EL GREMIO MÁS IMPORTANTE DEL NORTE DEL PAÍS              

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31
January
  • Conozca las recomendaciones que brinda el gremio empresarial para evitar ser víctima de estas personas inescrupulosas.

 

alerta mineria convocatoria

 

Trujillo, 31 de enero de 2022. Como es sabido, las oportunidades de empleo formal que generan las empresas mineras en forma directa e indirecta son de las más apreciadas por profesionales y técnicos de la región, entre otros aspectos por el nivel salarial superior al promedio y las oportunidades de desarrollo que ofrecen.

 

Sin embargo, ante la aparición de personas y organizaciones inescrupulosas que suplantan a las más reconocidas empresas mineras que operan en nuestra región, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) invoca a la población a no dejarse sorprender por convocatorias laborales falsas, que confunden a los interesados al utilizar los logos y nombre de reconocidas empresas e incluso creando perfiles falsos en redes sociales.

 

Para evitar ser engañados por estas inescrupulosas personas, el gremio empresarial recomienda verificar que los medios por los que se publican las ofertas laborales sean los oficiales, que las fuentes y los datos de las personas de contacto sean correctos, así como principalmente desconfiar si se solicita algún tipo de pago como parte del proceso de selección.

 

 

La CCLL realiza este llamado de alerta a los ciudadanos que se encuentran en busca de una oferta laboral y expresa su preocupación ante esta situación, en atención a la información que le ha sido comunicada por algunas de las más representativas empresas mineras que conforman el gremio empresarial, las cuales desean evitar que más ciudadanos sigan siendo víctimas de esta modalidad de estafa.

 

Cabe mencionar que, la minería formal es sin duda una de las actividades económicas más importantes para apoyar el crecimiento económico de La Libertad, que en la actualidad continúa disminuyendo su producción en términos agregados, debido a la menor producción de algunas unidades mineras, como el caso de la mina Lagunas Norte, que es una de las que menos nivel de producción registró en el último año y que aún proyecta un nivel conservador para el 2022.

 

 

Sin embargo, la buena noticia es que la región tiene un alto potencial minero por poner en valor, así como recursos con mineralizaciones más complejas que, con tecnología moderna se pueden recuperar y procesar. En todos los casos requiere de una importante inversión privada en exploraciones y proyectos que, en el mediano y largo plazo podría en forma progresiva generar más oportunidades de trabajo en los diversos campos que la minería requiere, así como generar mayores beneficios económicos para la región.

28
January

contratoweb

 

JCT1     Por: Dr. José Carlos Tuesta Salazar y Dr. Dany Llaque Huamán1.  DLL 

 

El sector inmobiliario en nuestro país, se ha visto afectado por la crisis generada por la pandemia del Covid-19, lo cual ha generado que, un gran porcentaje de los compradores de las unidades inmobiliarias bajo el esquema de venta de bien futuro, se desistan del proceso de compra, ante la imposibilidad económica de poder cumplir con el pago de las cuotas pactadas.

 

Frente a esto, y como es frecuente en dichos contratos, es derecho entre las partes, fijar cláusulas penales por incumplimiento, que regulen situaciones en los que deliberadamente una de las partes no concretiza la operación de compra. Podríamos decir que, en promedio, dichas cláusulas penales oscilan en un 10 % del valor de venta de la unidad inmobiliaria.

 

Toda vez que, los servicios inmobiliarios, están regulados por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, es el Indecopi, quien actualmente viene iniciando procesos sancionadores de oficio, contra las empresas del sector inmobiliario y de construcción, a fin de detectar si en la redacción de los contratos de compra venta de bienes futuros, la empresa inmobiliaria a incluido cláusulas abusivas, que ameriten una sanción pecuniaria por parte del ente regulador, que dependiendo de la cantidad de consumidores afectados puede ascender hasta 450 UIT en contra de la empresa inmobiliaria.

 

Sin embargo, salvo situaciones extremas de caso fortuito o fuerza mayor, los incumplimientos en la conclusión de la venta, pueden originarse en diversos factores no solo atribuibles a la inmobiliaria, sino también al consumidor, caso en el cual las cláusulas penales, que no son otra cosa que cláusulas de resarcimiento, tienen la función de equilibrar los impactos patrimoniales que pueden sufrir las partes.

 

Pero ¿cuándo estamos ante una cláusula abusiva? La ley señala que, en los contratos por adhesión, se consideran cláusulas abusivas, todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente, que coloquen al consumidor en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos. De igual modo, para poder identificar, si la cláusula de un contrato, tiene la condición de cláusula abusiva, se debe de cumplir con ciertos requisitos, los mismos que, según la resolución final emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi, recaída en la Resolución N° 2002-2017/SPC-INDECOPI, son los siguientes: (i) Que no haya existido una negociación entre el consumidor y el proveedor, respecto del contenido de la cláusula materia de cuestionamiento; y, (ii) que exista desproporción injustificada entre los beneficios, riesgos y costos asumidos por ambas partes en perjuicio del consumidor.

