EL GREMIO MÁS IMPORTANTE DEL NORTE DEL PAÍS              

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16
April

 

  • Resultado se explica por la mejora del cumplimiento voluntario impulsada por la SUNAT y el incremento de los pagos procedentes de la actividad minera1.

 

Nota 4

 

Cumplido el calendario para la presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2020, los ingresos por regularización superaron los S/ 6 mil 200 millones, monto que representa el valor más alto obtenido en la historia de la SUNAT, informó la entidad.

 

La campaña de regularización por lo general abarca a los meses de enero a abril de cada año. No obstante, en 2020 se prorrogó el pago de regularización hasta el mes de agosto para la mayoría de los contribuyentes y eso hizo que se considerarán como parte de la campaña a los pagos realizados hasta dicho mes.

 

Este resultado, que se constituye en un récord histórico tanto en términos corrientes como en valores constantes, obedece tanto a la mejora del cumplimiento voluntario, como a factores propios de un año marcado por la pandemia y sus efectos sobre las actividades económicas.

 

En este periodo, la SUNAT ha implementado medidas para facilitar el cumplimiento voluntario y, a la vez, ha continuado la modernización de la gestión de riesgos, desarrollando herramientas para la explotación de la nueva información a la que tiene acceso, con procesos de fiscalización sectorial máseficaces y con enfoque colaborativo, sumados a una mejora en la gestión de litigios.

 

Recaudación en empresas y personas naturales

 

En el análisis sectorial de los resultados, se registró un incremento en los pagos provenientes de la actividad minera que se elevaron sustancialmente y superaron en casi S/ 1 500 millones los registrados en la campaña del año anterior.

 

Ello se explica tanto por el incremento en las cotizaciones de los principales minerales exportados (particularmente el cobre), situación que se inicia durante la segunda mitad del año 2020 y se mantiene en lo que va del año 2021, como por la modificación de coeficientes empleados para la realización de los pagos a cuenta mensuales durante el año 2020, en el marco de las facilidades otorgadas.

 

Cabe indicar que el 91 % del total de ingresos por regularización provino de las empresas (personas jurídicas) con un monto de recaudación a la fecha de S/ 5 632 millones; mientras que lo correspondiente a personas naturales (9 %) sumó S/ 591 millones.

 

Declaraciones presentadas

 

En la presente campaña, según datos al 12 de abril, un millón 268 mil contribuyentes presentaron su declaración, cifra ligeramente menor al millón 291 mil de la campaña del 2019.

A nivel desagregado se contó con un incremento de las declaraciones presentadas por las Personas Jurídicas (empresas), que pasaron de 724 mil en la campaña del año pasado a 753 mil este año, y que significa una variación de 4 %.

 

En contraste, en el caso de Personas Naturales se registró una disminución cercana al 10 %, totalizando 515 mil este año, frente a los 567 mil de la campaña del año pasado.

 

El récord alcanzado en el monto de recaudación refleja también la voluntad de cumplimiento de los contribuyentes que presentaron su declaración anual, en un contexto económico complejo, generado por el impacto de la pandemia de la Covid-19, evidenciando su compromiso con el país.

 

Cabe destacar que durante la presente campaña se agilizó la atención de las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento de los contribuyentes con impuesto a pagar, las cuales fueron presentadas principalmente por las personas naturales (95 %) por un monto acumulado de más de S/102 millones.

 

Asimismo, se priorizó la atención de los pedidos de devolución de impuestos por más de S/ 233 millones, habiéndose atendido, al 12 de abril, más del 73 % de las solicitudes presentadas.

 

[1] Nota elaborada por Sunat.

16
April

 

Nota 2

 

angela cuba ramirez         Por: Angela Cuba Ramírez1.

  

 

En un inicio, la exclusión de los socios fue acogida por la legislación peruana como un remedio que se activaba frente a conductas que transgredían obligaciones sociales; sin embargo, a partir de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las causales de exclusión dejaron de hacer única referencia a conductas y pasaron a incluir también circunstancias que impedían a un socio cumplir con la colaboración debida a la sociedad. Así, dicha ley preveía como causales de exclusión a la quiebra y la inhabilitación, estas representan causas que imposibilitan al socio a prestar una cooperación eficaz o una efectiva cooperación a la sociedad, incluso es totalmente admisible que se pacte en el estatuto de una sociedad anónima cerrada causales como la declaración de insolvencia o la inhabilitación para ejercer el comercio, no siendo necesariamente conductas del socio sino circunstancias que afectan gravemente la colaboración de este a la sociedad2 .

 

En efecto, el tema en discusión se enfoca en si la exclusión posee o no naturaleza sancionadora. Para ello debe considerarse que para que exista una sanción es necesaria una conducta imputable a un sujeto, lo cual no siempre ocurre con la figura de exclusión.

 

Actualmente, en nuestro país aún se concibe a la exclusión como una medida sancionadora. Así, esta es una sanción impuesta por el incumplimiento de las normas internas que establezca una sociedad, consistente en la expulsión de un socio3. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional señaló la necesidad de que el procedimiento de exclusión regulado en los estatutos de una asociación o sociedad respete las garantías de un debido proceso por tratarse de una medida de carácter sancionador. En ese sentido, en el marco de una sociedad anónima ordinaria se tratará de una tutela procesal efectiva corporativa que exige regular un procedimiento sancionador específico que respete una serie de garantías propias del ejercicio de la función jurisdiccional y administrativa sancionadora4.

 

Ahora bien, si la exclusión es una medida sancionadora entonces ello supondría la adaptación de un debido proceso con las garantías que esto implica. Para ello, se debe precisar que en las relaciones jurídico-privadas se tiene una potestad “sancionadora o disciplinaria”, siendo que este denominado “poder sancionador” en realidad son las facultades otorgadas por los estatutos o la ley a los órganos sociales para privar de derechos a los miembros de una sociedad o asociación, considerándose a la expulsión como una la máxima sanción. Empero, esta forma de apreciar a la exclusión resulta criticable puesto que, al tratarse de personas jurídicas de Derecho Privado, se pone énfasis en su aspecto institucional olvidando que dicha institucionalidad surge de un contrato y, por ende, de la libertad de quienes forman parte de él.

