EL GREMIO MÁS IMPORTANTE DEL NORTE DEL PAÍS              

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18
March
  • La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno nos lleva a asegurar un despliegue de recursos y esfuerzos de todos los niveles de la organización, que busquen prevenir, detectar y mitigar el riesgo de soborno por parte de la organización, por medio de la determinación de medidas para prevenir, detectar y enfrentar al soborno de la organización.

 

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juanaureliook     Por: Juan Aurelio Fustamante Chozo1.

 

Históricamente, la economía mundial se ha visto afectada debido a los efectos generados por el soborno y la corrupción. El Perú no es una excepción al caso; según datos de la Contraloría de la República, en el 2019 las pérdidas por corrupción e inconducta funcional ascendieron a 23,297 millones de soles, mientras que en el 2020 estas habrían alcanzado los 22,059 millones de soles.

 

Se viene teniendo un gran progreso en el tratamiento del soborno a través de emisión de leyes y acuerdos internacionales; sin embargo, la ley por sí sola no es suficiente para resolver este problema. Por lo tanto, las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha contra el soborno.

 

 

Esto se puede lograr a través de un Sistema de Gestión Antisoborno, el cual se pretende proporcionar por medio de la norma ISO 37001 y a través del compromiso de liderazgo para el establecimiento de una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento.

 

¿Qué es el soborno?

 

La norma ISO 37001 define el soborno como oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.

 

Es importante mencionar que, la norma no aborda específicamente el fraude, carteles y otros delitos de antimonopolio y competencia, el lavado de dinero u otras actividades relacionadas con las prácticas corruptas a pesar de que una organización puede optar por ampliar el alcance del sistema de gestión para incluir este tipo de actividades.

 

Hay que tener en cuenta que el soborno genera costos económicos y daños a la reputación de las organizaciones; de los costes que se generan por el soborno podríamos determinar algunas como:

 

  • Aumento de costos en las transacciones
  • Disminuye la capacidad de inversión de las organizaciones
  • Promueve el lavado de dinero
  • Anula la libre competencia de las empresas

 

¿Por qué es importante implementar un Sistema de Gestión Antisoborno?

 

En principio, hay que entender que el implementar un sistema de gestión antisoborno, bajo la ISO 37001, no garantiza que el soborno no haya ocurrido o no vaya a ocurrir en relación con la organización, ya que no es posible eliminar por completo el riesgo de soborno; sin embargo, la norma puede ayudar a la organización a implementar medidas razonables y proporcionales para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.

 

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno nos lleva a asegurar un despliegue de recursos y esfuerzos de todos los niveles de la organización, que busquen prevenir, detectar y mitigar el riesgo de soborno por parte de la organización, por medio de la determinación de medidas para prevenir, detectar y enfrentar al soborno de la organización.

 

Todo esto, hace que existan importantes beneficios de implementar ISO 37001 en las organizaciones, entre los cuales destacamos los siguientes:

 

  • Reducción de los riesgos de soborno, la norma ayuda a que las organizaciones prevengan el soborno, mediante acciones preventivas que estimulen la identificación de riesgos y la implementación de acciones de parte de las personas en la organización.
  • Genera confianza, la implementación de acciones que prevengan los riesgos del soborno logra establecer una relación de confianza con sus clientes y socios de negocios.
  • Refleja transparencia, ayuda a generar un mensaje directo a todos los trabajadores, clientes y socios de negocios de una gestión clara, transparente y de seguridad.
  • Aumento de competitividad, nos permite mostrar un aumento de confianza entre nuestros clientes y socios de negocios, por medio del cual aumenta la posibilidad de acceder a más ofertas.
  • Mejora la capacidad de los trabajadores de identificar situaciones potenciales de soborno, permite que los trabajadores sepan claramente de que situaciones deben alejarse, pues pueden representar un riesgo potencial de soborno.
  • Previene acciones legales en contra de la organización, debido a que la norma nos lleva a determinar los requisitos legales obligatorios y las acciones que debemos tomar para cumplir dichos requisitos legales
  • Permite la toma de evidencias, en casos en los que exista una investigación.

 

Así mismo, sin ser el principal beneficio nos permite tener una ventaja competitiva sobre nuestros competidores ante una licitación con el Estado.

 

[1] Auditor líder en Sistemas Integrados de Gestión en las empresas certificadoras más reconocidas, con más de 450 empresas auditadas a nivel nacional como internacional. Entre los sectores principales auditados se encuentran Hidrocarburos, minería, energía, industria, construcción, instituciones educativas, empresas de servicios, entre otras.

18
March

nota1web

 

1Las personas naturales y empresas que deben presentar la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2021 tienen la opción de solicitar en línea y en pocos minutos el aplazamiento y/o fraccionamiento de su deuda tributaria, en caso no puedan disponer en ese momento de recursos para cancelar el monto que les corresponda pagar.

 

En el caso de las personas naturales, una vez presentada la Declaración de Renta 2021, mediante el APP Personas o SUNAT Virtual, y de haberse determinado una deuda por rentas de capital o trabajo, tienen la opción de presentar inmediatamente una solicitud para aplazar y/o fraccionar la deuda.

 

De no hacerlo en ese momento, podrán presentar la solicitud transcurridos 5 días hábiles desde la fecha de presentación de la Declaración de Renta 2021.

 

La deuda por fraccionar y/o aplazar debe ser igual o mayor a S/ 460 (10 % de la UIT). Además, la cuota del fraccionamiento no puede ser menor a S/ 230. Luego de seleccionar el número de cuotas y de enviar la solicitud, ésta será evaluada y se notificará su aprobación al contribuyente.

 

Empresas

 

En el caso de las empresas que consideren solicitar el fraccionamiento de la deuda determinada en su Declaración Anual de Renta 2021, deben tener en cuenta lo siguiente:

 

Si sus ingresos anuales no superaron los S/ 690,000 (150 UIT), podrán solicitar el fraccionamiento de su deuda inmediatamente después de presentar su Declaración Anual dentro del plazo establecido; para lo cual usarán el enlace habilitado en SUNAT Operaciones en Línea.

 

En caso estas empresas no soliciten el fraccionamiento al momento de presentar la Declaración Anual o no hubieran efectuado dicha presentación dentro del plazo previsto en el mencionado cronograma, podrán solicitarlo a partir del sexto día hábil siguiente de presentada la declaración a través de SUNAT Virtual.

 

Por su parte, las empresas con ingresos mayores a S/ 690,000 que presentaron su Declaración Anual Renta 2021, podrán solicitar el fraccionamiento y/o aplazamiento a partir del primer día hábil de mayo de 2022, a través de SUNAT Virtual.

