trabajo formales y aumente la recaudación por parte del Estado.

 

En tal sentido, exhortamos al Ejecutivo a asumir de manera responsable el rol que le corresponde para alcanzar condiciones de estabilidad en el país, promover la inversión privada y a no continuar emitiendo medidas populistas, que lejos de contribuir a dinamizar la economía del país, tienen efectos totalmente contrarios.

31
March

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alejandro         Por: Alejandro Sánchez Cabanillas1

  

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención es entendida como un principio que rige a todo el sistema de SST y también es entendida como un deber; es decir, la prevención no solo es un concepto que orienta nuestro sistema normativo, sino también implica una obligación de hacer por parte de los empleadores.

 

En efecto, el deber de prevención implica que el empleador garantice, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.

 

Sin embargo, como no todo puede ser perfecto, tanto empleadores como trabajadores se ven expuestos ante sucesos no deseados y súbitos como lo son los accidentes de trabajo. A continuación, veamos tres acciones que deben adoptar los empleadores ante un accidente de trabajo.

 

Notificar:

 

Lo primero que debe hacer el empleador es notificar al Ministerio de Trabajo la ocurrencia del accidente de trabajo, si bien solo cuenta con veinticuatro (24) horas para hacerlo, solo está en la obligación de notificar los accidentes mortales o incidentes peligrosos. Para los demás tipos de accidentes de trabajo solo será puesto de conocimiento si así lo solicita el Ministerio de Trabajo, sin perjuicio de que el establecimiento de salud que atienda al trabajador notifique dichos accidentes a la Autoridad Administrativa de Trabajo.

 

La notificación se puede realizar de forma electrónica a través del aplicativo virtual que tiene habilitado para tal efecto el Ministerio de Trabajo.

 

Investigar:

 

Lo segundo que debe hacer el empleador es investigar los accidentes de trabajo. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permitirá a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de estos.

 

Téngase en cuenta que los trabajadores (a nivel individual y por medio de sus representantes sindicales) tienen la obligación de cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron.

 

Registrar:

 

Finalmente, otra acción inmediata del empleador ante la ocurrencia de un accidente de trabajo es el registro. Para ello, el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 005-2012-TR, ha dispuesto el formato denominado: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.

 

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.

 

Asimismo, el empleador debe contar con un archivo activo y un archivo pasivo de dichos registros. En el primer caso, se hace referencia a los registros de los últimos doce (12) meses, y en el segundo caso a los registros de periodos anteriores.

 

Adjunto a los registros de la empresa, deben mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo, y cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, debe consignarse un registro de accidente de trabajo por cada trabajador.

 

[1] Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la Maestría en Derecho Civil y Empresarial por la UPAO, diplomado en Derecho Corporativo por ESAN y Recursos Humanos en Zegel IPAE. Es docente de la Cámara de Comercio de La Libertad y de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con amplia experiencia en asesoría laboral al sector empresarial, negociaciones colectivas y planeamiento contractual laboral.

29
March

nota1web

 

1BASE LEGAL:

 

  • Ley N° 27693: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Ley N° 28009 y N° 28306: Leyes que modifican la Ley N° 27693.
  • Decreto Supremo N° 020-2017-JUS: Reglamento de la Ley N° 27693.
  • Ley N° 29038: Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros, y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
  • Decreto Legislativo N° 1249: Decreto que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y terrorismo.
  • Decreto Legislativo N° 1372: Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.

 

LOS SUJETOS OBLIGADOS Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA:

 

Los primeros años del siglo XX y el siglo XXI han mantenido un común denominador en lo que a política criminal se refiere, siendo estos el planteamiento de una lucha contra las organizaciones criminales y contra las actividades terroristas respectivamente, suponiendo circunstancias de urgencia social que, ante el avance de la criminalidad, el Estado ha puesto en práctica determinados mecanismos para el aseguramiento de la paz social. Una de las políticas criminales más importantes que ha sido puesta en aplicación a nivel internacional para atacar la criminalidad organizada y el terrorismo ha sido la persecución y punición del delito de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

 

Dado que, para la ejecución de estos delitos, los agentes criminales se valen del sistema legal para convertir y movilizar activos con el fin ocultar y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitamente obtenidas, el Estado Peruano ha puesto en marcha el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; el cual, junto con distintas instituciones del Estado y especialistas del sector privado han buscado formas más efectivas y eficientes para combatir dichos delitos.