 

Actualmente, hemos podido identificar que, en la redacción de los contratos de compra venta de inmuebles, muchos de los contratos estarían incursos en estas causales, y podrían ser luego merituadas por la autoridad administrativa como cláusulas abusivas, lo cual, genera un peligro latente en las empresas de ser sancionadas con multas onerosas. Esto sin perjuicio, de que cada empresa inmobiliaria debe hacer valer la fuerza y obligatoriedad de sus contratos, y el precepto de que la autoridad administrativa no puede modificar los pactos contractuales válidos entre las partes.

 

Por ello, sugerimos que las empresas inmobiliarias, deben de adecuar sus contratos de compra venta e implementar procedimientos internos, que permitan mitigar el riesgo de poder ser sancionados por incluir dentro de sus contratos estas cláusulas, que bajo el parámetro de control del Indecopi, son consideradas abusivas; y aunque judicialmente esto pueda ser revertido según nuestra experiencia, no está demás prevenir contingencias con una adecuada revisión contractual.

 

[1] Informe elaborado por Dr. José Carlos Tuesta Salazar y Dr. Dany Llaque Huamán, miembros del equipo de Derecho Inmobiliario del estudio TUESTA & SEDANO, ABOGADOS.

26
January

ong

 

dr.rubensaavedra     Por: Dr. C.P.C. Rubén Saavedra Rodríguez1.

 

Antecedentes

 

Como es de conocimiento, el literal b) del Art. 19 de la Ley del Impuesto a la Renta contiene una exoneración de las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro, en este caso nos referiremos únicamente a estas últimas. Para acceder a esta exención, la norma antes citada obliga al cumplimiento de las siguientes condiciones:

 

Adicionalmente, la asociación sin fines de lucro deberá solicitar su inclusión en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta.

 

Ahora bien, respecto a la aplicación de esta exoneración suelen aparecer ciertas dudas, como, por ejemplo:

 

 

  • ¿Bajo este supuesto es posible obtener renta exonerada y renta gravada?
  • ¿La asociación sin fines de lucro puede realizar otras actividades no relacionadas a sus fines específicos sin perder la exoneración?
  • Si el instrumento de constitución contiene además otros fines distintos a los descritos por la norma ¿es posible mantener la exoneración y pagar impuesto a la renta por las rentas provenientes de las actividades relacionadas a dichos fines?

 

Análisis

 

Respecto a la primera interrogante, debemos recurrir al primer párrafo de la norma:

 

Art. 19°. - Están exonerados del Impuesto hasta el 31 de diciembre de 2023. (…) “b) Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro…

 

Se aprecia de la redacción del propio artículo, que hace referencia a “las rentas”, y no solo a la renta proveniente de cierta actividad. En tal sentido, podemos asumir que bajo este supuesto de exoneración se abarca la “totalidad de las rentas”, por lo cual se infiere que no es posible obtener al mismo tiempo rentas exoneradas y rentas gravadas. Esta exoneración del impuesto a la renta es total, y en caso de perderse dicho beneficio, se pierde sobre todas las rentas de la asociación sin fines de lucro, no existen supuestos intermedios.

 

La referencia a la expresión “la totalidad de las rentas” ha sido recogida en el Informe N° 222-2009-SUNAT/2B0000, que posteriormente fue aclarado con la Carta N° 008-2011-SUNAT/200000. Dicha carta nos permite responder la siguiente interrogante, ¿La asociación sin fines de lucro puede realizar otras actividades no relacionadas a sus fines específicos sin perder la exoneración? Veamos:

 

  • “Como puede apreciarse, si una asociación sin fines de lucro realiza cualquier actividad mercantil cuyo rendimiento constituye renta de tercera categoría, este se encontrará exonerado en aplicación del inciso b) del artículo 19° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, siempre y cuando la asociación cumpla con los requisitos antes mencionados.”

 

Así mismo, en párrafos posteriores de la norma bajo comentario, se señala que (excepcionalmente) no se incurrirá en distribución indirecta de rentas, si las rentas generadas por el uso de bienes de la entidad en actividades no comprendidas en sus fines, se destina a tales fines.

 

En tal sentido, podemos afirmar que existe una clara distinción entre los “fines” y las “actividades” en una asociación. La regla de exclusividad de fines, señalada anteriormente, no limita las posibilidades de obtener recursos por parte de las asociaciones sin fines de lucro, sino que obliga a que su uso sea destinado únicamente a los fines de beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o de vivienda. Tales afirmaciones también se encuentran respaldadas por el Tribunal Fiscal, de acuerdo a las RTF Nos 891-3-1997 y 1511-3-2003.

 

Finalmente, resta aclarar lo que ocurre cuando el instrumento de constitución recoge otros fines no mencionados por la norma. Al respecto, hace pocos meses se ha publicado el Informe N° 091-2021-SUNAT/7T0000, en el cual en resumidas cuentas se consulta lo siguiente:

 

  • Una asociación sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprende fines como “proteger, promover y difundir todas aquellas acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente…”, “promover y difundir una cultura de paz mediante la conciliación, arbitraje y otros mecanismos de solución de conflictos…”, “brindar servicios y actividades que fortalezcan la competitividad, gestión y liderazgo de sus asociados…” ¿se encuentra exonerada del Impuesto a la renta?