 

Para mayor información o asistencia sobre la Declaración Anual de Renta 2021, los contribuyentes pueden consultar a nuestro chatbot Sofía, disponible en la página especializada https://renta.sunat.gob.pe/, llamar a la Central de Consultas al 0-801-12-100, desde un teléfono fijo, o al (01) 315-0730 o *4000, desde un teléfono celular; o ingresar a nuestras redes sociales.

 

[1] Artículo elaborado por SUNAT.

17
March
  • Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) señala los riesgos que se han generado a partir de la emisión del D.S. 001-2022/MTPE.

 

CCLL

 

Trujillo, 16 de marzo de 2022. El Gobierno nuevamente ha emitido una norma D.S. 001-2022/MTP que, por sus inconsistencias, vacíos y vulneración a los principios constitucionales particularmente a los de jerarquía normativa, resulta normando más allá de la Ley de Tercerización, y de lo resuelto por el Tribunal Constitucional al respecto, según la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL).

 

Es evidente que dicha norma no debió emitirse sin la opinión técnica de los sectores de economía, trabajo y producción y del sector privado, incluyendo la de los propios trabajadores.

 

El gremio empresarial cuestiona que no se sabe con exactitud cuántas empresas de tercerización hay en el país, a cuántos trabajadores ocupa, cuáles son los sectores que mayoritariamente cuentan con este tipo de contratación o en qué áreas desarrollan su trabajo. De otro lado, al introducir un término como ‘núcleo del negocio’, trasciende la Ley de Tercerización.

 

Esta norma genera desconcierto, pues no resulta clara y deja un amplio margen de ‘interpretación’ (que no debiera) que permite a autoridades administrativas aplicarla según sus propios conocimientos y opiniones, violando el principio de predictibilidad.

 

 

Siendo así, el DS en referencia pone en riesgo cientos de contratos, pues al no tenerse una definición clara, sistémica y coherente, no solo se cuestiona la legitimidad de esta norma, supuestamente reglamentaria de la Ley de Tercerización, sino que, de ser aplicada, se hará con ánimo político y no técnico, afectando a miles de familias peruanas, de acuerdo a la CCLL.

 

En la práctica, esta norma, contraviniendo un principio básico del derecho de la jerarquía normativa, afecta a los emprendedores que, de buena fe, y al amparo de la ley, tienen empresas legítimamente constituidas, que ahora pueden ser cuestionadas, porque podría interpretarse que cualquier actividad podría resultar dentro de aquellas ‘actividades nucleares’, cuando en la ley no existen restricciones sobre este punto.

 

En tal sentido, los trabajadores que laboran dentro de empresas que brindan servicios de tercerización corren el riesgo de perder sus empleos o pasar a la informalidad, con todos los nocivos efectos que eso conlleva, de acuerdo a la CCLL.

 

Asimismo, el gremio empresarial afirma que la citada norma afecta a las empresas, que pueden ver incrementados sus costos de producción, e incluso a las mismas instituciones del Estado que requieren de servicios de terceros para cumplir con sus funciones.

 

Se está contraviniendo el fin básico de la tercerización, que es una forma de organización empresarial por la cual una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una o más empresas tercerizadoras que le proveen de obras o servicios vinculados o integrados a la misma. Por el contrario, la nueva norma, al restar flexibilidad, expone a los ciudadanos a un nuevo incremento en las tarifas de servicios básicos como luz, agua, telefonía y de muchos otros que son de primera necesidad para miles de familias peruanas.

 

El error parte de dar por sentado que todas las empresas abusan de los contratos de tercerización en detrimento de los derechos de los emprendedores y los trabajadores; lo cual no se ajusta a la realidad, pero en donde sea el caso, podría ser subsanado mediante una adecuada supervisión y no llegando a los extremos que propone el decreto.

 

Por todo lo mencionado y teniendo en cuenta que esta norma, emitida en el actual contexto se convierte en un elemento más de inestabilidad económica y social, exhortamos al Gobierno a que tome las medidas correctivas necesarias para no agravar la situación de miles de peruanos.

16
March

nota1web

 

INTRODUCCIÓN1

 

 

El artículo 7 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), indica que los conceptos detallados en los artículos 19 y 20 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (LCTS), aprobada por Decreto Supremo N º 001-97-TR, no son remuneraciones para ningún efecto legal y, en consecuencia, no forman base para el cálculo de los beneficios sociales que se determinan sobre los ingresos que son remunerativos. En este sentido, según el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo (LFE), los conceptos no remunerativos detallados en la LCTS tienen alcance para todo el ordenamiento (como los beneficios sociales), con excepción de la Ley del Impuesto a la Renta que se rige por sus propias normas.

 

 

Debemos tener en cuenta que, el artículo 7 de la LPCL se refiere a los conceptos no remunerativos, pero lo hace de manera taxativa al remitirse a los artículos 19 y 20 de la Ley de CTS. Prácticamente, solo un concepto, las condiciones de trabajo, tienen una mención genérica, pero, pese a ello, con ciertos límites.

 

BASE LEGAL

 

  • Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral – D.S. N° 003-97-TR
  • Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios – D.S. N° 001-97-TR

 

ANÁLISIS

 

¿Qué se entiende por condiciones de trabajo?

 

 

Se entiende por condición de trabajo a los bienes o pagos indispensables para viabilizar el desarrollo de la actividad laboral en la empresa, montos que se entregan para el desempeño cabal de la función de los trabajadores, sean por concepto de movilidad, viáticos, representación, vestuario, siempre que razonablemente cumplan tal objeto y no constituyan un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador.

 

 

Diferencias entre “Remuneración” y “Condiciones de Trabajo”

 

REMUNERACIÓN CONDICIONES DE TRABAJO
Se entregan como contraprestación de los servicios Se entregan para prestar de los servicios
Generan ventaja patrimonial al trabajador No generan una ventaja patrimonial al trabajador
Pueden ser en efectivo o en especie Usualmente en especie; si se entrega en dinero se destinan para cumplir el servicio del mismo
Son de libre disposición del trabajador No son de libre disposición del trabajador
Se entregan cuando hay trabajo efectivo y en ciertos casos de suspensión imperfecta (con goce de remuneraciones) Deberían entregarse solamente cuando existe un trabajo efectivo.
La cuantía se puede determinar por unidad de tiempo o unidad de obra, Simplemente se deberían entregar si son necesarias para la prestación de servicios del trabajador.
Existe un mínimo legal para el trabajo en jornada completa, aplicándose inclusive para los casos de remuneraciones por unidad de obra. En algunas actividades, las condiciones son establecidas expresamente por las normas, en otras derivan de la relación de ajenidad misma.
No se prevé una remuneración máxima, las partes determinan los montos de la remuneración. Se debe entregar las condiciones que resulten necesarias y razonables para la cabal prestación de servicios.
Salvo excepciones, suelen formar parte de la base de cálculo de los beneficios sociales y tributos laborales. No forman parte de la determinación de beneficios sociales ni tributos laborales.
Hay conceptos que están excluidos legalmente de carácter remunerativo. No hay conceptos que estén excluidos legalmente de la definición de condición de trabajo.