 

 

Así, entre los órganos determinantes para llevar a cabo las operaciones de detección de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF); la cual, es la encargada de recibir y analizar los reportes de operaciones sospechosas que envían los sujetos obligados por ley a fin de detectar casos en los que existan sospechas o certezas de vínculos con los delitos de Lavado de Activos, sus delitos precedentes o el Delito de Financiamiento del Terrorismo a través de un Informe de Inteligencia Financiera.

 

LOS SUJETOS OBLIGADOS

 

A fin de realizar una labor eficaz de detección y prevención del delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, existen determinados sujetos obligados a atender oportunamente las solicitudes de información que realice la UIF-Perú para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo el acceso a registros, bancos o bases de datos con las que cuente, ello bajo la obligación de mantener en reserva la información suministrada a la UIF-Perú. De esta manera, a través del Decreto Legislativo N° 1249 se dispuso que los sujetos obligados a informar serían los siguientes:

 

  • Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en los artículos 16º y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y los corredores de seguros.
  • Las empresas emisoras de tarjetas de crédito.
  • Las cooperativas de ahorro y crédito.
  • Las que se dedican a la compraventa de divisas.
  • Las que se dedican al servicio postal de remesa y/o giro postal.
  • Las empresas de préstamos y/o empeño.
  • Los administradores de bienes, empresas y consorcios.
  • Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores.
  • Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión y fondos colectivos.
  • La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.
  • La Bolsa de Productos.
  • Las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
  • Las que se dedican a la actividad de la construcción y/o la actividad inmobiliaria.
  • Los agentes inmobiliarios.
  • Las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, y/o juegos a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.
  • Las que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.
  • Las que se dedican a la explotación de juegos de lotería y similares.
  • Los hipódromos y sus agencias.
  • Los agentes de aduana.
  • Los notarios.
  • Las empresas mineras.
  • Las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
  • Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.
  • Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT.
  • Las que se dedican a la comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.
  • Las que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones.
  • Las que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos.
  • Las que se dedican a la financiación colectiva o participativa y que operan a través de plataformas virtuales.
  • Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera independiente o en sociedad, realizan o se disponen a realizar en nombre de un tercero o por cuenta de este, de manera habitual, las siguientes actividades:
    • Compra y venta de bienes inmuebles.
    • Administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos.
    • Organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas.
    • Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
    • Compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.

La información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional.

 

UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO O TAMBIÉN DENOMINADO SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

 

El derecho, a fin de mantenerse en los márgenes de eficiencia, se ve en la necesidad de crear mecanismos de sanción penal; pero, sobre todo, para prevenir la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Por esta razón, nace en el derecho penal una tendencia de otorgarle una responsabilidad penal a los sujetos obligados. Así, cuando uno de estos sujetos obligados por ley incurre en una infracción de los deberes y obligaciones otorgados, serán susceptibles de recibir determinadas sanciones cuando, en nombre, interés o representación de estos, un representante, funcionario u otro miembro con poder de gestión incurra en un ilícito penal. En conclusión, la persona jurídica o empresa sujeta a deber de cumplimiento es sancionada de manera autónoma por infringir dicho deber.

 

Puede definirse al compliance como un conjunto de herramientas o mecanismos de carácter preventivo con el objeto de establecer estándares normativos de cumplimiento de normas éticas y legales a fin de prevenir la infracción de normas de carácter penal y así evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad autónoma a la persona jurídica.

 

 

El eje de los Programas de cumplimiento radica en un sistema de monitoreo y en el establecimiento de protocolos para la detección de riesgos que puedan resultar nocivos o lesivos para los bienes jurídicos protegidos por la legislación peruana. En síntesis, el Programa de Cumplimiento -o también llamado Compliance Program- constituye un mecanismo de prevención del delito a través de la observancia y cumplimiento de las normas conforme a derecho, destacando su capacidad para detectar infracciones cometidas dentro de la persona jurídica, manteniendo los riesgos jurídico-penalmente irrelevantes.