 

De modo que, más que una sanción se trataría de un remedio legal totalmente dispositivo y, por tanto, aplicable únicamente en virtud de la autonomía privada. Con esta postura el ordenamiento exige que todo acuerdo, asociativo o societario, debe estar sustentado en la ley o en el estatuto; de ahí la posibilidad que otorgan las normas para impugnarlos ante el juez, por proceso abreviado, en caso de no ser así y es que las sociedades encuentran legitimidad para sus decisiones cuando actúan de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en su contrato social. Así pues, cuando un asociado o socio considere insuficiente o inadecuada una norma estatutaria relativa al procedimiento o su aplicación por el órgano que acuerda la exclusión, puede solicitar al juez que realice un control de validez de la norma estatutaria aplicada, con el fin de comprobar si dicha norma excede o no los límites de la autonomía privada.

 

Por otro lado, también se puede solicitar un control de aplicación o revisión de la interpretación dada por los órganos sociales a los estatutos.

 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la exclusión constituye un remedio de aplicación subsidiariaes decir, solo se podrá acudir a él cuando se hubiera agotado otras vías para solucionar el conflicto o no se pueda lograr, de otro modo, un acuerdo satisfactorio.

 

Eso sí, de acuerdo a las causales de exclusión, es necesario que la asociación o la sociedad garantice los medios necesarios para verificar la circunstancia que justifica la salida forzosa de un socio o asociado. Por ejemplo, si se pacta que procede la exclusión por la comisión de un delito, es evidente que no será necesario más que la sentencia judicial que condena al sujeto. Pero si se acuerda, por otro lado, que la exclusión procederá por una mala gestión, culposa o dolosa, de la sociedad, sí será exigible que se adopten los medios necesarios para acreditar no solo la mala gestión, sino además la culpa o el dolo del socio.

 

 

 

[1] Abogada del Área Civil y Litigios del Estudio Avizor Legal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

[2] Montoya Manfredi, Ulises. Comentarios a la Ley de Sociedades Mercantiles. UNMSM, Lima, 1966, p. 95.

[3] Res. Nº 120-2000-ORLC/TR, el TR.

[4] STC Exp. Nº 0234-2013-PA/TC

16
April

 

 

 

dr.alejndrocabenillas         Por: Alejandro Sánchez Cabanillas1.

  

Como es de conocimiento público, mediante el Decreto Supremo 008-2020-SA, se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, el cual ha sido prorrogado mediante el Decreto Supremo 020-2020-SA, Decreto Supremo 027-2020-SA, Decreto Supremo 031-2020-SA y últimamente mediante el Decreto Supremo 009-2021-SA hasta el 02 de setiembre del 2021, todo esto con la finalidad de establecer medidas sanitarias destinadas a prevenir la propagación del COVID-19 en los centros de trabajo y en la comunidad en general, trayendo consigo un impacto significativo en el ámbito laboral.

Por ello, antes de citar el nuevo texto incorporado al Decreto Supremo 011-2020-TR, recordemos las normas que dieron lugar a la aplicación del trabajo remoto y a la aplicación de otras medidas laborales alternativas como la licencia con goce de haber.

1.Decreto de Urgencia 26-2020, de fecha 15.03.2020:

  • Regula y “crea” el trabajo remoto.
  • Establece obligaciones en el trabajo remoto.
  • Trabajo remoto para el grupo de riesgo.

2.Decreto Supremo 10-2020-TR, de fecha

  • Comunicación de la aplicación del trabajo remoto.
  • Jornada laboral durante el trabajo remoto.
  • SST en el trabajo remoto.

3.Decreto de Urgencia 038-2020, de fecha 14.04.2020:

  • Se autoriza legalmente la aplicación de medidas laborales privilegiando el acuerdo con los trabajadores, y excepcionalmente la aplicación de la suspensión perfecta de labores.

4.Decreto Supremo 011-2020-TR, de fecha 21.04.2020:

  • Establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020. Suspensión Perfecta de Labores.
  • Medidas necesarias para mantener el vínculo laboral y la tramitación de la SPL. Se adjuntan anexos para determinar el nivel de afectación económica.

5.Decreto Supremo 012-2020-TR, de fecha 30.04.2020:

  • Establece disposiciones complementarias al Decreto de Urgencia N° 038-2020, y otras medidas, y adicionales al Decreto Supremo N° 011-2020-TR, relacionadas básicamente a la inspección laboral.

6.Decreto Supremo 015-2020-TR, de fecha 23.06.2020:

  • Modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020.

7.Decreto Supremo   07-2021-TR, de fecha 01.04.2021:

  • Incorporación de sub literales a.3) y b.3) en el artículo 3 del Decreto Supremo 011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas.

Como se puede apreciar, desde el 15 de marzo del 2020, se emitieron normas destinadas a implementar medidas laborales alternativas a fin de mitigar la propagación del COVID-19, resaltando entre ellas el trabajo remoto y las licencias con goce de haber sujetas a compensación, llegando también a disponer la aplicación de la suspensión perfecta de labores bajo estrictos supuestos vinculados con la naturaleza de las labores del empleador y el nivel de afectación económica a causa de las ya conocidas restricciones causadas por el COVID-19.

Recordemos que, entre las medidas laborales alternativas que pueden implementar los empleadores antes de la suspensión perfecta de labores y mientras esté vigente el estado de emergencia sanitaria, tenemos las siguientes:

  • Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce: es decir aquel periodo vacacional que el trabajador ha adquirido luego de haber laborado un año o sus periodos sucesivos

  • Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro: referido a aquel periodo vacacional que es otorgado por adelantado, incluso de forma fraccionada, conforme se regula en el Decreto Legislativo 1405 y su Reglamento.