 

¿Qué elementos pueden contribuir a determinar la calificación de las condiciones de Trabajo?

 

Los elementos que pueden contribuir a determinar la calificación como condición de trabajo son la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y otros elementos objetivos los que pueden utilizarse (temporalidad, tipo de actividad realizada, funciones del trabajador, etc).

 

La errada aplicación del concepto “movilidad como condición de trabajo”

 

Es recurrente observar como una práctica habitual por parte de los empleadores, aplicar de manera errada el concepto de “movilidad” como condición de trabajo.

 

Veamos los siguientes ejemplos:

 

a) Empresa “X” reconoce el monto de S/ 800 soles en la boleta de pago de su trabajador, por movilidad, el cual es otorgado sin explicación o detalles de las razones de su otorgamiento.

 

b) Empresa “Y” reconoce el monto de S/ 300 soles en la boleta de pago de su trabajador, por movilidad. Concepto que es otorgado, según convenio laboral, como condición de trabajo para el traslado de su domicilio hasta su centro de labores y viceversa.

 

 

Como se puede advertir, en el primer ejemplo, claramente estamos ante un supuesto en el que, no solamente no existe detalle o razones para el otorgamiento del concepto de movilidad, sino también, el monto resulta desproporcional, ya que, suponiendo que se trate de movilidad para traslado, el costeo normal del servicio de taxi puede oscilar entre los 6 y 8 soles.

 

 

Mientras que, en el segundo ejemplo, podemos apreciar todo lo contrario, el empleador ha señalado las razones y motivos del otorgamiento del concepto de movilidad, el cual será destinado para el desplazamiento del trabajador desde su domicilio hasta su centro de labores, y viceversa, aunado que el monto resulta proporcional para tal fin.

 

 

¿Qué nos dice la Corte Suprema respecto a la asignación de la movilidad como condición de Trabajo?

 

Existe un reiterado pronunciamiento jurisprudencial sobre la asignación de la movilidad como condición de trabajo. Así, podemos mencionar la Casación Laboral N ° 8193 – 2015 lLima, en la cual se señaló:

 

 

Las asignaciones por movilidad y racionamiento no tienen carácter remunerativo, sino que se consideran como condiciones de trabajo, por lo que no forman parte de la remuneración computable para el cálculo de los beneficios sociales.

 

CONCLUSIONES

 

  • Es importante que, al momento de otorgarse los conceptos no remunerativos como son las condiciones de trabajo, exista el motivo o las razones de su otorgamiento, conceptos que deben reunir las características de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad.
  • No tener en cuenta las características de los conceptos no remunerativos, podría generar su desnaturalización y, por tanto, facultar al trabajador a solicitar el reintegro de sus beneficios sociales.

 

RECOMENDACIONES

 

  • De otorgársele a los trabajadores conceptos no remunerativos, se deberá Identificar el cumplimiento de las características desarrolladas en el presente artículo.

 

De identificarse algún incumplimiento de las características, Implementar un plan de acción fin de poder regularizar, eliminar y/o reducir la contingencia identificada, a través de la suscripción de convenios laborales, formatos de rendición, adecuación en sus otorgamientos, etc.

 

[1] Artículo elaborado por el Estudio Avizor Legal.

11
March

nota1web

 

leslyeponteok     Por: Leslye Carol Ponte Roncal1.

 

En un mundo globalizado, muchas personas tienen el interés y anhelo de expandirse internacionalmente realizando sus compras en otros países, en especial con China, pero tienen el temor de ser estafados. El comercio internacional es viable siempre y cuando realices tus compras teniendo el conocimiento adecuado.

 

A continuación, comparto algunos tips que te ayudaran a realizar tus compras de una forma segura.

 

TRABAJE CON CARTA DE CRÉDITO. Es el acuerdo por el que el importador-comprador solicita a un banco emisor autorizar a otro banco a pagar a favor del beneficiario-exportador, contra la presentación de ciertos documentos. En el comercio internacional se le considera como un medio de pago privilegiado por la seguridad y equilibrio de riesgos comerciales.  Dentro de las cláusulas de la carta de crédito podría incluir el certificado de inspección; esto quiere decir que, si la fábrica no pasa la auditoría de inspección, el banco no le cancela; así, la fábrica se verá comprometida a entregar el producto de acuerdo a los estándares requeridos.

 

REALICE UN CONTRATO DE COMPRA Y VENTA.  Este documento regula los derechos y obligaciones de cada una de las partes contratantes (vendedor-exportador/comprador-importador) con relación a un determinado objeto, convirtiéndose en un acto jurídico perfecto y la transacción es absolutamente legal. La firma en un contrato por ambas partes da seriedad a la transacción; por lo tanto, en un contrato se debe incluir penalidades por retaso de la entrega, productos faltantes, productos dañados, así como devolución de dinero.   El contrato debe realizarse en el idioma inglés.

 

UTILICE AGENTES FACILITADORES. Suelen ser empresas o personas con formación occidental, pero que viven en China y conocen bien el mercado y sus proveedores. Constituyen un nexo a un mercado vasto y desconocido, ya que, en China, como los hay miles de buenos fabricantes, también los hay malos. Además, un agente facilitador puede ser una persona con contactos, buen guanxi (red de relación interpersonales) que puede abrirle muchas puertas, mediar cuando hay malos entendidos e incluso convertirse en un socio estratégico.

 

COMPRAR EN LAS FÁBRICAS, EVITAR INTERMEDIARIOS. Los intermediarios pueden subir los costos de la operación y agregar complicaciones a la misma. Por ello, es mejor buscar el contacto con el fabricante y hacer los negocios directamente. Una fábrica generalmente está especializada en uno o varios tipos de productos; si hay muchos tipos de productos en el catálogo de su proveedor, entonces es más probable que sea una empresa comercial o intermediario.