 

En todos los casos, la SUNAT consideró que no se encontrarían exoneradas, incluso si su estatuto señalara que se reinvierten todos los ingresos obtenidos en los fines de la institución, puesto que incumplen el requisito de exclusividad de fines. Por lo tanto, a fin de evitar contingencias, es preferible que de los estatutos de una asociación se desprenda de forma indubitable que el alcance de los fines sea exclusivamente los previstos en el literal b) del artículo 19 de la LIR, criterio que comparte el Tribunal Fiscal de acuerdo a las RTF Nos 4179-4-2007, 5990-3-2009 y 12297-9-2013.

 

[1] Abogado, contador público, doctor en Derecho, máster en Derecho Tributario, docente universitario, consultor tributario. También es miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de CCLL y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad.

21
January

young attractive businesswoman making notes in notepad at her working place

     

Conoce los alcances de la Ley N° 31396, publicada el día 18 de enero en el Diario Oficial “El Peruano”.1

 

Mediante Ley N° 31396 publicado el día 18 de enero de 2022, en el Diario Oficial “El Peruano”, se ha declarado el reconocimiento de las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral y modifica el Decreto Legislativo N° 1401, de acuerdo con lo siguiente:

a. Alcances:

Reconocer como experiencia laboral las prácticas preprofesionales y las prácticas

profesionales realizadas por los estudiantes y egresados de las instituciones de educación superior universitaria y no universitaria en las diversas instituciones públicas y privadas.

b. Ámbito de aplicación:

Se aplica a todas las entidades comprendidas en el Decreto Legislativo 1401, Decreto que aprueba el Régimen Especial que Regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público, y en la Ley 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.

c. Reconocimiento de prácticas en el sector público y privado:

  • Las prácticas preprofesionales que realizan los estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria, ya sea en instituciones públicas o privadas por un periodo no menor de tres meses o hasta cuando el estudiante adquiera la condición de egresado, son reconocidas como experiencia laboral para su desempeño en la actividad pública y privada.
  • Las prácticas profesionales que realizan los egresados de educación superior universitaria y no universitaria, ya sea en instituciones públicas o privadas por un periodo de hasta un máximo de veinticuatro meses son reconocidas como experiencia laboral para su desempeño en la actividad pública y privada.
  • Las prácticas preprofesionales y continuidad como prácticas profesionales, que realizan los estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria en la misma institución pública o privada por un periodo no menor de tres meses, son reconocidas de manera acumulativa como experiencia laboral para su desempeño en la actividad pública y privada.

d. Accesibilidad al sector público y privado:

  • Los egresados de educación superior universitaria y no universitaria que postulen a un
  • cargo en el sector público que requiera experiencia laboral previa, se les reconocerá las
  • prácticas preprofesionales y profesionales que hayan realizado en el sector público o
  • En cuanto al sector privado, las empresas deberán reconocer como parte de la
  • experiencia laboral las prácticas preprofesionales y profesionales realizadas por los
  • estudiantes y egresados de las instituciones de educación superior universitaria y no
  • universitaria que estén debidamente acreditadas y conforme a los criterios de
  • contratación que establezcan las mismas.

e. Excepción:

  • Los egresados de instituciones de educación superior universitaria y no universitaria en el periodo del 2019 al 2022 pueden acreditar prácticas profesionales realizadas hasta veinticuatro meses después del levantamiento del estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

f. Modificación del artículo 12 del Decreto Legislativo 1401 - Decreto legislativo que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público:

El presente artículo, queda redactado bajo los siguientes términos:

Decreto Legislativo N ° 1401 Modificación del art. 12 del Decreto Legislativo 1401

Artículo 12. Tiempo de Duración

12.1. El período de prácticas

profesionales solo puede desarrollarse dentro de los doce (12) meses siguientes a la obtención de la condición de egresado de la universidad, del instituto o escuela de educación superior o del Centro de Educación Técnico Productiva.

Vencido dicho plazo, el convenio y las prácticas profesionales caducan

automáticamente.

12.2. Este periodo se considera como experiencia profesional para el sector público.

Artículo 12.- Tiempo de Duración

12.1 El período de prácticas profesionales solo puede desarrollarse dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la obtención de la condición de egresado de la universidad, del instituto o escuela de educación superior o del Centro de Educación Técnico Productiva. Vencido

dicho plazo, el convenio y las prácticas

profesionales caducan automáticamente.

12.2 Este periodo se considera como

experiencia profesional para el sector público.

e. Derogación:

La presente norma, deja sin efecto el artículo 91 del Decreto Legislativo 1401- Decreto legislativo que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público



[1] Informe elaborado por el Estudio Jurídico Ferradas, del Castillo & Pastor.