  • Acordar mediante soporte físico o virtual, la reducción de la jornada laboral diaria o semanal, con la reducción proporcional de la remuneración: esta medida es sumamente adecuada para aquellos establecimientos que han implementado el trabajo remoto o se han visto afectados por las restricciones horarias a causa de la inmovilización social decretada por el Gobierno.

  • Acordar mediante soporte físico o virtual, con los trabajadores la reducción de la remuneración. En ningún caso, puede acordarse la reducción de la remuneración por debajo de la RMV. Sobre esta medida es importante resaltar que deberá ser debidamente sustentada y deberá tener un carácter temporal.

  • Adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, siempre que permitan el cumplimiento del objetivo del Decreto de Urgencia 038-2020. Entre las medidas más utilizadas y que son amparadas por nuestra legislación vigente tenemos la licencia sin goce de haber, la misma que no necesariamente puede aplicarse por la totalidad de días del mes, sino que puede ser alternada con licencias con goce de haber, trabajo efectivamente realizado o incluso con licencias sujetas a compensación posterior.

  • La suspensión perfecta de labores, la cual ha tenido lugar de forma subsidiaria y como última ratio, luego de haber intentado aplicar las medidas antes descritas, y que debido a la prórroga del estado de emergencia sanitaria, conforme al Decreto Supremo 009-2021-SA, podrá extenderse hasta el 02 de octubre del 2021.

En ese contexto, luego de más de medio año de haberse emitido disposiciones complementarias para la aplicación de medidas laborales que privilegien el acuerdo con los trabajadores (entre ellas, otorgamiento de vacaciones, licencias con goce de haber, licencias sin goce de haber, reducción de horarios y remuneraciones) y, excepcionalmente, la aplicación de la suspensión perfecta de labores, el Decreto Supremo 07-2021-TR incorpora nuevas disposiciones en el Decreto Supremo 011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020, las mismas que citamos a continuación:

“Artículo 3.- Sobre la implementación del trabajo remoto o la licencia con goce de haber

(...)

3.2 Asimismo, se entiende que existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber por el nivel de afectación económica, cuando los empleadores se encuentran en una situación económica que les impide severa y objetivamente aplicar dichas medidas. A tal efecto, se entiende por:

3.2.1 Nivel de afectación económica:

(...)

a.3) Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes previo en el que adopta la medida, comparado con el ratio del mismo mes del año 2019, registra en dicho mes previo un incremento mayor a doce (12) puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas, y de veintiséis (26) puntos porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas. Esta definición aplica para la adopción de las medidas previstas en el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 que tengan lugar a partir del 2 de abril de 2021 en adelante.”

(...)

b.3) Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes previo en el que adopta la medida, comparado con el ratio del mismo mes del año 2019, registra en dicho mes previo un incremento mayor a ocho (8) puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas, y de veintidós (22) puntos porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas. Esta definición aplica para la adopción de las medidas previstas en el Decreto de Urgencia Nº 038-2020, que tengan lugar a partir del 2 de abril de 2021 en adelante.

(...)”.

Es necesario precisar que estos nuevos dispositivos no enervan de ninguna manera la aplicación y continuidad del trabajo remoto, el mismo que tiene plena vigencia mientras dure el estado de emergencia sanitaria, esto es hasta el 2 de setiembre del 2021, conforme lo estableció el Decreto Supremo 009-2021-SA.

 

 

 --

[1] Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con especialización en derecho corporativo por la Universidad ESAN y Recursos Humanos por Zegel IPAE. Es docente de la Cámara de Comercio de La Libertad. Cuenta con amplia experiencia en asesoría laboral al sector empresarial, negociaciones colectivas y planeamiento contractual laboral.

07
April

 

web4

 

angela cuba ramirez         Por: Angela Cuba Ramírez1.

  

 

El nombramiento, la remoción o renuncia de gerente general y el otorgamiento o revocatoria de apoderados solo se podrán inscribir mediante el SID – SUNARP, ello con la finalidad de simplificar los procedimientos registrales y evitar que el ciudadano acuda a una oficina registral durante la emergencia sanitaria.

 

 

La  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos dispuso que las copias certificadas o partes notariales sobre nombramiento, remoción o renuncia de gerente general y otorgamiento o revocatoria de apoderado de una Sociedad Anónima (SA), Sociedad Anónima Cerrada (SAC), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), a inscribirse en el registro de personas jurídicas a nivel nacional, se expidan con firma digital y se tramiten exclusivamente a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp) a partir del lunes 11 de enero de 2021.

 

Con esta medida se pretende que determinados servicios se tramiten exclusivamente por medios virtuales. Así pues, en la designación de representantes, mandatarios y apoderados del registro de sociedades, actos que suelen ser muy demandados por los usuarios pues se vinculan con la reactivación económica del país. 

 

 

La Sunarp explicó que, gracias al empleo de la firma digital y la plataforma SID-Sunarp, se simplifican los procedimientos de inscripción y se previene el fraude documentario; del mismo modo que se evita que el interesado y el personal de la Sunarp manipulen documentos en soporte papel para reducir el riesgo de contagio por la COVID-19.

 

Como se sabe, el SID-Sunarp es una plataforma virtual que permite a los notarios realizar el procedimiento registral electrónicamente sin necesidad de llenar formularios físicos ni trasladarse a una oficina registral; además, cuenta con rigurosos estándares de seguridad.

 

 

[1] Abogada del Área Civil y Litigios del Estudio Avizor Legal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07
April

 

web3

 

     Por: Dr. Carlos Villarán Morales1.


Es de tenerse presente que, el arbitraje es el medio de solución de conflictos más antiguo  en la historia. A la fecha, debería constituir una alternativa efectiva frente a la morosidad de los jueces estatales y presenta grandes beneficios en el ámbito del derecho comercial y del derecho internacional privado.

 

Surge el arbitraje como forma para solucionar conflictos.