 

CONTRATE UNA EMPRESA AUDITORA. Esta auditoría consta de revisar los productos que van a ser embarcados, realizando una revisión cosmética, inventario, medición, pruebas de funcionabilidad para motores, luces, en otros, hasta test de análisis si el producto lo requiere.  Este servicio es muy importante ya que va a cerciorarse que lo que se embarca es lo que usted compró.   Cuando reciba su proforma de la fábrica, la información que se consigne de su producto debe estar bien detallada en cantidades, colores, tallas, medida, número de voltaje, material etc.; esto facilitará que el inspector realice una auditoría exitosa. 

 

SOLICITAR DOCUMENTACIÓN. Es muy importante que antes de realizar el pago hayamos revisado el historial de la fábrica: desde cuándo empezó sus funciones, el monto de capital, número de trabajadores, solicitar su licencia de negocio, así como su licencia de exportación. Lo recomendable es que trabaje con empresas sólidas en el mercado chino.  Para recolectar esta información del perfil de fábrica, una empresa auditora también podría ser de utilidad

 

[1] Gerente general de Imperial Business Consulting, empresa que brinda múltiples servicios en comercio exterior.  Licenciada en administración de empresas con especialización en negocios internacionales.  Cuenta con estudios de comunicación de negocios en India y en Nueva Zelanda.

10
March
  • El evento contó con un interesante conversatorio en el que cada una de ellas compartió sus experiencias desde diferentes frentes durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

 

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Trujillo, 10 de marzo de 2022. Con un emotivo evento, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en el que reconoció a diversas lideresas que destacaron con loables acciones desde diferentes frentes durante la pandemia del COVID-19.

 

La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida ofrecidas por el vicepresidente del Comité Gremial de Servicios Educativos de la CCLL, Humberto Flores Cornejo, en representación del presidente del gremio empresarial, Guillermo Benavides Zavaleta.

 

 

“Durante la pandemia hemos visto la resiliencia de nuestras mujeres liberteñas, quienes han sacado a relucir su fortaleza, su espíritu emprendedor, sus ganas de salir adelante, y su gran capacidad de trabajo desde cualquier espacio que ellas elijan”, mencionó.

 

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Seguidamente, la fundadora y gerente general del Centro de Nutrición y Estética “Marijuan”, María Luz Balarezo Salinas, brindó la conferencia “El rol de la mujer emprendedora en la sociedad como agente de cambio y futuro”, a través de la cual motivó a las asistentes a enfocarse en su desarrollo personal como base para continuar cosechando éxitos.

 

A continuación, se desarrolló el panel “Experiencias de solidaridad en tiempos de COVID-19 por mujeres líderes”, donde previamente a ser reconocidas, estas destacadas liberteñas compartieron las vivencias que experimentaron durante la pandemia, las cuales les dejaron grandes aprendizajes y las ayudaron a crecer en todos los planos de su vida. Cabe mencionar que este espacio estuvo dirigido por la presidenta de Comisión de Promoción de la Mujer Empresaria (Copromesa), Lucía Pérez Obando de Celi.

 

Posteriormente, se les entregó sus respectivos reconocimientos. En la categoría “Mujer promotora de la Cultura” se condecoró a Nora Benott Romero, directora del Proyecto Especial Casa de la Identidad Regional; en la categoría “Mujer promotora de responsabilidad social” a Délida Meléndez Sánchez, directora del Penal de Mujeres de Trujillo; a Blanca Castillo Martell, directora del Hogar de La Niña; y a Jimena Sologuren Arias, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones en Compañía Minera Poderosa. Mientras que en la categoría “Mujer promotora de la salud” se reconoció a Yda Hoyos Álvarez, quien lideró el equipo de enfermeras del Hospital Regional que fabricó equipos de ventilación no invasiva para pacientes con coronavirus en estado moderado.

 

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Finalmente, el brindis de honor estuvo a cargo de la vicepresidenta del Comité Gremial de Servicios Profesionales de la CCLL, Kattya Hoyos Quiroz, quien dio la oportunidad a muchas de las asistentes de brindar unas palabras en conmemoración de su día.

 

Es importante mencionar que este evento contó con el auspicio de: pizzería “Princess King”, Estudio “Villarán y De La Rosa, Colina, Castillo”, restaurante “Big Ben”, concesionario de automóviles “Savi Motors”, Laboratorio Clínico Escalabs, Centro de Salud Ocupacional Escamed y productora y comercializadora de semillas Group Celis.

 

El evento, además, contó tuvo una gran concurrencia de asociadas, quienes disfrutaron del programa especial de la CCLL, que incluyó un show artístico y sorteos; pero, sobre todo, confirmaron su compromiso de seguir luchando por la reivindicación de los derechos de la mujer y su desempeño en la sociedad.

08
March

sunat

 

1Las personas naturales que durante el año 2021 tuvieron un exceso en el pago del Impuesto a la Renta (por retenciones mensuales, abonos directos o gastos deducibles) pueden solicitar vía internet, de manera rápida y sencilla, la devolución de ese monto con abono directo a su cuenta bancaria informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

 

De acuerdo con estimaciones de la entidad, unas 228 mil personas naturales (trabajadores que perciben ingresos como independientes o como independientes y dependientes a la vez) solicitarán la devolución de su saldo a favor, por un monto acumulado de unos S/ 308 millones.

 

Para obtener la devolución, primero deberán presentar su Declaración Anual de Renta 2021, mediante el formulario 709, disponible en el APP Personas o SUNAT Virtual, donde encontrarán información detallada de sus ingresos, retenciones y gastos deducibles para facilitar su declaración.

 

En caso tengan saldo a favor, en ese mismo momento, el sistema le consultará si desea solicitar la devolución y la modalidad de abono, siendo la más rápida y conveniente el abono directo en la cuenta bancaria.

 

 

Si el trabajador no registró previamente el Código de su Cuenta Interbancaria (CCI), o desea actualizarlo, podrá hacerlo en ese momento, en el APP Personas o SUNAT Virtual.

 

 

La cuenta bancaria debe ser en moneda nacional, pertenecer al beneficiario de la devolución y no debe corresponder a una cuenta de Compensación de Tiempo de Servicios (CTS).

 

Una vez presentada la solicitud de devolución, recibirá en el buzón electrónico la constancia respectiva. Aunque el plazo legal para efectuar la devolución es de hasta 45 días hábiles posteriores a su presentación, la SUNAT ha reducido significativamente los plazos de atención de estas solicitudes.

 

Cabe indicar que, en la anterior campaña de renta, más de 216 mil trabajadores que percibieron ingresos como independientes o como independientes y dependientes a la vez, recibieron devoluciones en atención a sus solicitudes presentadas, por un total de S/ 226 millones.