19
January

shining business businessman finance studio

      Por: Raúl More Yturria1

  

El delito de lavado de activos es muy complejo en su individualización, es tan complicado para los Estados el conocer el movimiento económico del dinero que con la finalidad de contrarrestar este fenómeno delincuencial generado creó una fórmula que trasladaba a las empresas distintas obligaciones; entre ellas, la obligación de conocer con quien contratan, que las actividades económicas se realicen de manera bancarizada, que exista un mínimo de relación entre empresas.

 

Existen investigaciones fiscales que se han iniciado contra personas jurídicas constituidas y creadas con fines lícitos por el sólo hecho de haber realizado transacciones o actividad económica con una empresa en la que sus dueños venían siendo investigados por el delito de lavado de activos, y lo que es peor aún, aquella empresa también se encontraba siendo investigada como la forma o herramienta encaminada a lavar el dinero.

 

Sin embargo, ¿Es esto suficiente? ¿Qué cosas pueden generar una investigación por lavado de activos?

 

Esto genera dos posiciones, aquellos que consideran que no importan las razones para someter a alguien a un proceso penal, salvo la mera sospecha; y muchos otros que se asombraban de la cuasi nula existencia de elementos necesarios para iniciar una investigación.

 

Y es que el Código Procesal Penal no establece un estándar de prueba para el inicio de una investigación, y si nos enfocamos en la jurisprudencia existe la Sentencia Casatoria N° 1-2017 emitida por la Corte Suprema del Perú, la cual precisa que es necesaria una mera sospecha simple para el inicio de una investigación por el delito de lavado de activos.

 

Es decir, una sindicación, una denuncia sin acreditar que la persona ha cometido ilícitos anteriores que le hayan generado ingresos maculados puede generar que cualquiera se vea sometido a una investigación fiscal por el delito de lavado de activos. Así de sencillo es estigmatizar a alguien, y no hablamos del tipo de estigmatización que encontramos en la famosa novela “La letra escarlata”.

 

El delito de lavado de activos al ser un delito económico implica que el fiscal deberá investigar el movimiento o ‘nacimiento’ del dinero, con la finalidad de poder acreditar no sólo el desbalance patrimonial, sino que ese dinero provenga de delitos anteriores.

 

Dicho esto, la mejor manera de investigar el movimiento del dinero es requiriendo la información al sistema bancario, siendo las entidades bancarias tan estrictas con sus reglamentos –pues se encuentran obligadas a tener un oficial de cumplimiento que analice, supervise y reporte posibles actividades sospechosas- pondrán todas sus alertas en los movimientos que la persona investigada realice, o de las personas jurídicas relacionadas a esta.

 

Es común que los bancos requieran a los investigados por el delito de lavado de activos información adicional para realizar operaciones, o simplemente se decida por no brindarle servicios bancarios en general.

 

Las empresas que realizan due diligence o una diligencia de investigar con quienes contratan para evitar ser ligadas con temas grises o “sospechosos” pensarán dos veces en realizar contratos o convenios con la persona o las empresas que se encuentran siendo investigadas por lavado de activos.

 

El delito de lavado de activos se ha vuelto un delito estigmatizador económico que puede tener consecuencias graves extraprocesalmente hablando.

 

Por ello, es que muchas personas jurídicas deciden implementar un Sistema de Prevención de Delitos que genera y establece procedimientos de protección a la persona jurídica. Estos programas tienen sustento legal en el artículo 17 de la Ley N° 30424 y son denominados “Modelos de Prevención”, que de ser demostrada la existencia de dicho modelo en la investigación penal, se podría generar la exclusión de la persona jurídica de la investigación penal, e incluso podría ser mostrada a las entidades bancarias con la finalidad de acreditar que sí existe un control financiero de los movimientos económicos que la persona jurídica relacionada a un proceso de lavado de activos realiza.


 

[1]Abogado del Área Penal del Estudio Avizor Legal.

Una sindicación, una denuncia sin acreditar que la persona ha cometido ilícitos anteriores que le hayan generado ingresos maculados puede generar que cualquiera se vea sometido a una investigación fiscal por el delito de lavado de activos.

Por: Raúl More Yturria[1]

El delito de lavado de activos es muy complejo en su individualización, es tan complicado para los Estados el conocer el movimiento económico del dinero que con la finalidad de contrarrestar este fenómeno delincuencial generado creó una fórmula que trasladaba a las empresas distintas obligaciones; entre ellas, la obligación de conocer con quien contratan, que las actividades económicas se realicen de manera bancarizada, que exista un mínimo de relación entre empresas.

Existen investigaciones fiscales que se han iniciado contra personas jurídicas constituidas y creadas con fines lícitos por el sólo hecho de haber realizado transacciones o actividad económica con una empresa en la que sus dueños venían siendo investigados por el delito de lavado de activos, y lo que es peor aún, aquella empresa también se encontraba siendo investigada como la forma o herramienta encaminada a lavar el dinero.

Sin embargo, ¿Es esto suficiente? ¿Qué cosas pueden generar una investigación por lavado de activos?