 

Con el fin de llevar a cabo el programa de cumplimiento exigido por la ley, el sujeto obligado debe llevar a cabo una serie de obligaciones, entre las que se encuentra a) llevar un registro de operaciones; b) deber de informar las operaciones sospechosas e inusuales; c) tener un conocimiento del cliente, beneficiario final, directores, trabajadores, proveedores y contrapartes; e) el deber de emitir normas internas para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; y el f) deber de remitir información a la UIF-Perú.

 

 

CONCLUSIONES

 

  • Existe una nueva obligación jurídica de ciertos rubros (Véase punto III) de negocio frente al estado y es crear un Sistema de Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), el mismo que debe ser dirigido por un Oficial de Cumplimiento.
  • El no contar con este Sistema de Prevención acarreará distintas contingencias administrativas como multas (entre 0.5 UIT’s a 50 UIT’s), y consecuencias penales como el hecho que se le considere sospechoso (ya sea por complicidad o autoría) del delito de lavado de activos, al no reportar ciertos actos sospechosos.
  • ¿Si no soy sujeto obligado puedo implementar un SPLAFT? Claro que si, según Ley N° 30424 Art. 17, aquellas personas jurídicas relacionadas a delitos de lavado de activos, si acreditan contar con un sistema de prevención eficiente serán excluidas del proceso penal por el cual vienen siendo investigadas.

 

RECOMENDACIONES

 

  • Si eres sujeto obligado es URGENTE Y NECESARIO implementar un Sistema de Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que cuente con los estándares de necesario cumplimiento para ser considerado por la SBS como uno eficiente. Tener mucho cuidado pues en la actualidad existen los denominados “Castillos de Naipes” o “Castillos de Arena” que, si bien son documentos de un SPLAFT, pero no tienen manera de ser ejecutados. El SPLAFT no tiene por única función encontrar movimientos sospechosos, esta es solo una parte del sistema.

 

Se debe contar con un oficial de cumplimiento, el que tendrá por obligación informar a la SBS sobre el SPLAFT, se recomienda que tenga conocimientos jurídicos, y de gestión de riesgos.

  • El costo de implementar un SPLAFT y su monitorización es mucho menor a las multas que puede acarrear el incumplimiento de no contar con un SPLAFT.

 

Se puede iniciar el SPLAFT realizando actos de identificación de riesgos, o si su persona considera que existen distintos movimientos inusuales de dinero con sus clientes o proveedores, recuerde: La forma de investigación de lavado de activos es financiera, y comúnmente requieren información a los bancos o demás entidades financieras, las cuales niegan o rechazan dar créditos a personas mínimamente vinculadas a procesos por lavado de activos, disminuyendo la capacidad de gasto.

 

[1] Artículo elaborado por el equipo de Área Penal del Estudio Avizor Legal.

25
March

nota1web

 

1La emisión de facturas electrónicas permitirá a las micro y pequeñas empresas (MYPES), que se deben incorporar como emisores electrónicos a partir del 1 de abril, acceder a una nueva fuente de financiamiento para impulsar sus negocios, a través del uso de la factura negociable electrónica o factoring.

 

Mediante esta herramienta financiera, las MYPES que son proveedoras de bienes y servicios y que venden al crédito, tienen la alternativa de negociar sus facturas electrónicas para obtener recursos de manera anticipada, en vez de esperar el plazo de vencimiento de la factura acordado con su cliente.

 

Actualmente, las MYPES que aún no emiten facturas electrónicas se ven imposibilitadas de negociar las facturas físicas de sus ventas al crédito para obtener liquidez inmediata; situación que les limita aprovechar mejor las oportunidades de negocio que existen en el mercado.

 

Acceder al factoring dará una importante ventaja particularmente a las nuevas MYPES que, debido a su corto historial de ventas, tienen más dificultades para acceder a préstamos en el sistema financiero.

 

Otros beneficios

 

Otra ventaja de la implementación de la factura electrónica para las MYPES, es el considerable ahorro en los costos de manejar documentos físicos (impresión, almacenamiento y envío postal al cliente), mejora la productividad (elimina los errores y el tiempo en corregirlos) y la optimización de la gestión (ordena los procesos internos y aprovecha la información de los clientes y ventas para planificar mejor el negocio).