 

En el caso de los trabajadores en planilla (dependientes) que durante el 2021 realizaron gastos deducibles, generando un saldo a favor, la devolución se realizará de manera automática, sin necesidad de presentar la Declaración Anual del Impuesto a la Renta, mediante depósito en su cuenta bancaria, siempre que se haya registrado su Código de Cuenta Interbancaria (CCI) ante la SUNAT.

 

Para más información sobre cómo solicitar su devolución o presentar la declaración, puede ingresar a la Web especializada https://cpe.sunat.gob.pe/.

 

[1] Nota elaborada por SUNAT.

03
March

nota1web 

Por: Javier Orbegoso Saravia1

 

BASE LEGAL

 

Código Civil: De los Artículos 969° al 982°.

 

ANÁLISIS

 

El presente trabajo tiene por objeto dar  a conocer la categoría o institución jurídica cada vez más común entre nosotros, como lo es la Copropiedad; pues abundan los casos en que, por diversas razones (como pueden ser por herencia, por contratos de sociedad, de compraventa, etc.) las personas (naturales o jurídicas) resultan ser copropietarios de bienes inmuebles y se encuentran inmersos en un régimen legal parecido al de la propiedad, pero cuyas diferencias resultan importantes tenerlas en cuenta a fin de llevar adelante una copropiedad dentro de una relación armoniosa entre los copropietarios y, así, evitar conflictos o controversias que puedan desencadenar en situaciones más graves como procesos judiciales que, ciertamente, mientras no se haya resuelto, limita la disposición de la partes alícuotas que le pueda corresponder a cada copropietario. De allí la importancia de conocer bien esta institución jurídica.

 

INTRODUCCIÓN

 

Debemos de empezar este breve estudio señalando que la Copropiedad o Condominio es un derecho real de propiedad sobre un bien que, al mismo tiempo, pertenece a más de una persona, sea esta natural o jurídica. Estas personas ejercen su derecho de propiedad sobre cuotas o partes ideales de dicho bien. Esas cuotas o partes ideales están establecidas, generalmente, en porcentajes de participación para cada copropietario, sino se han establecido porcentajes se presume que los copropietarios lo son en partes iguales. Ahora bien, es importante reiterar que ninguno de los copropietarios ejercer el derecho de propiedad sobre una parte determinada del bien, sino que cada copropietario tiene un derecho proporcional sobre la cuota de su propiedad. De lo dicho se desprende una consecuencia lógica que diferencia el régimen de Copropiedad con el la Propiedad que resulta importante señalarla, también, desde esta parte introductoria del presente trabajo, nos referimos a la coexistencia de dos ámbitos de actuación: uno referido a la actuación individual de cada copropietario y otro referido a la actuación colectiva de los copropietarios en su conjunto, pues estos tendrán que tomar decisiones sobre el bien sujeto al régimen de copropiedad, por unanimidad o por mayoría absoluta. Siendo que, en caso hubiera un empate, la decisión la tomará un juez, conforme lo establece el Artículo 971° de nuestro Código Civil.

 

DEFINICIÓN DE COPROPIEDAD

 

Nuestro Código Civil define a la Copropiedad en su Artículo 969° el cual establece: “Art. 969.- Definición. 

 

 

Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas.”

 

 

El maestro Max Arias Schereiber Pezet en su Exégesis del Código Civil Peruano de 1984 señala, a partir de la definición dada por el Código Civil, las siguientes características de la Copropiedad:

 

- La existencia de un bien determinado (o varios bienes).

- La pluralidad de sujetos, proyectados hacia el mismo bien o bienes.

- La particularidad de que sus derechos estén representados por cuotas ideales o porcentajes y no sobre partes materiales del bien o bienes.

 

A partir de lo citado podemos concluir que la Copropiedad supone o implica el derecho de propiedad de dos o más personas sobre un mismo bien que está indiviso; ese derecho de propiedad (individual de cada copropietario) se contrae o refiere a una cuota ideal la cual ha sido establecida en función a un porcentaje de la totalidad del bien común o, en su defecto si no se ha establecido en el contrato o el título o la ley, se considera la división de los porcentajes en partes iguales. Debiéndose tener presente que las cuotas o porcentajes no se refieren a una parte en particular del bien; en otras palabras, no hay propiedad exclusiva.

 

A manera de ejemplo podemos citar los siguientes:

 

Juan es propietario de un terreno de 1,000 m2., y es padre de 3 hijos. Al fallecer Juan los hijos heredan en partes proporcionalmente iguales dicho terreno (su cuota ideal), convirtiéndose en copropietarios del terreno en función al porcentaje que les ha tocado. Ellos son propietarios de su porcentaje (el cual no está referido a una parte específica del terreno y, por lo tanto, no se sabe de qué parte del terreno son propietarios) y copropietarios de todo el terreno que heredaron, tendiendo cada uno de ellos un 33.33 % de acciones y derechos.

 

Otro ejemplo es el siguiente: una pareja de esposos casados bajo el régimen de sociedad de gananciales compran una casa. Luego se divorcian. Al suceder esto la casa que compraron, previos trámites de ley, deja de ser un bien de propiedad de la sociedad conyugal (es decir, deja de ser un bien social) y cambia al régimen de copropiedad por el cual esa casa pasa a ser de copropiedad de los dos ex esposos. Si después de haber hecha la liquidación de la sociedad de gananciales se determina que no hay ninguna implicancia respecto de algún ex cónyuge, ese bien que era social pasa a pertenecer a cada ex cónyuge en proporciones iguales, es decir, ahora, cada ex cónyuge es propietario del 50% de acciones y derechos del bien y copropietarios del todo el bien. Lo mismo que en el caso anterior, no se sabe a qué parte específica del bien corresponde su propiedad, porque es un bien indiviso. Eso se sabrá cuando se extinga la copropiedad.

 

Otro ejemplo Luis y Pedro deciden comprar conjuntamente un terreno para dedicarlo a la producción agrícola. El terreno es de 20 Has y su precio es de US$ 200,000.00. Luis aporta la cantidad de US$ 150,000.00 y Pedro la cantidad de US$ 50,000.00; por tanto, la cuota ideal de Luis es el 75% de acciones y derechos del terreno; y la cuota ideal de Pedro es el 25% de acciones y derechos. Nuevamente, al estar indiviso el terreno no se sabe a qué parte específica corresponde cada porcentaje de sus acciones y derechos.

 

De los ejemplos dados, se puede advertir un origen diverso de la copropiedad, la cual no tiene una regulación específica en cuanto a su nacimiento y origen, pues éste puede ser legal, voluntario y hasta judicial.