 

Patricio Aylwin Azocar, explica:

Después de alguna evolución se empieza a renunciar al derecho de decidir disputas a mano armada y se las somete, para su fallo, a terceros elegidos entre las personas más importantes de la comunidad. Ofendido y ofensor recurren ante el individuo designado de común acuerdo para que se regule la composición que el segundo deberá pagar al primero; o en otros casos, ese tercero ofrece a los litigantes su mediación y los exhorta a someterse al arreglo pacífico. Este componedor, aunque sea el propio rey o jefe de grupo, no tiene ninguna jurisdicción obligatoria, sólo interviene en los asuntos que las partes le someten voluntariamente y no puede imponer coercitivamente sus decisiones, cuya única fuerza radica en el compromiso contraído por los contendores de acatarlos».

 

Esta modalidad así descrita contiene en esencia las características principales del arbitraje.

 

En el Derecho Romano existía el proceso público y el proceso privado, siendo un rasgo particular de este último el que la definición del litigio o controversia se otorga siempre a través de un acto inicial de parte- al estar involucrado un interés particular- y la decisión de la controversia no se encomienda a un órgano jurisdiccional, sino a un órgano privado que las partes eligen o aceptan. Asimismo, se comprometen a acatar la decisión en base a un contrato arbitral, la litis contestatio.

 

En la Edad Media el arbitraje fue la forma de resolución de controversias más utilizada. Ello como consecuencia del auge del comercio y la existencia de las asociaciones gremiales, a la cuales acudían los comerciantes para resolver sus conflictos.

 

Según Feldstein “la burguesía encontró en el arbitraje el instrumento ideal para dirimir con seguridad y rapidez sus conflictos comerciales entre gremios y corporaciones. La justicia del monarca, llena de laberintos procesales, lenta y pesada fue dejada de lado por los nuevos mercaderes”.

 

Los señores feudales resuelven sus litigios entre ellos mismos o acuden al rey en calidad de árbitro.

 

En la Edad Media la denominada justicia consular se forma como una jurisdicción distinta a la ordinaria como consecuencia al desarrollo que alcanzaron las Corporaciones de Mercaderes en Italia, Francia y España en los siglos XII y XIII.

 

Es así como se reconoce al arbitraje como una institución de carácter jurídico privado, equiparando a los árbitros con los jueces en materia de responsabilidad, dándole fuerza ejecutiva y efectos de cosa juzgada a la sentencia arbitral.

 

La ley de las siete partidas de 1265 consolidó la función judicial del arbitraje, mantiene la eficacia del laudo e hizo la división entre árbitros avenidores y árbitros arbitradores, los primeros decidían en Derecho y los segundos decidían como a bien tuvieran.

 

El arbitraje a partir del siglo XVIII

 

En Francia. El Edicto de Francisco II, de agosto de 1560, dispuso el arbitraje obligatorio en ciertas materias: las diferencias entre mercaderes por asuntos relativos a mercancías, las demandas de partición entre parientes próximos y las cuentas de tutela y administración.

 

La ordenanza de 1673 instituyó el arbitraje obligatorio para los litigios entre socios de una sociedad comercial.

 

El artículo 1º del decreto del 16-24 de agosto de 1790 señala: “El arbitraje es el medio más razonable de terminar los litigios entre ciudadanos, los legisladores no podrán expedir disposiciones que tiendan a disminuir las ventajas y eficacia del compromiso”.

 

La Asamblea Nacional Francesa elevó al arbitraje al rango constitucional en la Constitución de 1791.

 

En España, es la constitución de Cádiz de 1812 en su artículo 280 le dio rango constitucional al arbitraje, al reconocer el derecho de los españoles de “terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes”.

 

En materia comercial, el Código de Sainz de Andino de 1829 instituyó el arbitraje como medio para resolver controversias de naturaleza mercantil, refiriéndose a relaciones societaria internas y le añadió por primera vez el carácter de obligatoriedad.

 

El arbitraje en los Estados Unidos de América recién adquiere reconocimiento, con la promulgación del New York Arbitration Act de 1920.

 

Dicha Acta fue perfeccionada por el United States Arbitration Act (o Federal Arbitration Act) de 1925, dándole carácter vinculante y validez al pacto arbitral. La Corte Suprema de Justicia en 1982 le revistió de plena validez.

 

El arbitraje en Inglaterra: su primer antecedente es una ley sobre arbitraje que el parlamento inglés aprobó en 1698, introduciendo en ella una cláusula por la cual ninguna de las partes podía revocar unilateralmente el acuerdo arbitral. 

 

En 1854, (The common law procedure act) selló que los tribunales arbitrales deberían sobreseer cualquier procedimiento que impidiera la ejecución del acuerdo arbitral, confiriendo facultades a los tribunales judiciales para designar árbitros cuando hubiese fallado el designado por las partes.

 

El arbitraje en Latinoamérica:

 

En Argentina en 1981 acoge el proceso arbitral en el Código de procedimientos civiles, hasta antes de ello, existió una disposición similar a la francesa, según la cual los convenios arbitrales para litigios futuros no eran válidos.

 

En Brasil, el código civil de 1917 regulaba la figura, sin embargo, según la Suprema Corte, los acuerdos para litigios futuros no eran válidos.

 

Tratado sobre Derecho Procesal Internacional, Montevideo 1889:

Fue uno de las primeras herramientas de Derecho Internacional Público (11 de Enero 1889) que emprende la regulación y el cumplimiento de sentencias y laudos arbitrales. Vigente en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Frente al cumplimiento las sentencias y laudos arbitrales, establece en su artículo 5º: “Art. 5.- Las sentencias y los fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales de uno de los Estados signatarios, tendrán en los territorios de los demás la misma fuerza que en el país en donde fueron pronunciados, si reúnen los siguientes requisitos: a) que hayan sido dictados por tribunal competente en la esfera internacional; b) que tengan el carácter de ejecutoriados o pasados en autoridad de cosa juzgada en el Estado en donde hayan sido pronunciados; c) que la parte contra la cual se hubieran dictado haya sido legalmente citada, y representada, o declarada rebelde, conforme a la ley del país en donde se siguió el juicio; d) que no se opongan al orden público del país de su cumplimiento. Quedan incluidas en el presente artículo las sentencias civiles dictadas en cualquier Estado signatario, por un tribunal internacional, que se refieran a personas o a intereses privados.