 

Además, es un sistema seguro (impide la manipulación y la pérdida de los documentos), facilita la integración con medios de pago electrónico (mejora la experiencia de compra de los clientes) y se adapta a las necesidades de distanciamiento social.

 

Adicionalmente, con la información de los comprobantes de pago, notas de crédito y notas de débito emitidos en forma electrónica, la SUNAT propone el Registro de Ventas e Ingresos Electrónico, el mismo que facilita el proceso de declaración a las empresas.

 

Nuevos emisores

 

Cabe indicar que a partir del 1 de abril las MYPES que en el año 2019 tuvieron ingresos anuales que no superaron los S/ 96,600 (23 UIT), se convertirán en emisores de facturas electrónicas y, a partir del 1 de junio, de boletas de venta electrónicas. Éste es el último grupo de empresas que ingresa a la emisión electrónica de comprobantes de pago.

 

De esta manera, se espera que al término del primer semestre del presente año la totalidad de las empresas del país estará emitiendo facturas y boletas de manera electrónica, en el marco del proceso de masificación al 100% de los comprobantes de pago electrónico.

 

[1] Artículo elaborado por SUNAT.

24
March
  • Destacó el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Guillermo Benavides Zavaleta, durante la Asamblea General Ordinaria de Asociados correspondiente a marzo del 2022.

 

1.1

 

Trujillo, 24 de marzo de 2022. En cumplimiento de la política de buen gobierno y transparencia que caracteriza a la actual gestión, el presidente de la CCLL, Guillermo Benavides Zavaleta, lideró la Asamblea General Ordinaria de Asociados correspondiente a marzo 2022, de acuerdo a los establecido en los artículos 19 ° y 20 ° del Estatuto del gremio empresarial.

 

La conducción de la asamblea estuvo a cargo del director secretario de la CCLL, Carlos Villarán Morales, quien, tras dar lectura a la convocatoria y a los artículos antes citados, cedió el uso de la palabra al presidente del gremio.

 

Durante su saludo a los asociados, Benavides Zavaleta señaló que “La resiliencia es una de las principales cualidades de todo emprendedor y empresario”. En este sentido, destacó de manera especial a los emprendedores y a los micro y pequeños empresarios, pues pese a ser los más golpeados con la crisis económica, también han sido los que han hecho los más grandes esfuerzos por adaptarse a la nueva realidad y continuar haciendo empresa como solo ellos saben hacerlo, con mucha pasión y optimismo, dijo.

 

1.2

 

Posteriormente, el presidente de la CCLL expuso la memoria anual 2021, donde recalcó que el gremio empresarial ha sentado una clara posición sobre la necesidad de que el Gobierno retome la senda del desarrollo que ha venido transitando nuestro país desde décadas pasadas, y a la vez recupere la confianza de la población en general y de los empresarios en particular.

 

Asimismo, mencionó una serie de actividades desarrolladas con el objetivo de mejorar los servicios gremiales, defender los intereses del sector empresarial y contribuir con la consolidación del ecosistema de innovación para dar sostenibilidad al desarrollo de la región. También señaló que, gracias a una adecuada gestión de los procesos y unidades de negocios, así como de un manejo financiero responsable, la CCLL pudo registrar un resultado económico y financiero positivo el 2021.

 

A continuación, el gerente general de la CCLL, Ricardo Varillas Santisteban, expuso los Estados Financieros Auditados 2021. Seguidamente, se sometió este documento, así como la memoria anual 2021 a votación, siendo ambos aprobados por unanimidad por los asociados.

 

1.3

 

Luego fue el turno del presidente del Consejo de Vigilancia 2020-2022, Ulises Gonzales Urrelo, quien expuso el Informe del Consejo de Vigilancia periodo 2021, para posteriormente dar inicio a la elección de los nuevos miembros del Consejo de Vigilancia 2022 - 2024, que tras la votación quedó integrado por los siguientes miembros: Jorge Terrones (Colegio de Economistas), Rubén Saavedra (Estudio Chumán & Saavedra Asociados Asesores Tributarios) y Nicolai Álvarez (Gases del Pacífico), los dos últimos fueron ratificados.

 

Finalmente, de acuerdo a lo establecido por el estatuto, se solicitó a algunos asociados voluntarios para firmar el acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados correspondiente a marzo 2022, y tras su aceptación se dio por culminada la misma.