 

NATURALEZA TRANSITORIA DE LA COPROPIEDAD

 

La naturaleza transitoria de la copropiedad se da porque entraña en sí misma una contradicción, pues implica la pluralidad de propietarios sobre un mismo bien; lo que supone, a su vez, un conflicto con el carácter exclusivo y excluyente de la propiedad. Efectivamente, el derecho real de Propiedad es el derecho real por excelencia por el cual el propietario de una cosa es el único que decide sobre ella. Es decir, hay una exclusividad sobre el derecho del bien y, además, una exclusión respecto de otros porque es el propietario el que ejerce soberanía sobre el bien que es de su propiedad. Estos aspectos o características del Derecho de Propiedad se ven menguadas o relativizadas en la Copropiedad, en donde, si bien es cierto, cada copropietario es dueño de su porcentaje de cuotas ideales, al momento de tomar decisiones sobre la totalidad del bien indiviso sujeto a copropiedad, las decisiones sobre actos de disposición, gravar, o arrendarlo, darlo en comodato o introducir modificaciones tienen que ser tomadas por unanimidad. Por mayoría absoluta en los actos relativos a la administración ordinaria, siendo que en este caso los votos se computan por el valor de las cuotas. En caso de empate, por un juez, tal y conforme lo establece, en el caso peruano, el Artículo 971° del Código Civil.

 

Como se ve, en la práctica resulta ser más complicado tomar decisiones sobre un bien sujeto al régimen de copropiedad. Estas complicaciones inducen a que los copropietarios tarde o temprano den fin a dicho régimen y opten por la división y partición del bien común.

 

¿QUÉ ES LA CUOTA IDEAL?

 

También denominada Parte Alícuota o Cuota-Parte. Es el porcentaje de participación que le corresponde a cada copropietario del bien común. Si bien es cierto que esta cuota ideal le da derecho de propiedad sobre ese porcentaje del bien a cada copropietario, también lo es que, al estar el bien indiviso, su derecho de copropiedad se extiende a la totalidad del bien, pero sin identificarse con una parte determinada del bien común. En este orden de ideas, podemos afirmar que la alícuota le da derechos al copropietario sobre la totalidad del bien, en tanto, por ejemplo y como ya hemos dejado adelantado, al momento de tomar decisiones sobre el bien común el resto de copropietarios tienen que consultarle y éste decidir con su voto. Pero, a su vez, no le da derechos propiamente, sobre su un área o porción determinada que le pueda corresponder a su alícuota, porque no se sabe cuál es esa área, al estar el bien común indiviso. Siendo esto así, el copropietario no puede ejercer dominio de una parte determinada del bien común.

 

Veamos lo que, sobre el particular, prescribe nuestro Código Civil:

 

“Art. 970.- Cuotas de los copropietarios.

 

Las cuotas de los copropietarios se presumen iguales, salvo prueba en contrario.

 

El concurso de los copropietarios, tanto en los beneficios como en las cargas, está en proporción a sus cuotas respectivas.”

 

 

La norma establece como regla la presunción de igualdad de las cuotas. Obviamente esta presunción se aplica cuando en el título o la ley, no se haya especificado la participación o los porcentajes que le puedan corresponder a cada copropietario.

 

Lo prescrito en el segundo párrafo de la norma resulta también algo que hay que tener muy en cuenta, pues como el referido dispositivo legal señala el concurso de los copropietarios no solamente se da en los beneficios, sino también en las cargas y obligaciones, siendo que dicha participación tanto para uno u otro caso, está en función de la proporción de las cuotas o porcentajes respectivos. Así, por ejemplo: María y Ángela son copropietarias de un inmueble en la siguiente proporción: 70% y 30%, respectivamente. Luego ese inmueble lo alquilan a razón de S/. 1,000.00 mensuales. Estando a la participación de porcentajes o, lo que es lo mismo, sus respectivas alícuotas, le corresponde a María obtener 700 soles del alquiler y a Ángela 300 soles mensuales, respectivamente. Eso en cuanto a los beneficios. En cuanto a las cargas u obligaciones, como puede ser en el caso del ejemplo, el pago del Impuesto Predial, corresponderá pagar a María el 70% de dicho impuesto y a Ángela solamente el 30% del impuesto. De igual manera, los gastos que ocasione el bien común serán asumidos por los copropietarios en función a su participación del porcentaje de su cuota ideal; conforme y de manera concordada se indica en el Artículo 981° del mismo código.

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS

 

  • Uso del bien común: Este derecho está previsto en el Artículo 974° del Código Civil, el cual establece:

“Cada propietario tiene derecho a servirse del bien común, siempre que no altere su destino ni perjudique el interés de los demás.

El derecho de usar el bien común corresponde a cada copropietario. En caso de desavenencia el juez regulará el uso, observándose las reglas procesales sobre administración judicial de bienes comunes.”

  • Indemnización por Uso: Establecido en el Artículo 975° del Código Civil, el cual a la letra dice:

“El copropietario que usa el bien parcial o totalmente con exclusión de los demás, debe indemnizarles en las proporciones que les corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 731°.”

  • Derecho de Disfrute: Previsto en el Artículo 976° del Código Civil, que señala:

“El derecho de disfrutar corresponde a cada propietario. Estos están obligados a reembolsarse proporcionalmente los provechos obtenidos del bien.”

  • Condicionalidad de la validez de los actos de la propiedad exclusiva: Condición establecida en el Artículo 978 del Código Civil, el cual prevé:

“Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto.”

  • Reivindicación y defensa del bien común: Regulada en el Artículo 979° del Código Civil, el cual señala:

“Cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Asimismo, puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la ley.”

  • Copropiedad y mejoras: Aspecto regulado en el Artículo 980° del mismo cuerpo legal. El cual prescribe:

“Las mejoras necesarias y útiles pertenecen a todos los copropietarios, con la obligación de responder proporcionalmente por los gastos.”

  • Gastos de conservación y cargas del bien común: Situación regulada en el Artículo 981 del mismo código. Dispositivo que señala lo siguiente:

“Todos los copropietarios están obligados a concurrir, en proporción a su parte, a los gastos de conservación y al pago de los tributos, cargas y gravámenes que afecten al bien común.”

  • Saneamiento por evicción del bien común:  Prevista en el Artículo 982° conforme al siguiente tenor:

“Los copropietarios están recíprocamente obligados al saneamiento en caso de evicción, en proporción a la parte de cada uno.”