 

La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC): El Consejo Directivo de la Unión Panamericana, en 1934, formó una Comisión Interamericana en la materia, con el fin de que existiera un órgano de coordinación y financiación de diferentes Tribunales y árbitros interamericanos con sede en los Estados parte.

 

El reglamento de procedimientos arbitrales institucionales de la Comisión se basa casi en su totalidad en el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL en inglés. Este primer reglamento ha tenido tres modificaciones en 1988, 1996 y la actual del 2002.

 

El arbitraje en el Perú

 

La Constitución Política de 1839 hace expresa referencia al arbitraje, como una garantía Individual regulada  dentro de las garantías nacionales.  Así en el art. 164 establece:

 

Ningún peruano puede ser privado del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros”. 

El Estatuto Provisorio de 1855 dictado por el libertador Ramón Castilla, recoge fórmula legislativa similar a la anterior, en el artículo 11, que dice textualmente:

 

Todo individuo en la República tiene el derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros conforme a las leyes”.

La Constitución Política de 1919, en el art. 48.0  señala  “Los conflictos entre el Capital y el Trabajo serán sometidos a arbitraje obligatorio”. 

 

Incorporó en su texto y por vía de excepción a las denominadas “jurisdicción” arbitral y militar, en el art. 233, numeral 1).

 

El desarrollo del arbitraje se efectuó a través de la Cláusula Compromisoria y compromiso arbitral que fue incorporado en el texto del Código Civil promulgado por el Decreto Legislativo Nº 295, en el Libro VII – Fuentes de las Obligaciones; Título IX se regulan los capítulos primero referido a la Cláusula Compromisoria, arts. 1906 y 1907 y el capítulo segundo concerniente al Compromiso Arbitral arts. 1909 a 1922.

 

Este compromiso no requería la designación de árbitros, pero sí fijar la extensión de la materia a arbitrar y generaba la obligación a las partes de materializar el arbitraje, compeliéndolos a la realización de cuantos actos sean necesarios para que el compromiso tenga  efecto, se designe árbitros y determine el asunto controvertido.

 

La Constitución Política del Perú de 1993 también otorgó a nivel normativo el arbitraje como una solución de controversias distinta a la ordinaria, la militar y la de las comunidades campesinas y nativas Art. 149 del texto constitucional.

 

En el art. 139, numeral 1 de la carta magna referida se establece una jurisdicción diferente a la ordinaria, la arbitral y la militar.

 

LEY GENERAL DE ARBITRAJE.- DECRETO LEY 25935

 

Este Decreto Ley publicado el 09/DIC/92 derogó las normas del Código Civil referidas a la Cláusula Compromisoria y al Compromiso Arbitral.

 

LEY Nº 26572 – LEY GENERAL DE ARBITRAJE (LGA)

 

Reconoce que el arbitraje es una institución autónoma.

 

Su competencia proviene de la autonomía de la voluntad de las partes que lo celebran. La ley de arbitraje exige a las partes que expresen su voluntad de manera cierta e indubitable.  En este aspecto, la validez del convenio arbitral está condicionada a la existencia de un acuerdo escrito entre las partes. Contiene la renuncia expresa al derecho de acción judicial en la vía ordinaria.

 

LEY DE ARBITRAJE 1071

 

De 13 de junio del 2008 por Decreto legislativo 1071 considera como materias susceptibles de arbitraje los derechos de libre disposición de acuerdo a derecho, así como las que autoricen las leyes y los tratados. Extiende el derecho de las partes a resolver por arbitraje las controversias en materia ambiental y a las derivadas de contratos administrativos. Se conserva el llamado “arbitraje del estado”, en concordancia con la nueva Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La Ley de Arbitraje establece el arbitraje societario.

 

DECRETO DE URGENCIA 020-2020

 

Establece que cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional, pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT). En ambos casos son arbitrajes de derecho; con excepción de los proyectos desarrollados mediante Asociación Público Privada, cuando sus controversias son de naturaleza técnica que pueden ser atendidas alternativamente por arbitrajes de conciencia.

 

En los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado peruano, tiene incompatibilidad para actuar como árbitro/a, el que ha tenido actuación previa en el caso concreto que debe resolver, sea como abogado/a de alguna de las partes, como perito/a o el que tenga intereses personales, laborales, económicos, o financieros que pudieran estar en conflicto con el ejercicio de su función arbitral, sea como abogados/as, expertos/as y/o profesionales en otras materias.

 

Conclusión

 

Confiamos en que, a lo largo de los años, más allá, de las modificaciones que pudieren continuar introduciéndose al arbitraje y su proceso, se respeten los valores que protejan el derecho objetivo de las personas, la imparcialidad y honestidad de los árbitros al momento de resolver, así como también la celeridad en la conclusión de los procesos, teniendo presente siempre que, justicia tardía no es justicia.

 

Referencias:

 

ALSINA, HUGO. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo VII, 2da Edición, Bs.As. 1965.

GARCIA BELAUNDE, DOMINGO. Las Constituciones del Perú, Tomos I y II, Fondo Editorial de la U. San Martín de Porres, Lima, 2006.

CASTILLO FREYRE, MARIO y VASQUEZ KUNZE, Ricardo. Arbitraje, El Juicio Privado: La verdadera reforma de la Justicia. Volumen I y II, Editorial Palestra, Lima – 2007.

Código Civil de 1984, Edición oficial  Ministerio de Justicia, Lima 1984

Decreto ley Nº 25935 Ley General de Arbitraje en Editora Normas Legales, Tomo 199 Diciembre 1992, Trujillo.

Separata del 1º Curso internacional de Arbitraje de Inversión – USMP

LA MATERIA ARBITRAL EN LA NUEVA LEY DE ARBITRAJE Y EN LOS TRATADOS DE INVERSIÓN SUSCRITOS POR EL PERÚ. Ena Carnero Arroyo.

