• Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) señala los riesgos que se han generado a partir de la emisión del D.S. 001-2022/MTPE.

Trujillo, 16 de marzo de 2022. El Gobierno nuevamente ha emitido una norma D.S. 001-2022/MTP que, por sus inconsistencias, vacíos y vulneración a los principios constitucionales particularmente a los de jerarquía normativa, resulta normando más allá de la Ley de Tercerización, y de lo resuelto por el Tribunal Constitucional al respecto, según la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL).

Es evidente que dicha norma no debió emitirse sin la opinión técnica de los sectores de economía, trabajo y producción y del sector privado, incluyendo la de los propios trabajadores.

El gremio empresarial cuestiona que no se sabe con exactitud cuántas empresas de tercerización hay en el país, a cuántos trabajadores ocupa, cuáles son los sectores que mayoritariamente cuentan con este tipo de contratación o en qué áreas desarrollan su trabajo. De otro lado, al introducir un término como ‘núcleo del negocio’, trasciende la Ley de Tercerización.

Esta norma genera desconcierto, pues no resulta clara y deja un amplio margen de ‘interpretación’ (que no debiera) que permite a autoridades administrativas aplicarla según sus propios conocimientos y opiniones, violando el principio de predictibilidad.

Siendo así, el DS en referencia pone en riesgo cientos de contratos, pues al no tenerse una definición clara, sistémica y coherente, no solo se cuestiona la legitimidad de esta norma, supuestamente reglamentaria de la Ley de Tercerización, sino que, de ser aplicada, se hará con ánimo político y no técnico, afectando a miles de familias peruanas, de acuerdo a la CCLL.

En la práctica, esta norma, contraviniendo un principio básico del derecho de la jerarquía normativa, afecta a los emprendedores que, de buena fe, y al amparo de la ley, tienen empresas legítimamente constituidas, que ahora pueden ser cuestionadas, porque podría interpretarse que cualquier actividad podría resultar dentro de aquellas ‘actividades nucleares’, cuando en la ley no existen restricciones sobre este punto.

En tal sentido, los trabajadores que laboran dentro de empresas que brindan servicios de tercerización corren el riesgo de perder sus empleos o pasar a la informalidad, con todos los nocivos efectos que eso conlleva, de acuerdo a la CCLL.

Asimismo, el gremio empresarial afirma que la citada norma afecta a las empresas, que pueden ver incrementados sus costos de producción, e incluso a las mismas instituciones del Estado que requieren de servicios de terceros para cumplir con sus funciones.

Se está contraviniendo el fin básico de la tercerización, que es una forma de organización empresarial por la cual una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una o más empresas tercerizadoras que le proveen de obras o servicios vinculados o integrados a la misma. Por el contrario, la nueva norma, al restar flexibilidad, expone a los ciudadanos a un nuevo incremento en las tarifas de servicios básicos como luz, agua, telefonía y de muchos otros que son de primera necesidad para miles de familias peruanas.

El error parte de dar por sentado que todas las empresas abusan de los contratos de tercerización en detrimento de los derechos de los emprendedores y los trabajadores; lo cual no se ajusta a la realidad, pero en donde sea el caso, podría ser subsanado mediante una adecuada supervisión y no llegando a los extremos que propone el decreto.

Por todo lo mencionado y teniendo en cuenta que esta norma, emitida en el actual contexto se convierte en un elemento más de inestabilidad económica y social, exhortamos al Gobierno a que tome las medidas correctivas necesarias para no agravar la situación de miles de peruanos.