Esto genera dos posiciones, aquellos que consideran que no importan las razones para someter a alguien a un proceso penal, salvo la mera sospecha; y muchos otros que se asombraban de la cuasi nula existencia de elementos necesarios para iniciar una investigación.

Y es que el Código Procesal Penal no establece un estándar de prueba para el inicio de una investigación, y si nos enfocamos en la jurisprudencia existe la Sentencia Casatoria N° 1-2017 emitida por la Corte Suprema del Perú, la cual precisa que es necesaria una mera sospecha simple para el inicio de una investigación por el delito de lavado de activos.

Es decir, una sindicación, una denuncia sin acreditar que la persona ha cometido ilícitos anteriores que le hayan generado ingresos maculados puede generar que cualquiera se vea sometido a una investigación fiscal por el delito de lavado de activos. Así de sencillo es estigmatizar a alguien, y no hablamos del tipo de estigmatización que encontramos en la famosa novela “La letra escarlata”.

El delito de lavado de activos al ser un delito económico implica que el fiscal deberá investigar el movimiento o ‘nacimiento’ del dinero, con la finalidad de poder acreditar no sólo el desbalance patrimonial, sino que ese dinero provenga de delitos anteriores.

Dicho esto, la mejor manera de investigar el movimiento del dinero es requiriendo la información al sistema bancario, siendo las entidades bancarias tan estrictas con sus reglamentos –pues se encuentran obligadas a tener un oficial de cumplimiento que analice, supervise y reporte posibles actividades sospechosas- pondrán todas sus alertas en los movimientos que la persona investigada realice, o de las personas jurídicas relacionadas a esta.

Es común que los bancos requieran a los investigados por el delito de lavado de activos información adicional para realizar operaciones, o simplemente se decida por no brindarle servicios bancarios en general.

Las empresas que realizan due diligence o una diligencia de investigar con quienes contratan para evitar ser ligadas con temas grises o “sospechosos” pensarán dos veces en realizar contratos o convenios con la persona o las empresas que se encuentran siendo investigadas por lavado de activos.

El delito de lavado de activos se ha vuelto un delito estigmatizador económico que puede tener consecuencias graves extraprocesalmente hablando.

Por ello, es que muchas personas jurídicas deciden implementar un Sistema de Prevención de Delitos que genera y establece procedimientos de protección a la persona jurídica. Estos programas tienen sustento legal en el artículo 17 de la Ley N° 30424 y son denominados “Modelos de Prevención”, que de ser demostrada la existencia de dicho modelo en la investigación penal, se podría generar la exclusión de la persona jurídica de la investigación penal, e incluso podría ser mostrada a las entidades bancarias con la finalidad de acreditar que sí existe un control financiero de los movimientos económicos que la persona jurídica relacionada a un proceso de lavado de activos realiza.



[1] Abogado del Área Penal del Estudio Avizor Legal.

13
January

huelga mtpe

 

alejandro         Por: Alejandro Sánchez Cabanillas1

  

Sumario: 1. Introducción, 2. Diferenciar entre los servicios públicos esenciales y las labores indispensables, 3. ¿Cómo debe realizarse la comunicación al MTPE? y 4. ¿Comunicar los servicios mínimos en caso de huelga es una oportunidad para el diálogo?

 

Introducción

 

Como es sabido, este mes vence el plazo para que los empleadores comuniquen al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) los servicios mínimos en caso de huelga.

 

La huelga es un derecho colectivo que implica la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo.

 

Si bien el ejercicio del derecho a huelga tiene fundamento constitucional y reconocimiento internacional, no obstante, su ejercicio debe realizarse en armonía con el interés y la paz social.

 

Esto implica que la suspensión de actividades no debe afectar labores indispensables para la empresa, cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o la conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa una vez que hay concluido la huelga.

 

Por ello, anualmente, las empresas tienen la obligación de comunicar a sus trabajadores u organizaciones sindicales y a la Autoridad Administrativa de Trabajo el número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios mínimos, los horarios y turnos, la periodicidad y la oportunidad en que deban iniciarse los servicios mínimos por cada puesto, conforme lo detallamos a continuación.

 

Primero: Los servicios públicos esenciales y las labores indispensables

 

Lo primero de que debemos hacer es diferenciar entre servicios públicos esenciales y labores indispensables en la actividad empresarial, a fin de determinar la obligación del empleador para comunicar a la Autoridad Administrativa de Trabajo.

 

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES LABORES INDISPENSABLES
  • Los sanitarios y de salubridad.
  • Los de limpieza y saneamiento.
  • Los de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible.
  • Los de sepelio, y los de inhumaciones y necropsias.
  • Los de establecimientos penales.
  • Los de comunicaciones y telecomunicaciones.
  • Los de transporte.
  • Los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad nacional.
  • Los de administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República.
  • Otros que sean determinados por Ley.
Son todas aquellas labores o actividades cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o la conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa una vez concluida la huelga.