 

 

[1] Director del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la CCLL.

 
07
April

 

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dr.rubensaavedra     Por: Dr. C.P.C. Rubén Saavedra Rodríguez1.

  

Mediante la Ley N° 31110 se aprobaron normas con el objeto de promover el desarrollo del sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, así como garantizar derechos laborales de los trabajadores de dichos sectores. Además, en su texto normativo incluye ciertas modificaciones en materia tributaria, como son el aporte mensual al Seguro de Salud a cargo de ESSALUD, los beneficios tributarios respecto a la tasa diferenciada del Impuesto a la Renta, Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, entre otros. En tal sentido, de acuerdo a la primera disposición complementaria y final de dicha ley, quedó pendiente su reglamentación, cuyo aspecto tributario comentaremos a continuación.

 

Respecto al aporte mensual al Seguro de Salud, el reglamento en su artículo 36 establece que, de acuerdo al artículo 9 inciso e) de la Ley, la tasa será equivalente a 6% de la Remuneración Mínima – RMV y será por cuenta del trabajador. Asimismo, que el pago deber ser efectuado por adelantado, en forma oportuna, íntegra y de la manera establecida por ESSALUD en las entidades bancarias que determine. El pago del aporte otorga cobertura a la trabajadora o trabajador agrario independiente y a sus derechohabientes por un mes. Los períodos de aportación son los que corresponden a los aportes efectivamente cancelados.

 

En cuanto a los demás beneficios tributarios que la ley establece, el Capítulo I del Título II del reglamento aclara que en caso los beneficiarios desarrollen, además de las actividades comprendidas en la Ley, otras actividades no comprendidas en esta, a estas últimas le serán aplicables los beneficios tributarios contemplados en la Ley, según corresponda.

 

A continuación, se presenta un resumen de los principales aportes en materia tributaria del presente reglamento (debe tenerse en cuenta que los sujetos afectos a estas normas son las personas naturales o jurídicas, comprendidas en el artículo 2 de la Ley):

 

Para la aplicación de la tasa del impuesto a la renta y los pagos a cuenta, deben verificarse el contenido de los artículos 42 y 43 del reglamento, que establecen que:

  

Para efectos de la tasa del impuesto a la renta, los sujetos obligados aplicarán la que corresponda conforme con los acápites i. y ii. del literal a) del artículo 10 de la Ley, por concepto del impuesto a la renta, sobre su renta neta.

 

Del mismo modo, respecto a los pagos a cuenta, deberán declarar y abonarlos conforme a lo previsto en el artículo 85 de la LIR y su reglamento. Para lo cual, a fin de determinar la cuota a que se refiere el inciso b) del primer párrafo de dicho artículo 85, aplican el 0,8% para la tasa del 15 %; 1% para la tasa del 20 %; 1,3 % para la tasa del 25 %; y, 1,5 % para la tasa del Régimen General, a los ingresos netos obtenidos en el mes.

 

Además, si en cualquier mes de los ejercicios gravables 2023, 2024, 2025, 2026 o 2027, sus ingresos netos superan las mil setecientas (1 700) UIT y con ello resultan afectas al impuesto a la renta con las tasas del 20% y 25%, previstas en el literal a) del artículo 10 de la Ley, determinarán la cuota aplicando el 1% para la tasa del 20% y el 1,3% para la tasa del 25% a partir del pago a cuenta del mes de enero del ejercicio gravable en el que superen el referido límite.

 

En materia de depreciación, deberá tenerse en cuenta el artículo 44 del reglamento, que dispone lo siguiente:

 

Quienes adquieran o construyan bienes para obras de infraestructura hidráulica y obras de riego conforme al literal b) del artículo 10 de la Ley, deben presentar un programa de inversión ante el MIDAGRI. Dicho sujeto debe exhibir copia del referido programa cuando la SUNAT lo requiera.

 

La tasa de depreciación a que se refiere el literal b) del artículo 10 de la Ley no puede ser variada, debiendo mantenerse hasta el término de la vida útil de los bienes antes indicados, salvo que, si vencido el plazo para el goce del beneficio previsto en la Ley, el beneficiario no hubiera terminado de depreciar los bienes. Para lo cual deberá depreciarlos, conforme a lo dispuesto en los artículos 39 o 40 de la LIR, según sea el caso, hasta extinguir el saldo del valor depreciable.

 

Luego, sobre los bienes que se adquieran o construyan, se debe observar el artículo 44.4 del reglamento, que plantea:

 

Para la transferencia de activos, se mantiene el beneficio respecto del bien transferido, solo si el adquiriente también califica como beneficiario, en cuyo caso depreciará en la proporción que corresponda al saldo aún no depreciado del bien transferido.

 

De lo contrario, cualquier transferencia dará lugar a la pérdida automática del beneficio aplicable al bien transferido, para lo cual debe tenerse en cuenta que:

 

Ÿ  El beneficiario debe restituir la diferencia entre el mayor valor depreciado y lo que realmente debió corresponderle según las normas del Impuesto a la Renta, vía regularización en la declaración jurada anual.

 

Ÿ  Para efectos tributarios, el costo computable debe considerar el mayor valor depreciado.

 

Ÿ  Deben ser registrados en el activo en una cuenta especial denominada «Bienes - Ley Nº 31110».

 

Serán computados a su valor de adquisición o construcción, incluyendo los gastos vinculados a fletes y seguros, gastos de despacho y almacenaje y todos aquellos gastos necesarios para su utilización, excepto los intereses por financiamiento, sin que este valor pueda exceder al valor de mercado determinado conforme a las normas de la Ley del Impuesto a la Renta.

 

En lo que se refiere al crédito tributario por reinversión, son de aplicación los artículos 45, 46, 47, 48 del reglamento:

 

Tendrán derecho al crédito tributario por reinversión (al que se refiere el artículo 10 de la Ley) aquellos sujetos que reinviertan sus utilidades, luego del pago de impuesto a la renta, y cuyos ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio grabable. Se entienden por utilidades luego del pago de impuesto a la renta, a las de libre disposición, correspondientes al resultado del ejercicio en que se efectúa la reinversión.

 

Este crédito tributario se calcula aplicando el 10 % al monto efectivamente reinvertido, y no puede exceder el monto que resulte de aplicar el 10% sobre el 70% de las utilidades de libre disposición.

 

Este crédito se aplica con ocasión de la determinación del impuesto a la renta del ejercicio gravable en que se efectúe la reinversión. La parte del crédito tributario no utilizada en un ejercicio gravable puede aplicarse contra el impuesto a la renta de los ejercicios gravables siguientes hasta el ejercicio gravable 2030; sin embargo, no puede ser objeto de devolución ni de transferencia a terceros.

 

Los documentos para sustentar dicho crédito son los siguientes:

 

  1. El programa de reinversión y, de ser el caso, su(s) modificatoria(s), aprobados por el MIDAGRI;
  2. Los comprobantes de pago y/o las declaraciones de importación para el consumo, que sustenten las adquisiciones efectuadas en la ejecución del programa de reinversión;
  3. Los asientos contables que reflejan las inversiones; y,
  4. Los informes anuales de reinversión de utilidades.

 

En lo que se refiere al programa de reinversión serán de aplicación los requisitos dispuestos en los artículos 49 al 56 del reglamento, así como los formatos que establezca el MIDAGRI al respecto.

  

[1] Miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de CCLL y decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad.

07
April

 

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dr.alejndrocabenillas         Por: Alejandro Sánchez Cabanillas1.

  

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO DE MADRES GESTANTES EN PERIODO DE PRUEBA Y TIEMPO PARCIAL?

 

Como recordaremos, mediante el proyecto de ley 5933/2020-CR, aprobado el día 08 de marzo del 2021, se propuso introducir un nuevo texto al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR.

 

Hasta el 01 de abril del 2021, el texto del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, establecía lo siguiente

 

“Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo:

[…]

e) El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la existencia de causa justa para despedir. Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previo al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa.”

 

Actualmente, mediante la Ley 31152, Ley que Modifica el inciso e) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, dicho inciso establece lo siguiente:

 

“Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo:

[...]

 

e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir.

 

La disposición establecida en este inciso es aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10, así como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o menos horas diarias, dispuesto en el artículo 4.

 

Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa”.

 

Como se puede apreciar, en todos los casos en los que el empleador no pueda acreditar la existencia de una causa justa para despedir a la madre trabajadora que esté en etapa de gestación o lactancia, se presumirá que el despido es injustificado y según su clasificación nulo.

 

Téngase en cuenta que la protección de la madre trabajadora es aplicable también durante el periodo de prueba, extendiéndose la regla general de los alcances de la protección del despido arbitrario que operan una vez superado el periodo de prueba, así como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o menos horas diarias.

 

¿QUÉ ES EL DESPIDO NULO?

 

El despido nulo o nulidad del despido tiene lugar cuando se afectan derechos fundamentales de los trabajadores, los mismos que están regulados taxativamente en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR.

 

Téngase en cuenta que el despido nulo involucra un catálogo amplio de derechos no solo del ámbito laboral como la afiliación a un sindicato, sino a nivel de derechos fundamentales como casos de discriminación o por causa del embarazo.

 

[1] Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con especialización en derecho corporativo por la Universidad ESAN y Recursos Humanos por Zegel IPAE. Es docente de la Cámara de Comercio de La Libertad. Cuenta con amplia experiencia en asesoría laboral al sector empresarial, negociaciones colectivas y planeamiento contractual laboral.

31
March

 

  • Más de 350 mil contribuyentes ya lo hicieron de manera anticipada1.

 

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A partir del primero de abril la Tasa de Interés Moratorio (TIM) para las deudas tributarias en moneda nacional, correspondientes a los impuestos administrados y/o recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) se fija en 0.9% mensual, es decir, tiene una reducción de 10% respecto a la tasa anterior (1.0%).

 

Esta es la segunda reducción de la TIM que se produce desde que se inició el estado de emergencia nacional por la propagación de la pandemia por la COVID-19.

 

De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 000044-2021/SUNAT publicada hoy en el diario oficial, la nueva tasa, aplicable a los contribuyentes que pagan sus tributos fuera de los plazos legales, está en línea con la disminución de las tasas de interés del sistema financiero registrada en los últimos meses.

 

La anterior reducción de la TIM, realizada en abril de 2020, cuando pasó de 1.2 % mensual a 1.0 %, se efectuó considerando tanto la disminución de la tasa de referencia acordada por el BCR en ese entonces, así como la contracción de la economía peruana como consecuencia de la pandemia.

 

Luego, ante una nueva reducción efectuada por el BCR de la tasa de referencia, se determinó la necesidad de disminuir nuevamente la TIM aplicable a las deudas tributarias en moneda nacional para asegurar que ésta se mantenga dentro del límite establecido por el Código Tributario.

 

De esta manera, la SUNAT equilibra las tasas de interés que aplica a los deudores tributarios, para que no les generen costos elevados en la actual coyuntura de pandemia y, al mismo tiempo, no generen ventajas financieras que induzcan al incumplimiento de las obligaciones tributarias.

 

[1] Nota elaborada por Sunat.

31
March

 

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dr.rubensaavedra     Por: Dr. C.P.C. Rubén Saavedra Rodríguez1.

  

Mediante el Informe N° 011-2021-SUNAT/7T0000 de fecha 24 de febrero de 2021 y publicado en el portal web de la SUNAT el 23.03.2021, la Administración Tributaria determina lo siguiente:

 

La bonificación mensual por incapacidad otorgada a los beneficiarios de la pensión de orfandad al amparo de lo establecido en el literal b) del artículo 34 del Decreto Ley Nº 20530 (Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990, publicada el 27.02.1974 y normas modificatorias), no se encuentra gravada con el aporte del 4% a EsSalud.