 

EXTINCIÓN DE LA COPROPIEDAD

 

  • De conformidad con lo previsto en el Artículo 992° de nuestro Código Civil, la copropiedad se extingue por las siguientes causales:
  • División y Partición del Bien Común: La Partición es el instrumento o la herramienta para hacer de las partes ideales o alícuotas del bien común que no están determinadas, en partes concretas e individualizada, tornándolas, ahora si, en propiedad exclusiva. La Partición es una facultad que le asiste a cada copropietario y, ciertamente, gran parte de la doctrina conviene en considerarlas como un derecho potestativo que se le otorga a cada copropietario la posibilidad de solicitarla y poner fin al régimen de copropiedad,
  • Reunión de todas las cuotas partes en un solo copropietario: Aquí la norma alude a lo que en Derecho se conoce también como Consolidación, lo cual sucede cuando ante la existencia de varios copropietarios uno de ellos se hace de las cuotas ideales de los otros, ya sea como consecuencia de un solo acto o de actos sucesivos. Esta forma de extinguir la copropiedad se puede dar por diversas causas como pueden ser la adquisición simultánea o sucesiva por parte de un copropietario de las cuotas ideales de los otros copropietarios. También puede darse por el ejercicio del derecho de preferencia, la sucesión por muerte de un copropietario, cuando el que sucede es su heredero, etc.
  • Destrucción total o pérdida del bien: Situación que sucede cuando el bien de extingue, deja de existir por una situación o fuerza irresistible. En la realidad se han dado casos en que por fuerzas de la naturaleza como lo pueden ser aluviones o inundaciones ha desaparecido predios enteros. “El río se lo ha llevado”, se suele escuchar en estos casos; casos que, en nuestra experiencia hemos sido testigos de circunstancias como esa. También puede suceder en un caso de sismo de algún inmueble en condómino que forma de parte de un edificio y éste, por causa del sismo, se desploma. La extinción de la copropiedad por destrucción total o pérdida del bien resulta ser una forma de extinción no solamente de la Copropiedad, sino también de los demás derechos reales.
  • Enajenación del bien a un tercero: Debiéndose entender como enajenación para el presente caso y no entrar en mayores disquisiciones a la transferencia ya sea a título oneroso o gratuito que hagan los copropietarios a un tercero
  • Pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios: Esta forma extinción de la Copropiedad ha sido harto discutida y debatida, pues habría que preguntarse ¿cuándo pierden el derecho de propiedad los copropietarios? El abanico de posibilidades es amplio y, al ser tan general dicha norma, entendemos que se tienen que considerar todas las posibilidades, como lo pueden ser la expropiación, la prescripción adquisitiva por parte de un tercero, la ejecución forzosa, hasta cabría la posibilidad que también por accesión se pierda o extinga la Copropiedad.

 

CONCLUSIONES

 

  • La Copropiedad o Condominio es un derecho real de propiedad sobre un bien que, al mismo tiempo, pertenece a más de una persona, sea esta natural o jurídica. Estas personas ejercen su derecho de propiedad sobre cuotas o partes ideales de dicho bien.
  • La Copropiedad tiene naturaleza o carácter transitorio pues, en puridad, no es compatible con las características esenciales del Derecho de Propiedad, como lo es la exclusividad y la exclusión, lo que le augura temporalidad mucho menor a dicho derecho. Pues para ejercer a plenitud el derecho de propiedad se necesita de dichas características, muy limitadas en el régimen de la Copropiedad.
  • La Cuota Ideal es el porcentaje de participación que le corresponde a cada copropietario del bien común.
  • El concurso de los copropietarios, tanto en los beneficios como en las cargas, está en proporción a sus cuotas respectivas.

 

RECOMENDACIONES

 

A la luz del presente trabajo, queda claro la importancia que los abogados y las personas en general, tengan presente la noción de Copropiedad y sus demás regulaciones. Ello es así, porque no son pocos los casos en que, por diversas razones (sucesión intestada, divorcio, o contratos de sociedad o compraventa, etc.) las personas naturales o jurídicas se encuentran ante esta figura o institución jurídica. Por tanto, su conocimiento se torna de interés e importancia en un escenario social en el cual el dinamismo inmobiliario continúa siendo un rubro importante de nuestra economía.

 

[1] Jefe de la División de Derecho Corporativo del Estudio Avizor Legal.

01
March

SUNAT CERTIFICADO DIGITAL

 

1Las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), que a partir del mes de abril tendrán la obligación de emitir facturas electrónicas, pueden implementar sus sistemas de emisión a menor costo utilizando el Certificado Digital Tributario que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) viene entregando de manera gratuita desde el 2020.

 

Este certificado, que tiene una vigencia de tres años, es una credencial electrónica indispensable para garantizar, mediante firma digital, que los comprobantes emitidos desde los Sistemas del Contribuyente, el Facturador SUNAT o un Operador de Servicios Electrónicos (OSE), corresponden al contribuyente que está efectuando la operación comercial.

 

Como se sabe, para los contribuyentes que durante el año 2019 obtuvieron ingresos en el rango de 96,600 a 315,000 soles (de 23 UIT a 75 UIT), la obligación de la emisión electrónica, respecto de facturas inició el 01 de enero del 2022 y, respecto de boletas de venta inicia el 01 de abril del presente.

 

Asimismo, para el caso de contribuyentes que durante el año 2019 obtuvieron ingresos menores a 96,600 soles (23 UIT), la obligación de emitir facturas electrónicas se inicia el 1 de abril de este año y boletas de venta electrónica el 1 de junio.

 

De esta manera, al término del primer semestre todas las Mypes deberán emitir boletas y facturas electrónicas este año, teniendo la posibilidad de acceder al certificado sin costo alguno, lo que facilitará la implementación de sus sistemas de emisión de comprobantes electrónicos.

 

Pasos para obtenerlo Obtener el certificado digital para los CPE es sencillo. Puede solicitarse desde el portal www.sunat.gob.pe, ingresando al módulo SUNAT Operaciones en Línea (SOL) con la Clave Sol y, en la sección “Empresas”, acceder a “Comprobantes de Pago”, “Certificado Digital Tributario” y dar clic a la opción de solicitud, aceptando los términos y condiciones.

 

Los requisitos son: contar con el RUC activo, estar afecto al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, no encontrarse inscrito en el registro de Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) o de Proveedores de Servicios Electrónicos (PSE), entre otros.

 

A la fecha más de 79 mil Micro y Pequeñas empresas han obtenido de manera gratuita el Certificado Digital Tributario para implementar sus sistemas de facturación electrónica. El plazo para acceder a este beneficio es hasta el 31 de diciembre del presente año.

 

Finalmente, se debe indicar que el acceso al certificado también se encuentra disponible para aquellos que, ya siendo emisores electrónicos, requieran obtenerlo para seguir emitiendo sus comprobantes de pago electrónicos, reduciendo así los costos de emisión que puedan estar generando.