 

Cabe indicar que, a propósito de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por causa de la propagación del COVID-19, ha sido indispensable enumerar de forma más amplia los servicios y bienes esenciales, por ejemplo, a través del Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus modificatorias.

 

Segundo: ¿Cómo debe realizarse la comunicación al MTPE?

 

Una vez identificado el servicio público esencial o las labores (actividades) esenciales, el empleador debe elaborar un informe técnico que deberá comunicar primero a los trabajadores o al sindicato que los representa y luego adjuntar dicho cargo a la carta de comunicación al MTPE.

 

Contenido del informe técnico:

 

ÁREA PUESTOS CANTIDAD DE TRABAJADORES HORARIOS TURNOS PERIODICIDAD

 

Dicho informe debe contener la justificación para la preservación de la seguridad, la salud, la vida o el sostenimiento de las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población, en el caso de los servicios públicos esenciales.

 

Y, cuando se trate de labores indispensables, la justificación debe guardar relación con la seguridad de las personas y de los bienes o el impedimento de reanudación inmediata de actividades luego de concluida la huelga.

 

Quizá algunas empresas privadas no tengan vinculación con la prestación de servicios públicos esenciales; sin embargo, deben prestar atención a aquellas labores o actividades cuya paralización por causa de la huelga ponga en peligro a las personas, la seguridad o la conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa.

 

Como dato adicional, mediante la Resolución Ministerial 048-2019-TR, el MTPE aprobó un formato referencial de comunicación de servicios mínimos, el cual es importante tener en cuenta al momento de elaborar y presentar la información.

 

Tercero: ¿Comunicar los servicios mínimos en caso de huelga es una oportunidad para el diálogo?

 

Consideramos que la comunicación de los servicios mínimos, que finalmente termina siendo una comunicación técnicamente justificada de los números de puestos mínimos que no deben paralizar en casos de huelga, es una oportunidad para el diálogo que tienen los empleadores, tanto del sector público como del privado, a fin de llegar a buenos acuerdos con los gremios sindicales. Recordemos que las organizaciones sindicales pueden manifestar su disconformidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

 

En caso el empleador no comunique los servicios mínimos en caso de huelga, es decir, no lo haga dentro del mes de enero de cada año, la Autoridad Administrativa de Trabajo, actuará conforme al siguiente orden:

 

  • Acuerdo de partes o resolución de divergencia inmediata anterior, o
  • Última comunicación de servicios mínimos del empleador, de acuerdo con el informe técnico correspondiente.

 

Solo en el caso de los servicios públicos esenciales se admite la presentación extemporánea de la comunicación del empleador siempre que no sea posterior a una comunicación de huelga.

 

[1] Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la Maestría en Derecho Civil y Empresarial por la UPAO, diplomado en Derecho Corporativo por ESAN y Recursos Humanos en Zegel IPAE. Es docente de la Cámara de Comercio de La Libertad y del CICE de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con amplia experiencia en asesoría laboral al sector empresarial, negociaciones colectivas y planeamiento contractual laboral.

13
January
  • El programa de vacaciones útiles de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) culminará a fines de febrero con una feria de proyectos de negocios.

 

SEMILLERO EMPRENDEDOR0

 

Trujillo, 13 de enero de 2022. La tercera edición del programa de vacaciones útiles ‘Semillero Emprendedor’ de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) comenzó hoy con un grupo de entusiastas adolescentes entre 12 y 16 años, quienes buscan desarrollar sus habilidades para los negocios.

 

Durante la ceremonia de inauguración se presentó a cada uno de los destacados docentes y mentores que estarán a cargo de este programa. Asimismo, el gerente general del gremio empresarial, Ricardo Varillas Santisteban, brindó las palabras de bienvenida a los alumnos.

 

“Estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido nuestro programa de vacaciones útiles, que es una propuesta innovadora que tiene nuestra institución a la comunidad liberteña. Lo que buscamos es ayudar a los adolescentes a desarrollar sus habilidades y destrezas para los negocios”, manifestó.

 

SEMILLERO EMPRENDEDOR1

 

Varillas Santisteban destacó que la formación de los participantes estará a cargo profesionales altamente capacitados en diversos campos de los negocios, como finanzas, ventas y marketing, entre otros, y que a la vez los docentes cuentan con una metodología lúdica para comunicarse de manera eficaz con sus alumnos.

 

Cabe mencionar que los padres de familia enviaron palabras de aliento a sus hijos a través de emotivos videos, motivándolos de esta manera a sacar el máximo provecho de esta nueva oportunidad de aprendizaje.

 

Finalmente, los organizadores señalaron que ‘Semillero Emprendedor’ culminará con el lanzamiento de un proyecto de producto o servicio creado íntegramente por los menores, el cual será expuesto en una feria abierta al público al concluir el programa.

 

SEMILLERO EMPRENDEDOR3

12
January

nota1web 

johny    Por: Jhony Almendras Sernaqué1

 

En la actualidad, las empresas deben encaminarse hacia la transformación digital para garantizar su desarrollo. Es preciso que la administración empresarial comprenda las nuevas tendencias del mercado y vaya acorde con los cambios, pues serán cruciales para la continuidad de la organización.

 

Hablar de transformación digital implica reorientar la relación de la empresa con la tecnología. El proceso no solo se realiza de manera interna, sino también debe ser percibido por el usuario final.

 

Según los resultados de la tercera edición del estudio sobre madurez digital en las empresas del país, elaborado por EY Perú, cerca del 73 % de las organizaciones encuestadas manifestó tener sus procesos de transformación digital encaminados, en comparación al 2020, donde solo era el 66 %. En este estudio, cerca del 56 % de empresas afirmó que la crisis sanitaria por la pandemia aceleró los planes de transformación digital.

 

Sin duda, la transformación digital es un componente fundamental en la estrategia de las empresas que deseen continuar vigentes en la nueva era. Entre algunas de sus ventajas, podría destacar que contribuye a la productividad, aumenta la competitividad, permite tomar mejores decisiones con data, rompe barreras geográficas, ayuda a retener el talento y permite flexibilidad en el trabajo.

 

Todo ello requiere un cambio de mentalidad y de cultura organizacional, además de implementar tecnología. Se requiere de todo un equipo de administración capaz de impulsar la transformación digital.

 

En la estrategia de toda empresa que busca continuar vigente en la nueva era debe estar presente la transformación digital. Son los siguientes:

 

  • Contribuye a la productividad:

Ayuda a reducir tiempos, ya que se logra automatizar los procesos y agiliza la labor de los colaboradores.

 

  • Aumenta la competitividad:

Con el avance digital, se reducen costos en los procesos. Además, ayuda a disminuir el margen de error en el proceso de producción.

 

  • Permite tomar mejores decisiones con data:

Consolidar una base de datos de todas las áreas de la empresa permitirá adoptar estrategias en menor tiempo para beneficio de la organización.  Ayudará a adoptar decisiones que permitirán estar un paso adelante en el mercado e, incluso, prever posibles escenarios de riesgo.

 

  • Rompe barreras geográficas:

Con la tecnología se da paso a más oportunidades, pues amplían las opciones de ofrecer beneficios a más personas, sin importar dónde se encuentren.

 

  • Ayuda a retener el talento:

Las nuevas generaciones no conciben un ambiente laboral sin algún tipo de tecnología, pues consideran que este les ayudará a explotar su potencial e innovar.

 

  • Permite flexibilidad en el trabajo:

Los colaboradores pueden desarrollar sus labores de manera remota, lo que genera ventajas, como la mejor gestión del uso del tiempo.

 

En conclusión, las empresas requieren de un equipo de administración capaz de impulsar la transformación digital. Este proceso no solo implica comprar equipos de última generación, es imperativo un cambio de mentalidad y cultura organizacional en la que todos aprovechen el potencial del avance tecnológico.

 

[1] Administrador de empresas, con MBA Gerencial. Cuenta con una especialización en Operaciones, Marketing y Gestión Comercial. Es máster en Liderazgo y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector retail, consumo masivo, servicios y educación, liderando equipos comerciales y operativos. Ha sido gerente zonal en Coney Park, store manager en Starbucks y gerente zonal en Cineplanet. Actualmente es director de la Universidad Tecnológica del Perú, Campus Chimbote.

08
January
  • De acuerdo con cifras emitidas por dicha entidad y actualizadas al 26 de abril de 2021 se sancionó a más de 45,915 empresas por la mencionada falta.

 

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renanmantilla         Por: Renán Mantilla1.

 

Uno de los temas que más preocupan a las empresas cuando se encuentran inmersas en procedimientos inspectivos, son las numerosas y fuertes multas a las que pueden llegar a ser acreedoras a causa de las inspecciones de la Sunafil.  

 

Al respecto debemos indicar que, de acuerdo con cifras emitidas por la propia Sunafil y actualizadas al 26 de abril de 2021, la materia más sancionada en los últimos cuatro años es la obstrucción a la labor inspectiva, pues bajo dicha premisa se sancionó a más de 45,915 empresas, seguida de infracciones como el no pago de remuneraciones con una sanción a 20,617 empresas y el no depósito de la CTS a los trabajadores, por lo cual se sancionó a 18,309 empresas.

 

Ante dicho panorama, cabe preguntarnos ¿Cómo surge esta multa? ¿Cuál es el límite de esta infracción? ¿En qué situaciones no procede aplicar dicha sanción? ¿Siempre que exista un incumplimiento laboral, éste ira acompañado de una infracción por obstrucción a la labor inspectiva?

 

En primer término, es pertinente expresar que, constituye un acto de obstrucción a la labor inspectiva el obstaculizar las investigaciones del inspector de trabajo y/u obstaculizar o impedir la participación del trabajador, su representante o de la organización sindical. Asimismo, se considera una obstrucción a los actos que se materializan en la negativa injustificada o impedimento a que se realice una inspección en el centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo. De igual forma, constituye una obstrucción el abandono o inasistencia a la diligencia inspectiva, la cual puede ser catalogada como infracción grave o muy grave, dependiendo del tipo de incumplimiento y los efectos que acarrean en la investigación.

 

Por su parte, debemos citar el reciente precedente vinculante que estableció el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en torno a la demora en la respuesta a un requerimiento de información efectuado por el inspector de trabajo; puesto que, en dicha resolución se determinó que, cuando el inspector pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya “perturbado” o “retrasado” la investigación, se configurará una infracción “grave” prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado “frustre” la fiscalización, la tipificación invocable será la infracción “muy grave” del artículo 46.3 del RLGIT.

 

Lo señalado marca un nuevo criterio en la actuación de la autoridad inspectiva, pues nos permite darle mayor gradualidad a conductas que pueden ser calificadas como obstrucción a la labor inspectiva.

 

Por ejemplo, existen empresas que en muchos casos no brindan la información requerida porque no cuentan con ella o porque tienen un criterio diferente a la Sunafil respecto de la aplicación del derecho, y no porque quieran incumplir con el deber de colaboración o se intente obstruir la labor inspectiva. No obstante, pese a que lo lógico sería una sanción directamente relacionada con la infracción en materia laboral cometida, la autoridad inspectiva impone adicionalmente una multa por infracción a la labor inspectiva dado que el administrado no cumplió con brindar la información o documentación que ellos consideran necesaria para determinar el cumplimiento, con lo cual, a nuestro criterio se termina generando una doble sanción por una misma conducta.

 

No se debe dejar de lado que la finalidad de la inspección no es imponer sanciones económicas; puesto que no se trata de una actividad lucrativa; sino por el contrario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la LGIT, así como el artículo 4 del RLGIT, la finalidad es brindar orientación y asistencia técnica a las entidades empleadoras y trabajadores a fin de poder lograr el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales.

 

En consecuencia, en aras de que ante una eventual visita inspectiva, requerimiento de información o comparecencia, el empleador se encuentre preparado para afrontar una fiscalización, recomendamos:

 

  • Contar con un protocolo o instructivo de atención ante inspecciones de trabajo de la Sunafil,
  • Organizar y actualizar la información para que sea de fácil acceso y búsqueda ante un requerimiento de información; y, sobre todo,
  • Capacitar al personal encargado acerca de sus responsabilidades, y de las atribuciones y límites de los inspectores con la finalidad de evitar que, por desconocimiento, se puedan generar conductas que se tipifiquen como obstructivas y con ello acarreen más multas para las compañías.

 

[1] Gerente de consultoría laboral de EY Perú. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con estudios de postgrado en el Programa de Segunda Especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, dictado en PUCP.

05
January
  • La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) ofrece por tercera vez su programa de vacaciones útiles ‘Semillero Emprendedor’, que comienza el 12 de enero.

 

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Trujillo, 5 de enero de 2022. El verano es el mejor momento para que los pequeños de la casa puedan desarrollar al máximo sus habilidades en diversos campos. Precisamente, para cubrir esta necesidad, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) ha lanzado el programa de vacaciones útiles ‘Semillero Emprendedor’, a través del cual busca potenciar el espíritu emprendedor de niños y adolescentes.

 

El programa está dirigido a teens entre los 12 y 16 años y se desarrollará durante 6 semanas, tiempo en el que los participantes aprenderán a desarrollar negocios digitales creativos, creación de marcas, identificar gastos y ganancias, lanzar productos y servicios, publicitar en redes, técnicas de ventas, organización de eventos y más.

 

Con la orientación de docentes de primer nivel, los niños y adolescentes incrementarán sus habilidades blandas, tales como liderazgo, creatividad, confianza y más; a través de una metodología de enseñanza lúdica y dinámica, dentro de la cual se tiene previsto  realizar visitas virtuales a emprendimientos exitosos que los motivarán a continuar con sus propios proyectos.

 

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Al igual que en anteriores ediciones, los participantes contarán con la asesoría y motivación de un mentor, quien los guiará a lo largo de todo el programa, para que, al finalizar, sus ideas de negocios sean mostradas en una feria presencial abierta al público.

 

Esta iniciativa de la CCLL nace del interés por fomentar en las nuevas generaciones su espíritu emprendedor, para que en el futuro se conviertan en los empresarios modernos y competitivos que la región liberteña demanda.

 

Cabe mencionar que las clases se desarrollarán de manera semipresencial los lunes, miércoles y viernes desde las 9 a.m. y comienzan el 12 de enero.

 

Los interesados pueden solicitar información e inscribirse llamando o escribiendo al: 987 496 819.

 

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Más datos

 

  • Además de las clases presenciales, se pondrá en disposición la Plataforma Camaratru para actividades de reforzamientos (juegos lúdicos, casos exitosos de emprendimientos y demás).
  • El programa está estructurado en base en misiones y retos que los participantes irán cumpliendo conforme se desarrolle la capacitación y tras lo cual el alumno más destacado de cada semana recibirá un reconocimiento.