 

Con relación a lo mencionado, el literal b) del artículo 6 de la Ley N° 26790 (Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, publicada el 17.05.1997 y normas modificatorias) señala que el aporte de los afiliados regulares pensionistas es de 4 % de la pensión, siendo de cargo de ellos y responsabilidad de la entidad empleadora la retención, declaración y pago a EsSalud, en los plazos establecidos en la normatividad vigente.

 

Por otro lado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 28 del Decreto Ley Nº 20530, entre las pensiones de sobrevivientes que se otorga se encuentra la pensión de orfandad. Además, el artículo 34 del mencionado decreto ley establece que solamente tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de dieciocho (18) años del trabajador con derecho a pensión o del titular de la pensión de cesantía o invalidez que hubiera fallecido.

 

Añade en su literal b) que, cumplida esta edad, subsiste la pensión de orfandad únicamente para los hijos mayores de 18 años cuando adolecen de incapacidad absoluta para el trabajo desde su minoría de edad o cuando la incapacidad que se manifieste en la mayoría de edad tenga su origen en la etapa anterior a ella, siendo que, en dicho supuesto, tendrán derecho, además de la pensión de orfandad, al pago de una bonificación mensual cuyo monto será igual a una remuneración mínima vital.

 

Por lo que, la bonificación mensual por incapacidad a que se refiere el literal b) del artículo 34 del Decreto Ley N° 20530, no tiene naturaleza pensionaria pues se otorga de manera adicional al pago de la pensión de orfandad que perciben los hijos mayores de 18 años cuando adolecen de incapacidad absoluta para el trabajo desde su minoría de edad o cuando la incapacidad que se manifieste en la mayoría de edad tenga su origen en la etapa anterior a ella.

 

 

[1] Miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de CCLL y decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad.

31
March

 

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jhon gonzales         Por: Dr. Jhon Gonzales Rodríguez 1.

  

Jubilación y pensiones constituyen uno de los temas fundamentales de la seguridad social, aunque obviamente no lo agotan. Su planteamiento trata de responder a la situación de personas en edad avanzada que pierden su empleo, que no pueden encontrar otro y que por tanto carecen de una fuente segura de ingresos.

 

La seguridad social según el artículo 10° de nuestra Constitución, supone el derecho que le asiste a la persona para que la sociedad provea de instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones para ciertos problemas, pretendiendo así una protección para toda la vida del individuo. Una de las prestaciones que brinda la seguridad social son las pensiones.

 

En ese sentido “las pensiones de jubilación son un bien preferente, un bien que el propio Estado impone a los ciudadanos para su propio bien” pero también teniendo en cuenta que “una buena parte de los costos de que un individuo no haya comprado ese bien recae sobre los otros”. Esta es una justificación para que exista un sistema de seguridad social, “explica el derecho del Estado a obligar a la gente a comprar un seguro (ahorrando) pero no a obligarlos a comprárselo al propio Estado”. La pensión es un beneficio monetario que se otorga al trabajador asegurado en alguno de los regímenes existentes (público o privado) ante la ocurrencia de eventualidades como la vejez o invalidez e incluso alcanzando a sus sucesores.

 

Sin embargo, en la actualidad, tanto el régimen de reparto (administrado por el Sistema Nacional de Pensiones - SNP) como el de capitalización individual (administrado por el Sistema Privado de Pensiones - SPP), cuentan con graves problemas en la recaudación de los aportes que debe ser entregada a la entidad que administra cada régimen, en tanto que los empleadores, que actúan como agentes retenedores de dichas cotizaciones, no siempre cumplen con cancelar las mismas, abriendo la posibilidad de futuras contingencias para los representantes de las empresas.

 

Hoy en día, ante el no pago de los aportes previsionales, se tramitan en la vía civil, demandas de obligación de dar suma de dinero en contra de los empleadores, sin embargo otra vía que también se usa es la penal, situación que se torna mucho más delicada debido a que se pone en juego la libertad personal y para el caso que nos ocupa, la de los gerentes.

 

Tanto en el Sistema de Reparto como en el de Cuenta Individual de Capitalización se ha considerado la figura del “apoderamiento de los aportes previsionales” dentro del delito de la apropiación ilícita (artículo 190° del Código Penal); sin embargo, para el caso del régimen de cuenta individual existe una norma que faculta al trabajador, a la AFP y/o SBS a demandar penalmente al empleador. Lo prescribe el artículo 35° del Decreto Supremo N° 054-97-EF el cual establece que “(…) sin perjuicio de las sanciones, multas o intereses moratorios que pudieran recaer sobre el empleador por la demora o el incumplimiento de su obligación de retención y pago, el trabajador, la AFP y/o la Superintendencia pueden accionar penalmente por delito de apropiación ilícita contra los representantes legales del empleador, en el caso de que en forma maliciosa incumplan o cumplan defectuosamente con su obligación de pagar los aportes previsionales retenidos (…)”.

 

De igual manera profundizando la responsabilidad por el no pago de las retenciones previsionales, el artículo 36° del mismo cuerpo normativo consagra que: “A efectos de lo establecido en el artículo precedente, se considera legalmente responsable: a) Al gerente designado conforme a los artículos 185° y siguientes de la Ley General de Sociedades, si el empleador fuera una sociedad anónima. Si el gerente fuera una persona jurídica, la responsabilidad recaerá en quien la represente conforme al artículo 193° de la Ley General de Sociedades (…)”.

 

Estando a lo descrito y al advertirse que las normas en comento determinan idóneamente la validez del ilícito e individualizan a la persona que asumiría la responsabilidad penal, resulta de mucha importancia que los gerentes de las empresas observen un actuar preventivo, de guardia y atento al cumplimiento del pago de sus obligaciones previsionales; de lo contrario, se arriesgarían a ser parte de procesos judiciales que resultan ser extensos y desagradables.

 

  

[1] Es magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo. Asociado de Tuesta & Sedano Abogados. Jefe del Área Previsional de Tuesta & Sedano Abogados: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.