 

 

Para obtener más información sobre este beneficio y cómo obtenerlo, los contribuyentes pueden comunicarse con la Central de Consultas telefónicas al 0-801-12-100 o 315-0730, y desde su celular llamando al *4000, visitar cualquiera de los Centros de Servicios al Contribuyente ubicados en todo el país, o ingresar al portal especializado https://cpe.sunat.gob.pe/.

 

[1] Nota elaborada por SUNAT.

01
March

nota1web

 

dr.rubensaavedra     Por: Dr. C.P.C. Rubén Saavedra Rodríguez1.

 

El presente artículo tiene por objeto detallar la regla regulada en la Ley del Impuesto a la Renta (LIR, en adelante) para la deducción de gastos financieros; la cual será aplicable a partir del ejercicio 2021, es decir, en la Declaración Jurada anual a presentarse en marzo y abril del presente año.

 

 

Como es de conocimiento, el Decreto Legislativo N ° 1424 estableció que el límite para la deducción de los gastos por intereses se determinará en función al 30 % del EBITDA del contribuyente del ejercicio anterior. Para estos efectos, lo primero que hay que resaltar es que, por un lado, los intereses que se van a tomar en cuenta para efectos del cálculo son los intereses netos, los cuales son la diferencia entre los gastos por intereses menos los ingresos por intereses. Por otro lado, se entiende como “EBITDA tributario” a la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y amortización. Todo esto, al amparo de la LIR.

 

Cabe resaltar que este límite, al igual que en la regla anterior, no es aplicable a contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable sean menores o iguales a 2500 UIT; así como a las empresas del sistema financiero, contribuyentes que estén en proyectos de APP (o intereses relacionados a estos proyectos) y a los endeudamientos por emisión de valores mobiliarios. Además, sigue vigente la deducción de intereses de fraccionamiento conforme al Código Tributario, los cuales no entran al cálculo del 30 %. Por su parte, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 432-2020-EF (publicado el 31.12.2020) dispuso que los contribuyentes que se constituyan o inicien actividades en el ejercicio 2021 considerarán el EBITDA de dicho ejercicio.

 

Sobre la aplicación de esta nueva regla, existían una serie de dudas que han podido ser esclarecidas (en parte) por el Decreto Supremo N ° 402-2021-EF, publicado el 30.12.2021, el cual modifica el inciso a) del artículo 21 del Reglamento de la LIR (RLIR, en adelante) y lo adecúa a la regla en comentario.

 

 

Así, por ejemplo, la regulación en la LIR no especificaba cómo iban a calcular el 30 % del EBITDA los contribuyentes que obtengan un saldo negativo luego de deducidas las pérdidas en el ejercicio anterior. En este caso, el RLIR ha especificado que el EBITDA será igual a la suma de los intereses netos, depreciación y amortización deducidos en dicho ejercicio. En otras palabras, en los casos en que en el ejercicio anterior haya un saldo negativo, lo único que se tomará en cuenta será la suma de los conceptos antes indicados. Es decir, los contribuyentes nunca tendrán un EBITDA cero o negativo.

 

 

Otro punto que ha sido esclarecido es el relacionado a lo regulado en la LIR en donde se indica que los intereses que no hubieran podido ser deducidos en el ejercicio por exceder el límite, podrán ser adicionados a aquellos correspondientes a los 4 ejercicios siguientes. Al respecto, quedaba la duda de qué saldo debías deducir primero: si el saldo del ejercicio corriente o saldo de los ejercicios más antiguos que ya venías arrastrando. La norma se ha inclinado por señalar que se debe tomar, en primera instancia, el saldo del ejercicio más antiguo que ya venías arrastrando; con el límite temporal siempre de que solo sean los 4 ejercicios anteriores. Asimismo, también se indica que estos 4 ejercicios serán contados a partir del ejercicio siguiente al de la generación de cada interés neto.

 

Como bien es sabido, para efectos de las Declaraciones Juradas anuales, se deben tener presente los pronunciamientos emitidos por la Administración Tributaria a través de sus informes, esto con la finalidad de evitar contingencias tributarias. A continuación, se detallan los informes más relevantes:

 

En primer lugar, en el Informe N ° 094-2021-SUNAT, la Administración Tributaria aclara que el EBITDA regulado en la LIR es un EBITDA basado en conceptos tributarios y no contables. Así, el concepto de “renta neta” es el que se determina a partir de lo establecido en el artículo 37 y 44 de la LIR. Además, concluye que cualquier otra norma que incida en la determinación del impuesto, directa o indirectamente, será igualmente aplicable para efectos del cálculo del EBITDA. Asimismo, en cuanto a la deducción de la amortización de intangibles, el mismo Informe ha indicado que sólo se considerará dentro de la amortización para el cálculo del EBITDA la amortización realizada en el plazo de 10 años.

 

En segundo lugar, el Informe N ° 013-2020-SUNAT ha tocado 3 importantes materias con respecto a si ciertos conceptos entran o no al cálculo de esta nueva regla. Así, se consulta por los gastos por intereses derivados de operaciones de crédito efectuadas con sujetos situados en países o territorios no cooperantes de baja o nula imposición (inciso m) del artículo 44 de la LIR) y por los intereses generados por un contrato de arrendamiento financiero o leasing entran al cálculo o no. La Administración Tributaria indica que a estos dos conceptos también les resulta aplicable lo regulado en la nueva regulación. Por su lado, no le resulta aplicable al gasto del cedente en las operaciones de factoring sin recurso, pues el gasto del cedente retribuye la prestación de un servicio que no es de financiamiento, por lo que dicha retribución no constituye un interés.

 

En tercer lugar, en el Informe N ° 059-2020-SUNAT se precisa la deducción de gastos en etapa preoperativa (inciso g) del artículo 37 de la LIR) y su vinculación con la nueva regla. Si bien el Informe se emitió con una regulación anterior, la opinión de la SUNAT se podría mantener en la nueva regla. A esta consulta, la Administración Tributaria señala que ambos inicios (el a) y el g) del artículo 37) tienen finalidades diferentes, pues el primero constituye un mecanismo antielusivo, mientras que el segundo regula la oportunidad en que pueden ser deducidos los intereses generados en etapa preoperativa. Por ello, indica que ambos incisos no se contraponen al tener fines distintos, por lo que considera que sí es aplicable la regla del inciso a) del artículo 37 a la deducción de estos intereses.

 

 

Finalmente, consideramos relevante tener en cuentas las precisiones anteriores y los criterios interpretativos establecidos por la SUNAT a fin de prevenir cualquier tipo de contingencia tributaria.

 

[1] Abogado, contador público, doctor en Derecho, máster en Derecho Tributario, docente universitario, consultor tributario. También es miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de CCLL y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad.