• Se precisan nuevos aspectos como que el convenio arbitral celebrado con entidades públicas debe identificar a la institución que administrará el arbitraje y la probidad de los árbitros que integren su nómina.

Comprometidos con la lucha contra la corrupción, representantes del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio de La Libertad, informan sobre las nuevas modificaciones que presenta el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual tiene por finalidad modificar la Ley de Contrataciones del Estado.

Este proyecto busca -entre otros aspectos- garantizar que los centros de arbitraje cuenten con profesionales idóneos y probos en sus nóminas de árbitros pues ellos son los encargados de resolver las controversias surgidas en la ejecución de los contratos suscritos entre las empresas y entidades del Estado.

Vickhy Goicochea Lecca, vicepresidenta de la Comisión del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, brindó detalles de las nuevas propuestas elaboradas por el MEF que serán enviadas al Congreso de la República para su eventual aprobación por los parlamentarios.

OSCE. Una de las modificaciones que destacan es que, para desempeñarse como árbitro o como adjudicador en una controversia, se requiere formar parte del listado de árbitros y adjudicadores que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE).

“Con esta nueva disposición los centros de arbitraje deberán remitir su lista de árbitros al OSCE, cumpliendo los requisitos que dispondrá el reglamento de aprobarse el proyecto de ley. De esta relación de árbitros serán elegidos los miembros de los tribunales arbitrales que resolverán las disputas al amparo de la Ley de Contrataciones con el Estado. Con ello, el organismo contará con un nuevo conglomerado de árbitros que le dará un valor adicional a los centros de arbitraje,”, precisó Goicochea Lecca.

PROBIDAD. Hay que precisar que esta nueva disposición -de ser aprobada- garantizará una selección rigurosa y exhaustiva de los árbitros en cada centro de arbitraje, quienes además deberán contar con una formación profesional sólida y moral para evitar que el arbitraje, como mecanismo de solución de controversias, sea fácilmente permeable a actos de corrupción.

IDENTIFICADOS. Otro punto en el proyecto de ley, es la exigencia de que en los contratos que celebren las entidades públicas con sus contratistas se deba precisar con claridad el centro de arbitraje al que someterán sus controversias.

“Antes era opcional y ahora será obligatorio, lo que permitirá que las entidades públicas conozcan cuál es el centro de arbitraje más idóneo y elijan a aquellos que gozan de prestigio y reconocimiento de la sociedad para resolver conflictos”, agregó la vicepresidenta del CCAE.

En el caso del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, estas modificaciones son un punto a favor pues en sus más de 20 años de experiencia y amplio reconocimiento, no ha presentado problemas vinculados a corrupción y ofrece plena garantía de sus árbitros en la resolución de conflictos.

DATO. Las modificaciones se han propuesto en el proyecto de Ley de Contrataciones del Estado bajo Resolución Ministerial N.° 318-2022-EF/54.

La Libertad, 14 de febrero de 2023.