•  Conoce cuales son los retos de la institucionalidad en la región La Libertad para mejorar los niveles de competitividad.

Por: Renato Oliva Otiniano ^[1]

Es innegable que los indicadores de competitividad a nivel mundial han determinado una gama de factores que logran definir si un país es competitivo o no. Dentro de estos factores, la institucionalidad ha sido considerada como aspecto clave para la puesta en marcha de acciones que fortalezcan la competitividad, debido al soporte que brinda, creando un entorno consolidado entre el sector productivo, el Estado y la academia.

La institucionalidad se debe entender, pues, como el conjunto de reglas formales e informales que se ponen en funcionamiento para procesar y priorizar los problemas sociales y, a la vez, enmarcar el contenido y la dinámica administrativa, política y económica de las políticas sociales (Repetto, 2004).

Bajo estas circunstancias, en algunas economías emergentes – como el caso peruano – se han acogido estructuras institucionales que interrelacionan diversos sectores a nivel nacional y lo han extrapolado a sus regiones como mecanismos de fortalecimiento.

Tal es el caso de la región La Libertad, que desde hace más de una década ha venido experimentado un deterioro en calidad institucional: ¡Así de sorprendente!. Sin embargo, existen fake news en redes sociales de algunos medios de comunicación que anuncian y felicitan supuestos avances en pilares de competitividad que nunca mejoraron: todo lo contrario, empeoraron.

¿A qué se debe este deterioro?

• En la Figura 1 se muestra la evolución del Índice Total de Competitividad y del pilar de Instituciones, durante un periodo de nueve años (2013-2022).

• Como se observa han existido periodos en los que, mientras que el ranking del Índice Total de Competitividad Regional (INCORE) empeoraba, el pilar de Instituciones mejoraba (y viceversa). Es decir, mientras la región mejoraba en pilares como el de Entorno Económico, Educación, Infraestructura, Laboral o de Salud, no se evidenciaba un buen desempeño en el pilar de Instituciones.

• A excepción del periodo 2016-2019, en el cual el Índice Total de Competitividad y el pilar de Instituciones siguieron un comportamiento, en tendencia, muy similar.

¿Qué evidencia los resultados del INCORE 2022?

Para el pilar de Instituciones tres hechos alarmantes en la región La Libertad:

• Mala percepción de la gestión pública regional.
• Alto porcentaje de victimización por hechos delictivos.
• Lenta resolución de expedientes judiciales.

¿Cuáles son las causas?

• Tal es así, que el 20.0% de la población urbana de 15 años en adelante fue víctima de algún hecho delictivo.

• Otro factor que influyó y se relaciona directamente con el pilar de Instituciones es el ratio de expedientes resueltos de la carga judicial, según el cual el 31.8% de ellos no han sido solucionados aún, lo cual muestra una severa carencia de eficacia por parte del sistema judicial en la región.

• Pocas plataformas relacionadas a sistemas de gestión de archivos (poca eficiencia del uso de los recursos). Por otra parte, otro de los indicadores que conforman el pilar de Instituciones es el de ejecución de inversión pública, que evidenció que la región solo ejecutó el 66.5% de su presupuesto, del cual la mayor parte corresponde a gasto corriente.

• Bajo nivel de capacidad de gestión de los recursos, especialmente en temas de seguridad y justicia.

Esperemos pues que, en futuros trabajos como el Índice de Competitividad Regional 2023 elaborado por el Instituto Peruana de Economía (IPE), Estudios Prospectivos elaborados por el Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) u otros, existan mejoras relacionadas al pilar de Instituciones.

Retos y avances de la región La Libertad

Según Castilla et al. (2022) esperemos avanzar en cinco ámbitos en tanto se cuente con el liderazgo al más alto nivel y el equipo técnico que aproveche estos cambios:

1. Acelerar el desarrollo de capacidades en las autoridades subnacionales que se vayan a elegir en los próximos comicios sobre la base de un diagnóstico de brechas y la activa participación de SERVIR y el MEF.
2. Optimizar la gobernanza del proceso de descentralización según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y aplicar especialmente los estándares de gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relacionados a la calidad regulatoria con miras a una mayor simplificación administrativa.
3. Ampliar la asistencia técnica, especialmente en el ámbito rural, a las unidades ejecutoras subnacionales.
4. Se requiere implementar sistemas informáticos para formular y evaluar proyectos de inversión pública en línea, a partir de la integración de las bases de datos del INEI, el banco de proyectos del Invierte.pe y el SIAF.

Finalmente, se recomienda continuar con los esfuerzos por hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre todo en los niveles subnacionales donde se presenta el mayor nivel de incumplimiento, a través de la adopción generalizada del gobierno electrónico, en particular, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que permita disminuir los costos de transacción que las instancias públicas les imponen a las personas y empresas.

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^[1] Miembro del Área de Incidencia de la Dirección Académica en Evidencia. Coordinador del Área de Estudios Económicos de la Asociación de Educación e Inclusión Financiera.